El Gobierno reforzará cuarteles rurales para frenar la despoblación
El Ejecutivo aprueba este viernes un plan director con 70 medidas para combatir un fenómeno que provoca abandonos de los pueblos a niveles de los años 50 y 60
La despoblación que afecta al interior de España supone una amenaza estratégica a la sostenibilidad de los servicios públicos, la cohesión territorial y el modelo autonómico. Tras nueve meses de trabajos, el Consejo de Ministros aprobará hoy, a menos de un mes de unas elecciones en las que el voto rural será clave, 70 medidas en las que se han implicado todos los ministerios para combatir la dispersión y envejecimiento que asola a gran parte de España.
Entre esas medidas, destaca una novedosa: reforzar las bases y acuartelamientos de Defensa en el medio rural, lejos de los centros urbanos donde se concentran la mayoría de estas instalaciones, como una forma de recuperar zonas que están quedando abandonadas porque los jóvenes y en especial las mujeres se van de los pueblos. Defensa, explican en el Gobierno, tiene muchas instalaciones por todo el territorio infrautilizadas, y podrían dinamizar las zonas despobladas no solo por su concentración de trabajo sino también porque podrían llevar consigo redes de Internet y todo tipo de servicios que faltan en los pueblos. Según los cálculos del Ejecutivo, este plan podría afectar a unos 200 emplazamientos de Defensa en más de 50 zonas rurales.
El plan, que está previsto desarrollar en varios años aunque se presente en periodo preelectoral, tiene otras medidas como forzar a las operadoras privadas a cumplir con su compromiso de instalar 30 megas en el 90% de los núcleos de menos de 5.000 habitantes antes de enero de 2020. Estas empresas están obligadas a cubrir al menos el 85% de esos municipios en cada una de las comunidades autónomas.
También habrá un plan de inversiones, líneas de créditos ICO y ayudas específicas al emprendimiento y empleo de jóvenes en los municipios de riesgo demográfico. El plan, cuya aprobación confirmó el lunes Pedro Sánchez, ha sido dirigido por Isaura Leal, que hasta la semana pasada era comisionada frente al reto demográfico, puesto que acaba de abandonar porque va en las listas al Congreso del PSOE por Madrid.
Los datos sobre los que se han elaborado las medidas son elocuentes: el 53% del territorio español tiene una densidad de población por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que para la Unión Europea es baja densidad y riesgo de despoblación. Si se va a los datos no por territorio sino por pueblos, se ve aún con más claridad las dimensiones del problema. Un 48% de los municipios españoles están por debajo de ese nivel de densidad, muchos de ellos con una población testimonial salvo en la época estival. Y la enorme mayoría pierde habitantes cada año mientras las grandes ciudades crecen.
La pérdida de población en la última década es generalizada en las localidades de 50.000 o menos habitantes y coincide con los efectos más crudos de la Gran Recesión. Se trata de un problema, señalan en el Gobierno, que no atañe solo a los municipios pequeños sino que hace tiempo se extendió a poblaciones intermedias y cabeceras de comarca.
Uno de los datos que más preocupación ha provocado a los autores del plan del Gobierno es que el 63% de las ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes han perdido población en la última década. Sin centros urbanos cerca en los que haya servicios esenciales, la despoblación de los municipios pequeños es aún más acelerada. El porcentaje aumenta cuando disminuye el tamaño: el 70% de las localidades con una población de 5.000 a 20.000 personas; el 78% en los municipios de 1.000 a 5.000 habitantes y el 87% en los de menos de 1.000.
El asunto de la España vacía es clave en estas elecciones, que se deciden en buena parte en los 99 escaños que reparten las provincias de tres, cuatro y cinco escaños, las menos pobladas. Y cada vez tiene más peso político. Este domingo, solo dos días después de la aprobación del plan, se ha convocado una manifestación que reivindicará en las calles de Madrid unos servicios públicos de calidad y la garantía de empleos dignos en estas zonas despobladas.
La aprobación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico es la respuesta del Ejecutivo a la concentración del 90% de la población en el 30% del territorio. El reparto es tan descompensado, con más de 42 millones de habitantes en Madrid y el litoral —salvo excepciones contadas como Zaragoza y Valladolid— mientras 4,6 millones se reparte por el 70% restante del interior del país.
Todos los ministerios se han implicado en el plan, sin precedentes en España. Uno de ellos es Justicia. El Gobierno plantea el mantenimiento y reforzamiento de la plantilla de funcionarios judiciales como una fórmula para frenar la migración de habitantes a las grandes ciudades. Hay otros planes que afectan a funcionarios públicos como profesores, veterinarios, o fuerzas de seguridad con la intención de vincularlos a estas zonas despobladas, además de proyectos de rehabilitación de vivienda en zonas rurales y una gran plataforma para unificar toda la oferta de turismo rural para que puedan acceder los grandes operadores.
