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Los obispos renuevan la Conferencia Episcopal divididos entre partidarios y detractores de Francisco

El arzobispo de Barcelona entra en la plenaria como favorito frente a los candidatos del sector del cardenal Rouco

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, durante su intervencion en la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE en Madrid.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, durante su intervencion en la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE en Madrid.Jaime Villanueva

Apenas veintidós de los 84 obispos españoles en activo han sido elegidos por el papa Francisco, 36 fueron nombrados por Juan Pablo II, y 26 le deben el cargo a Benedicto XVI. Su media de edad supera los 65 años y trece ya han cumplido los 75. En el caso de los cuatro cardenales con mando, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, nació en 1942; los prelados de Madrid, Carlos Osoro, y de Valencia, Antonio Cañizares, cumplen 75 a lo largo de 2020, y el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, tendrá 74 años en abril. Con esas mimbres se reúne esta semana la asamblea plenaria episcopal para renovar todos sus cargos (una treintena), a excepción del portavoz y secretario general, que ostenta desde 2018 el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, con un mandato de cinco años. La plenaria arranca este lunes con el discurso inaugural del presidente y las primeras votaciones de tanteo. Es probable que en la noche del martes se conozca el nombre del nuevo presidente, a más tardar el miércoles al mediodía.

Esto es lo que suele ocurrir en la CEE, donde se vota sin candidatos previos aunque sí con prelados señalados de antemano por el cargo que desempeñan o por su prestigio. De hecho, de los diez presidentes de la CEE en los 54 años de existencia de un organismo creado por el concilio Vaticano II, cuatro fueron elegidos cuando ya eran cardenales (Fernando Quiroga, Vicente Enrique y Tarancón, Ángel Suquía y Antonio María Rouco); tres eran arzobispos (Casimiro Morcillo en Madrid, Gabino Díaz Merchán en Oviedo, y Elías Yanes en Zaragoza), y uno era solo obispo, Blázquez en Bilbao, hecho cardenal más tarde.

Con esos precedentes, cabría pensar que el cardenal Osoro entra a la plenaria con posibilidades de liderar al episcopado. Lo han hecho todos sus predecesores en la archidiócesis de Madrid (Morcillo, Tarancón, Suquía y Rouco), pero el cardenal cántabro no está en los pronósticos. Predilecto de Francisco, que lo señaló como su hombre para desarrollar en España la primavera eclesial que anuncia el pontífice argentino, contra el dialogante Osoro se alzan las fidelidades de los prelados nombrados por los papas anteriores, en su mayoría muy conservadores, y el rechazo del poderoso cardenal Rouco.

Tampoco es segura la elección del cardenal de Barcelona, Juan José Omella, nacido en Cretas, Teruel, en 1946. Fue elegido por Francisco para ese cargo después de varios intentos de designar a prelados catalanes, contra los que el Gobierno que presidía Mariano Rajoy impuso vetos indisimulados. Hacía uso de las prerrogativas que conceden al Ejecutivo los Acuerdos pactados entre España y el Estado vaticano en sustitución del Concordato franquista de 1953, es decir, la posibilidad de oponer contra los candidatos del Papa “objeciones de índole política general”. Aunque lo pactado dice que el Papa puede no hacer caso a esas objeciones lo cierto es que el turolense Omella, hasta entonces obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, terminó elevado al arzobispado de Barcelona, en noviembre de 2015, y poco después hecho cardenal. Fue recibido con desprecio por la Generalitat y por los grupos católicos independentistas, y ahora es señalado como el candidato del Gobierno, lo que no parece una buena carta de presentación ante un episcopado abiertamente crítico con el Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez. Tampoco le ayuda el hecho de que hasta ahora ningún prelado catalán ha sido presidente de la CEE, pese a haberlo deseado durante sus largos mandatos los cardenales Narciso Jubany y Lluís Martínez Sistach.

Suele decirse que el Vaticano vota en las asambleas episcopales, a través de sus influencias. No es lo que ocurre ahora. Por motivos que nunca se han aclarado, Francisco renunció a sustituir al nuncio (embajador) del Vaticano en Madrid por un diplomático afín, lo que permitió al arzobispo Renzo Fratini maquinar nombramientos a su gusto, o retrasarlos. Incluso aprovechó su renuncia, el verano pasado, para hacer unas explosivas declaraciones contra la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco. Lo cierto es que el Papa mantiene vacantes varias diócesis y tampoco ha sustituido a prelados que le han presentado la renuncia, entre otros los arzobispos de Burgos y Zaragoza. El nuevo nuncio, el filipino Bernardito Auza, tomó posesión la pasada Navidad, sin tiempo para arbitrar medidas y nombramientos con que influir en la plenaria que se inicia este lunes.

La consecuencia es que el cardenal emérito Antonio María Rouco, líder episcopal indiscutible durante doce años, sigue teniendo una gran influencia, pese a no tener voto, y señala como candidatos con posibilidades a algunos de sus preferidos, como el arzobispo de Oviedo, el franciscano Jesús Sanz (65 años), y el obispo de Bilbao, Mario Iceta (54). También tiene posibilidades el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, que fue vicepresidente en uno de los trienios de Rouco y lo sigue siendo ahora con Blázquez. Miembro de la Curia (Gobierno) con Benedicto XVI, Cañizares dejó Roma cuando fue elegido Francisco, para asumir el pontificado en Valencia.

Una legislatura incierta

Los mandatos episcopales duran cuatro años desde la reforma, en 2019, de los estatutos de la CEE. En teoría, es una legislatura paralela a la de un Gobierno que ha prometido reformas que afectarán a la Iglesia romana. No derogará los Acuerdos firmados en el Vaticano a la muerte de Franco, pese a llevarlo en sus programas tanto el PSOE como Unidas Podemos, pero va a suprimir algunos privilegios de los obispos, en primer lugar los fiscales, y también revisará las decenas de miles de inmatriculaciones realizadas en muchas diócesis con un afán de riqueza que contradice los mensajes del papa Francisco. Muchos prelados reclaman una actitud más combativa ante el Gobierno, pero el desprestigio del catolicismo oficial, a causa sobre todo de los escándalos de pederastia, les resta el poder que exhibieron contra los Ejecutivos socialistas anteriores, con el cardenal Rouco al mando.

 

Otro tema es el dinero. “No fue con un cheque del banco del César con lo que Jesús envió a sus apóstoles a anunciar el reino de Dios”, clamó el teólogo Lamennais. La CEE acaba de exhibir euforia porque este año Hacienda les dará 284 millones por las equis marcadas en la casilla de la Iglesia católica en el IRPF. La realidad es que cada año descienden los porcentajes de los declarantes católicos, ahora el 32,32% del total, 2,88 puntos menos que en 2015, y ello pese a que los católicos no ponen un euro de su bolsillo (“Ni pagas más ni te devuelven menos”, les anima la propaganda episcopal).

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