Un pacto entre generaciones
La Corte Suprema ordena al Gobierno detener la deforestación de la Amazonia
Colombia vivió hace un año un inédito juicio en el que 25 niños, niñas y jóvenes -acompañados por el centro de pensamiento Dejusticia- demandaron al Estado por no garantizar sus derechos a la vida y al medio ambiente. El tribunal falló a su favor y advirtió de que la deforestación en el llamado pulmón del mundo provoca “un perjuicio inminente y grave para todos los colombianos, para las generaciones presentes y futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, y altera el recurso hídrico”. También reconoció a la Amazonía colombiana como una “entidad sujeto de derechos”, del mismo modo que lo había hecho un año antes la Corte Constitucional con el río Atrato.
El caso es está fundado en los derechos de las generaciones futuras, que sufrirían los peores efectos del fenómeno, destaca César Rodríguez Garavito, investigador de Dejusticia y abogado de la acción. El fallo, que se une a la tendencia mundial de litigios para actuar más rápidamente en este frente, ordena construir un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano”, con la participación de los demandantes, las comunidades afectadas, y organizaciones científicas y de investigación.
En el marco del acuerdo de París, el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) selló, entre otras, una alianza con Noruega, el principal cooperante en asuntos ambientales, para proteger las selvas, y se proponía detener completamente la pérdida de los bosques en el Amazonas en 2020.
Pero las señales no invitan al optimismo. Por un lado persisten los preocupantes reportes de que la deforestación ha aumentado tras la firma del acuerdo de paz a finales de 2016. Y, por otro, con la llegada a la presidencia de Iván Duque el pasado 7 de agosto, las acciones han perdido impulso. “En los últimos seis meses ha sido claro que este Gobierno está intentando retroceder en el esfuerzo contra la deforestación”, valora Rodríguez.
El Plan Nacional de Desarrollo propone mantener la deforestación al nivel de 2017 (unas 220.000 hectáreas), lo que ya era un aumento muy considerable en relación con los años anteriores, advierte.”"Eso claramente contradice tanto el compromiso internacional que asumió el Estado como lo ordenado en la sentencia”.
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