Portugal declara el 7 de marzo Día de Luto contra la Violencia Doméstica
Alarma por el aumento del número de víctimas en este comienzo de año
Portugal ha declarado día de luto el 7 de marzo Día de Luto contra la Violencia Doméstica, una lacra que ha aumentado en el país en los últimos años y, sobre todo, en este comienzo de 2019. En dos meses ya han muerto diez mujeres y un niño. Cerca de medio centenar de personas han sido detenidas relacionadas con delitos machistas.
"La violencia doméstica constituye una realidad social intolerable e inadmisible en un país desarrollado”, reza el comunicado del Consejo de Ministros que ha aprobado el día de recuerdo, “exigiendo una acción determinada y la congregación de esfuerzos de toda la sociedad para defender, de forma intransigente, la integridad y dignidad de las mujeres. En este combate es fundamental contrariar la banalización y la indiferencia, homenajeando a las víctimas y a sus familias y asegurando la concienciación de esta tragedia”.
La ministra de Presidencia Vieira da Silva recordó que en 15 años 500 mujeres han muerto en Portugal por violencia de género. La ministra anunció la creación de un equipo técnico multidisciplinar, coordinado por el Fiscal de la República, Rui do Carmo, coordinador del equipo de Análisis Retrospectivo de Homicidios en Violencia Doméstica. El equipo tendrá tres meses para proponer mejoras en la protección de la víctima en las 72 horas siguientes a la presentación de la queja.
La decisión del Gobierno llega días después de más detenciones por delitos relacionados con la violencia sobre las mujeres y con decisiones judiciales polémicas. El juez Neto de Moura –famoso por justificar la violencia contra una mujer por haber sido infiel y que fue recientemente amonestado por ello– ha vuelto a saltar a la luz pública por retirar la pulsera electrónica a un hombre que, pocos días después, dejó a su esposa sorda de los golpes que le dio.
En este caso, Neto de Moura no será recriminado por el Consejo Judicial, ya que la ley prohíbe colocar pulseras electrónicas a las personas, incluso condenadas, si estas no lo permiten, como fue el caso. El Gobierno y los grupos parlamentarios han anunciado que revisarán la legislación sobre estos delitos de género para evitar lagunas como el de las pulseras.
