En libertad tras declarar el exnovio de la mujer que se suicidó por la difusión de un vídeo sexual
Los agentes, que consideraban al hombre el principal sospechoso de la propagación de las grabaciones, le han tomado testimonio después de que se entregara
Cuando la Policía Nacional comenzó el sábado a investigar el suicidio de V. R. tras la difusión de varios vídeos sexuales en los que ella aparecía, situó como principal sospechoso a una expareja de la fallecida. Este hombre se entregó este jueves a las cuatro de la tarde, en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, una localidad al este de Madrid. Tras ser trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Madrid para ser interrogado, el sospechoso quedó en libertad sin cargos. En su declaración, negó ser el autor de la difusión del vídeo.
Según detallan fuentes policiales, los agentes no hallaron en su testimonio elementos suficientes para ponerle a disposición judicial, por lo que decidieron su puesta en libertad. No obstante, el acta de su declaración será enviada al juez para que valore su contenido y decida si lo cita para tomarle testimonio en sede judicial. La policía continuará con las pesquisas.
Los archivos con los vídeos —cinco, según fuentes cercanas al caso— provocaron en la mujer, de 32 años, una situación de “presión” y “angustia”. Esas mismas fuentes apuntan a “muchas” semanas soportando el acoso y las humillaciones por esas imágenes, grabadas hace cinco años, y que acabaron en los móviles de compañeros y compañeras de trabajo, en la planta de automóviles Iveco de San Blas-Canillejas, en Madrid.
Suscitaron comentarios, bromas, miradas, risas, cuchicheos y silencios que la semana pasada se multiplicaron. La cuñada de la mujer fallecida, que trabajaba en la misma empresa, acabó por enterarse. El marido de V. R., también. La situación que generó precipitó el sábado su suicidio en su casa, en Alcalá de Henares, al noreste de Madrid.
Este jueves, el Juzgado de Instrucción 5 de Alcalá de Henares abrió “diligencias previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.7 del Código Penal)”, después de que la policía le remitiera el atestado con las pesquisas realizadas hasta este momento. El miércoles, la Fiscalía también abrió diligencias para determinar si hay hechos constitutivos de delito, y la Agencia Española de Protección de Datos inició actuaciones de oficio.
En la empresa de la fallecida, con una plantilla de alrededor de 2.500 trabajadores, las versiones sobre qué ocurrió y cómo son dispares. Un empleado apuntaba: “Aquí cada uno dirá lo que sabe, si no sabe, lo que cree, y si no, lo que ha oído. La única verdad es que eso corrió por algunos móviles, no se sabe por cuántos, y que la última semana sí que hubo corrillos y se extendió más la historia”. Otro trabajador, veterano, decía que “es imposible” que todos conocieran los hechos: “Somos muchísimos y este sitio es enorme. Muchos se enteraron el lunes, cuando ya había ocurrido todo”.
V. R. era una de las más de 500 empleadas de la plantilla de Iveco en Madrid, que tiene un 23% de mujeres. Comenzó siendo carretillera y después pasó a la sección de ejes y puentes, donde estaba desde hacía años. Era madre de un bebé que aún no ha cumplido un año y de un niño de cuatro. Desde el lunes, los empleados de Iveco se han pronunciado a través de distintos medios y con distintas voces para dar el pésame a la familia y amigos, para declarar que, en mayor o menor medida, “la responsabilidad es de todos”, y para pedir que no se generalice en el relato, que no todos son “culpables” ni todos son “cómplices”.
Olvido Hormigos y el cambio en el Código Penal
El 5 de septiembre de 2012, la localidad toledana de Los Yébenes estaba invadida por periodistas, cámaras y micrófonos. Iba a tener lugar el pleno del Ayuntamiento en el que una de sus ediles, la socialista Olvido Hormigos, iba a dimitir por un vídeo íntimo que, según ella misma contó, "en dos horas había visto todo el pueblo". No lo hizo. "Hay cosas mucho peores en política, y al fin y al cabo, lo que yo he hecho no es ningún delito. ¿En qué he perjudicado yo a nadie? Soy una víctima". Aquello precipitó un cambio en el Código Penal y el Gobierno anunció entonces un nuevo artículo en la legislación para castigar la "divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, incluso si se han obtenido con consentimiento de la víctima". Ese nuevo artículo, el 197.7, entró en vigor el 1 de julio de 2015.
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