Los gigantes del campo brasileño quieren salvar la Amazonia (y su negocio)

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Las mil batallas por la tierra que incendian Amazonía

Fue una acción del activismo más clásico en el centro de São Paulo. Simularon ocupar ilegalmente un pequeño parque de frondosos árboles en la avenida Paulista, la principal de la ciudad más poblada de América Latina. E invitaron a la ciudadanía a escribir al ministro de Justicia y a la fiscal general del Estado para exigirles mayores esfuerzos en combatir el robo de tierras públicas en la Amazonia porque detrás suelen venir la deforestación ilegal, los incendios y la explotación económica al margen de las normas. Entre los convocantes de la protesta, el jueves pasado, había dos ONG, pero también —y esto es lo llamativo— la Asociación Brasileña del Agronegocio (ABAG), que reúne a las principales empresas del sector, y otros once grupos de la industria. Sí, los mismos que durante años fueron señalados como uno de los motores de la destrucción de la naturaleza en Brasil. También la industria agropecuaria está preocupada por la política ambiental y la retórica del presidente, Jair Bolsonaro, porque amenazan el pulmón del mundo y sus negocios.

Industria y ambientalistas pretenden desmontar la idea, muy arraigada aquí, de que la preservación ambiental es un freno al desarrollo económico. Una tesis que el jefe del Estado ha defendido a menudo como si ambos fueran incompatibles.

El director de la asociación de la industria del agro ABAG, Marcello Brito, lo explicaba así hace unos días al presentar la campaña conjunta con Imazon y con el Instituto de Investigación de la Amazonia (IPAM), dos ONG de defensa ambiental: “Estamos en contra de la deforestación, del robo de tierras porque esto ataca el valor natural de cualquier producto brasileño, e indirectamente ataca a la economía de Brasil”. Y fue más allá al criticar que “por peleas políticas o cuestiones ideológicas perdamos el foco principal, que es el desarrollo de Brasil".

Brito afirma que, pese a los anuncios de H&M y otras empresas de que dejan de comprar cuero por los incendios amazónicos, “no se ha anulado ningún contrato”. Pero sí recalca que la luz de alarma está parpadeando furiosamente y que las autoridades deben asegurarse de preservar la Amazonia y de que se cumple la ley. Por eso reclaman el fin de la deforestación ilegal en tierras públicas y que el Estado designe un uso a los 650.000 kilómetros cuadrados (mayor que España) sin asignar porque eso las convierte en presa fácil de los invasores ilegales. Los incendios de este agosto, que desataron durísimas críticas internacionales a Bolsonaro, han quemado 30.000 kilómetros cuadrados, cuatro veces más que en el mismo mes del año pasado.

Buena parte de los empresarios brasileños del agro, motor de las exportaciones, son cada vez más conscientes de que no solo sus ventas actuales a una clientela preocupada por el cambio climático, sino la supervivencia a largo plazo de sus negocios dependen de que la Amazonia siga en pie y con buena salud. Porque el mayor bosque tropical del mundo es clave para regular las lluvias necesarias en el resto de Brasil imprescindibles para lograr las generosas cosechas que lo han convertido en una de las potencias agrícolas del planeta.

Los empresarios tienen a su favor que no generan el rechazo que las ONG suscitan en el presidente, que las ha llegado a acusar de causar los fuegos en la Amazonia. La profesora de Desarrollo Internacional en la London School of Economics Kathryn Hochstetler destaca que “el agronegocio brasileño es especialmente importante como una voz en favor de la protección ambiental porque el Gobierno actual no está interesado en escuchar a ambientalistas más convencionales o a la mayoría de los actores internacionales. Pero escuchará al agronegocio porque es una parte importante de su base electoral”. Fueron ellos los que convencieron a Bolsonaro de que no dejara el Acuerdo de París porque ahuyentaría clientes.

Paulo Adario, uno de los fundadores de Greenpeace en Brasil, alaba que “cada vez más compañías incluyan la protección ambiental en los planes de negocio” pero aclara que, a su juicio, lo hacen por interés económico, no porque se hayan convertido de repente en ambientalistas. Pero las acusa de usar un doble rasero porque su interés en preservar la Amazonia contrasta con su actitud en otras zonas de Brasil, donde la protección legal de la naturaleza es mucho menor.

Asesinado un inspector de la Funai

Un veterano funcionario de la Funai, la agencia pública brasileña Fundación Nacional del Indígena, fue asesinado el viernes en una especie de ejecución en un rincón remoto de la Amazonia. Al indígena Maxciel Pereira dos Santos le pegaron dos tiros en la cabeza mientras conducía una moto en Tabatinga, en la frontera con Colombia y Perú. Durante 12 años fue vigilante e inspector de la Funai en el valle de Javari, donde la oficina de la agencia ha sido reiteradamente atacada.

El sindicato de empleados de la Funai, que informó del asesinato de Santos, sostiene que fue en represalia por su trabajo contra las invasiones ilegales de cazadores, madereros y mineros en esa área, que acoge la mayor concentración de tribus aisladas del mundo.

Brasil es uno de los países más peligrosos del mundo para los ecologistas y América Latina, la peor región en ese apartado. El año pasado pasó a ser el segundo más mortífero con 20 asesinados porque en Colombia mataron a 24 activistas ambientales.