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Laura Luelmo y el horror que habitaba en la casa de enfrente

La clave del caso será demostrar que Bernardo Montoya secuestró y mató a la joven, cuyo cadáver se halló hoy hace un año, por un móvil sexual, aunque él alegue impotencia

Bernardo Montoya, a su llegada a los juzgados de Valverde del Camino (Huelva) el 21 de diciembre de 2018. En vídeo, relato de los hechos por parte de la Guardia Civil el 26 de diciembre de 2018.Foto: atlas
Jesús A. Cañas

Pablo no puede evitar sentir escalofríos cuando, de noche, pasa justo por delante de la puerta de la casa en la que supuestamente Bernardo Montoya agredió sexualmente y acabó con la vida de la profesora Laura Luelmo hace un año. “Es una casa maldita, es muy desagradable verla con los precintos policiales pasados por el tiempo”, explica con voz apesadumbrada y bajo nombre ficticio uno de los vecinos de la calle Córdoba, en el pueblecito onubense de El Campillo, donde la mujer de 26 años encontró la muerte apenas tres días después de mudarse.

El lugareño habla del número 1 de la misma vía, la deteriorada casa en la que vivía Montoya, un exconvicto que había pasado 22 años en prisión —de los 50 que tenía entonces— por múltiples delitos, incluido el asesinato. Ahora en la cárcel de Sevilla II (Morón de la Frontera), el presunto asesino de Luelmo ha sumado un año más a la sombra, en este caso como recluso preventivo a la espera de un juicio que puede tardar aún hasta un año más en celebrarse, y en el que el delincuente se jugará ser condenado a prisión permanente revisable.

La desaparición de la joven y el posterior hallazgo del cadáver, este martes hace justo un año, estremeció a España. El caso se encuentra aún en fase de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino (Huelva), enfrascado en diversos informes periciales, como explica la Fiscalía de Huelva. Estas pruebas serán claves para fijar lo que ocurrió entre la tarde del 12 de diciembre de 2018, cuando desapareció Luelmo, y el 17, cuando su cuerpo apareció semidesnudo en Las Mimbreras, un paraje cercano a El Campillo. La primera autopsia estableció la muerte entre los días 14 y 15, aunque la Guardia Civil sostuvo que la agresión y el fallecimiento de la joven se produjeron el mismo día de la desaparición.

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Más allá de ese desfase horario, la clave del juicio estará en demostrar que Montoya secuestró y mató a Luelmo con el fin de agredirla sexualmente. El informe forense habla de lesiones “compatibles” con un ataque de estas características, aunque no ha revelado la presencia de semen, según asegura el abogado del detenido, Miguel Rivera, y confirman otras fuentes cercanas al caso a EL PAÍS. El letrado intentará demostrar que su cliente no llegó a violar a la joven porque “no pudo”. Incluso el pasado mes de septiembre, el supuesto asesino fue sometido a una ecografía y una analítica de sangre, a petición de la defensa, para demostrar su impotencia.

Esta estrategia no socava la argumentación de la Fiscalía. “La agresión sexual conectada con el asesinato permite, de por sí, solicitar la prisión permanente revisable”, avanzan desde el Ministerio Público en Huelva. El caso de Luelmo tiene dos precedentes que fueron aún más complejos judicialmente: el de la niña Mari Luz, en 2008, cuyo asesino fue condenado por abusos, y el de Diana Quer, en el que el jurado acaba de considerar probada la agresión sexual de José Enrique Abuín Gey, El Chicle, pese a la ausencia de pruebas claras en ambos cadáveres.

La clave será, por tanto, demostrar que aquel 12 de diciembre Montoya secuestró a Luelmo, justo cuando esta regresaba de hacer la compra, con un móvil sexual. Los investigadores creen que, ya en la casa del acusado, este forcejeó con ella hasta golpearle fatalmente la cabeza contra el suelo, en donde aparecieron rastros de sangre. Luego, el hombre se deshizo del cadáver en Las Mimbreras. Tiró la manta en la que lo envolvió en el camino a este paraje y algunos objetos personales de la joven en un contenedor cercano al cementerio. El móvil de la víctima nunca apareció.

Montoya no ha corroborado estos hechos en sus declaraciones, rehechas hasta en cuatro ocasiones. En una primera ocasión reconoció haberla matado, pero con aparentes mentiras para eludir la acusación de agresión sexual. Luego introdujo en escena a Josefa, una expareja sentimental suya que, según él, fue quien asesinó a la joven por celos. “Cambió tantas veces de versión por encubrir a Josefa”, asegura Rivera como excusa para su defendido. Aunque figura como investigada, la propia aludida continúa en libertad y sin medidas cautelares, tras defender su inocencia el pasado mes de mayo ante la jueza que instruye el caso.

El enésimo relato de lo que ocurrió —en el que volvió a incriminar a su expareja— lo dio por videoconferencia el 4 de abril desde la prisión de Sevilla II. En esta cárcel, el que ya fuera condenado por asesinar a una anciana de Cortegana en 1995 pasa los días con aparente calma. “Está adaptado a su vida en prisión, como para no estarlo”, aseguran fuentes cercanas a la institución. Allí recibe visitas de su padre, su hermano y su abogado, que denuncia que está sometido a un régimen de aislamiento tan duro que “su salud mental se está resintiendo”.

Mutismo de la familia

La verborrea del supuesto asesino para cambiar su relato contrasta con el mutismo absoluto de la familia Luelmo. Desde el primer momento, los progenitores de la joven decidieron mantenerse al margen. Ahora ni siquiera Francisco Luelmo, familiar de la fallecida y abogado de la acusación, hace declaraciones a los medios. Los allegados de la profesora solo han roto dos veces su silencio: a los pocos días del asesinato para pedir que acabase “el espectáculo mediático” levantado, y en una carta a las Cortes de Castilla y León en la que criticaron que el Estado había “fracasado estrepitosamente al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física” de su hija.

Mientras, entre paisajes mineros rojizos y verdes frutales, la vida sigue calma en El Campillo y Nerva, el cercano pueblo en el que la joven dio clases de dibujo en el instituto público Vázquez Díaz apenas tres días. Les cuesta olvidar lo vivido. “Sentimos muchísima empatía y dolor por esta chica y su familia”, explica Pablo. Por eso, en el pueblo donde tuvo su fugaz residencia, hace unos días bautizaron el centro multifuncional desde el que se coordinaron las labores de búsqueda con el nombre de la joven. A escasos metros de allí, como una metáfora del bien y del mal, la blanca fachada de la que fue la casa alquilada de Luelmo —en la calle Córdoba 13— continúa contrastando con la decrepitud de aquella guarida, justo enfrente, en la que esa fría tarde de diciembre encontró la muerte una joven profesora, ilusionada con su primer trabajo.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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