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Una juez investiga al presidente de los médicos de Melilla por la muerte de una paciente

Francisca Gutiérrez falleció tras sufrir una reacción alérgica al contraste de un TAC prescrito por Benazzouz, que ignoró los avisos de la historia clínica

Francisca Gutiérrez —la “abuela Paqui”, como la llamaban sus ocho nietos— murió por un recuadro en blanco. Tras una noche ingresada en el Hospital Comarcal de Melilla, y antes de darle el alta, los médicos quisieron hacerle un TAC para descartar problemas en un riñón. Pero el recuadro de las alergias, vacío, no alertó de su hipersensibilidad al contraste yodado. Se lo inyectaron y sufrió una reacción. Empezó a ahogarse. Se descompensó. Era la mañana del 10 de junio de 2014. Luego pasó 35 días en estado crítico en la UCI hasta que murió por las complicaciones sufridas.

Mohamed Benazzouz, presidente del Colegio de Médicos de Melilla desde el pasado mes de enero, fue el médico que dejó en blanco el recuadro de las alergias. Él y otros cuatro profesionales del hospital se enfrentan ahora a una investigación por “homicidio por imprudencia profesional”, según el escrito de la Fiscalía. Una juez investiga el caso, que está todavía en fase de instrucción. 

La historia clínica de Francisca recogía al menos en dos ocasiones su hipersensibilidad al contraste. "No se entiende, ni entra en cabeza humana, cómo a una persona que tiene constatada una alergia [...] se le aplique dicho contraste a sabiendas del efecto pernicioso que puede tener", resume el ministerio público.

Benazzouz, médico intensivista que aquella mañana trabajaba en urgencias, alega que en su posición era casi imposible saber que Francisca era alérgica. "Cuando empecé el turno aquella mañana, ella ya estaba ingresada. No constaba la alergia en ningún expediente. Ella tampoco dijo nada. Luego supe que la última anotación que había sobre ello en la historia clínica databa de 2005", se justifica.

Para la familia de Francisca, no hay excusa posible. "Mi madre no tenía muy buena salud. Era diabética, había sufrido más de un ictus y tenía otros achaques. Le habían hecho muchas pruebas", explica Marina, su hija. "Aquel día, además, no se encontraba bien. Había ingresado al hospital con vómitos y dolor en el costado. Había dormido mal. Tenía 59 años. ¿Qué querían, que tuviera la cabeza clara para que ellos ni siquiera se preocuparan de revisar su historia clínica?", se queja amargamente.

Los hospitales prevén varios mecanismos para identificar alergias y prevenir sus consecuencias. En el caso de los contrastes yodados, que permiten obtener imágenes nítidas del interior del organismo, "del 5% al 8% de pacientes que los reciben experimentan algún tipo de reacción adversa", según un informe del Instituto de Medicina Legal de Melilla incluido en el sumario del caso. En el 99% de las ocasiones, esta reacción es "leve", pero en el resto, las complicaciones pueden ser muy graves y hasta letales. 

Para evitarlo, los centros sanitarios preguntan en el momento del triaje (a la llegada a urgencias) si el enfermo sufre alergias; algo que la familia de Francisca dice que no se hizo. En caso de respuesta afirmativa, le es implantada una pulsera que alerta de ello. Si el paciente no lo cuenta (porque no lo recuerda o no es consciente de ello), la historia clínica sirve a los facultativos de fuente de información. Por último, antes de la realización del TAC, el consentimiento informado por escrito es el penúltimo eslabón de seguridad, que se refuerza con una última comunicación verbal por parte del técnico que va a hacer la prueba. Los implicados en el caso alegan que Francisca tampoco dijo nada en ese momento.

Para el fiscal, sin embargo, el hospital falló a la hora de minimizar riesgos. "No consta que la paciente diera su consentimiento por escrito a la práctica de la prueba", escribe, ante de censurar que "el hospital se limite a decir que la paciente fue informada de ella verbalmente".

Los informes incluidos en el sumario del caso y recogidos por el fiscal detallan lo ocurrido después de la prueba: "Al salir del servicio de Radiología, [la paciente] empezó a presentar síntomas de insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica y deterioro progresivo", recogen los documentos. "Su estado fue empeorando progresivamente, presentando finalmente un fracaso multiorgánico que causó su fallecimiento", sigue el texto.

Un escrito del Instituto de Medicina Legal de Melilla considera que "sin duda, existe algún nexo de causalidad entre la administración del medio de contraste radiológico [...] y la aparición de complicaciones que condujeron al desenlace final".

Para la familia, otra muestra del mal funcionamiento del hospital es que, a pesar del empeoramiento del estado de Francisca tras el TAC, el centro tardara días vincular la prueba con el deterioro. "Hablando sobre el estado de mi madre, le dijimos al jefe de la UCI que era alérgica al contraste. Él entonces ató cabos", lamenta la hija de la fallecida.

En una grabación facilitada a este diario por la familia —un fragmento de la cual puede oírse en esta información—, se oye al jefe de la UCI, Francisco León, explicar que ha hecho indagaciones por su cuenta y que no tiene ninguna duda de lo ocurrido. "Lo que ha pasado es que se le ha puesto un contraste y esto ha desencadenado su empeoramiento", afirma el médico en la reproducción.

La familia ha reprochado posteriormente a León haber cambiado su versión en sede judicial. Preguntado por este diario, el facultativo lo niega. "Yo lo que he declarado es que entonces estaba 100% convencido de que el contraste había sido la única causa. Pero luego, al ir completando la información sobre la paciente, no puedo afirmar que esté seguro de que solo haya sido el contraste", explica el facultativo.

Una instrucción compleja

La investigación sobre la muerte de Francisca Gutiérrez, para "desesperación" de la familia, se encuentra aún en instrucción en el juzgado de primera instancia 2 de Melilla, donde no ha tenido una tramitación fluida. La juez del caso el pasado 12 de febrero de 2018 el "sobreseimiento provisional" de la causa ya que, según su escrito, "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito".

Esta decisión fue muy contestada desde el primer momento por los familiares de Francisca, que presentaron un recurso de reforma con el que han logrado, con el mismo criterio que la Fiscalía, que las investigaciones sigan en marcha por "homicidio por imprudencia profesional".

La familia también ha presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial acusando a la juez de cerrar el caso "por su propio interés estadístico". "Es mucha casualidad que diera carpetazo a este asunto de forma tan apresurada junto con otras causas distintas en la misma fecha en que los juzgados de Melilla recibían la inspección del Tribunal Superior de Justicia". Según la familia, la juez quiso mejorar sus indicadores de resolución de casos dando carpetazo a varios de ellos justo antes de recibir al inspector.

El Hospital de Melilla, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha declinado ofrecer su versión de los hechos "al encontrarse el caso en investigación judicial", según un portavoz.

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