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Un hombre que asesinó a su esposa en 2003 mata a su abogada, con la que mantenía una relación

El cuerpo de la mujer, que lo defendió en el primer crimen, ha sido hallado en la casa de José Javier Salvador Calvo con heridas de arma blanca

Foto: Rebeca Santamalia, junto a José Javier Salvador, en 2005 durante el juicio por la muerte de su esposa, en la Audiencia de Teruel. En vídeo: declaraciones de Carmen Sánchez, delegada del Gobierno en Aragón.
Zaragoza / Madrid

La abogada Rebeca Santamalia Cancer, de 47 años, ha sido hallada muerta en Zaragoza en la vivienda de José Javier Salvador Calvo, que estaba en libertad condicional desde 2017 tras haber cumplido cárcel durante 14 años por haber matado a su mujer. Santamalia había sido su abogada defensora y ahora mantenía una relación sentimental con este hombre de 50 años, razón por la cual este crimen es investigado, de nuevo, como violencia de género. La Delegación del Gobierno en Aragón ha confirmado estos extremos, así como el suicidio de Salvador Calvo. Santamalia era madre de un hijo de 14 años, según su entorno. 

El cadáver de la abogada ha sido localizado en el número 21 de la calle de Francisco de Pradilla de Zaragoza, con heridas de arma blanca. En el buzón de la vivienda figuran los nombres del supuesto asesino y otros dos de iguales apellidos, uno de ellos el de su hermana Ana.

El marido de Santamalia había denunciado este jueves su desaparición al 091 de Zaragoza al preocuparse por su tardanza, según Delegación del Gobierno. Por ese motivo la policía se puso en contacto con la hermana de Rebeca, con la que compartía el despacho de abogados, cuentan fuentes de la investigación. Esta reconoció la relación sentimental de su hermana con su antiguo defendido y la dirección en la que él vivía, a escasos tres minutos del despacho. Al no responder nadie al teléfono ni a la puerta, la policía contactó con Ana Salvador Cano, única hermana del presunto asesino, que disponía de llaves del piso de este. Entraron a las 04.20 y hallaron a la letrada muerta en medio de un gran charco de sangre, explican fuentes de la investigación.

Por otro lado, en la madrugada del jueves —a las 00.20— los agentes de un coche patrulla de la Policía Nacional vieron caminar por el viaducto a un hombre. Este echó a correr cuando los agentes se dirigieron hacia él, le perdieron de vista y se arrojó al vacío. Se trataba de Salvador Calvo. Llevaba una gran cantidad de dinero —más de mil euros—y no portaba documentación, pero fue identificado por las huellas dactilares. Fue entonces cuando la policía cruzó ambas historias.

El 22 de mayo de 2003,  Salvador Calvo mató a su esposa, Patricia Maurel Conte, de 29 años, de 11 tiros con una escopeta de caza y abandonó el cadáver en un campo de cultivo cercano a su pueblo,  Puebla de Híjar (Teruel). La joven era candidata del PP a la alcaldía de ese municipio y fue asesinada unos días antes de las elecciones municipales. Salvador Calvo, tras apretar el gatillo, viajó en su coche los 180 kilómetros que separan su pueblo de Teruel capital. La madre de la víctima le había denunciado esa misma noche por amenazar de muerte a su hija. El asesino terminó confesando el crimen a su hermana, se entregó y fue condenado a 18 años de cárcel.

Salvador Calvo ingresó en prisión en mayo de 2003 con una pena que se extinguía en 2021, según fuentes penitenciarias. En diciembre de 2011, un juez de vigilancia penitenciaria le concedió el tercer grado —régimen de semilibertad—, con la opinión desfavorable de la Junta de Tratamiento de la prisión de Teruel. En 2013 pasó al penal de Zuera y en enero de 2017 una juez le concedió la libertad condicional, en contra también de la opinión de la junta, según fuentes penitenciarias. La Junta de Tratamiento está integrada por el director de la cárcel, el subdirector de tratamiento, el jefe médico, un trabajador social, un educador y un jefe de servicios.

En la sentencia por el crimen, la Audiencia de Teruel impuso a Calvo además indemnizaciones por valor de 120.000 euros a cada uno de sus tres hijos, entonces menores de edad, aunque reconoció como atenuante su confesión ante la policía. Un jurado popular, de manera unánime, consideró que el condenado actuó sin que su mujer pudiera defenderse.

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, pidió este viernes "unidad" y apeló "a los hombres demócratas que defienden la libertad de las personas que se unan a las movilizaciones". Cientos de personas, hombres y mujeres, se han concentrado a las 19.00 en la plaza de España de Zaragoza. "Ni un paso atrás", han coreado.

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha recordado esta mañana que la abogada coordinó el Servicio de Orientación Penitenciaria entre 2010 y 2012. "Un servicio que no tiene ningún tipo de remuneración y en el que compañeros prestan asesoramiento a los presos, personas que aunque estén en la cárcel siguen manteniendo vivos el resto de sus derechos, esto da una muestra de su calidad profesional y humana", ha dicho emocionado en unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

En la Puebla de Híjar, donde nació José Javier y donde mató a su mujer, una veintena de vecinos se han concentrado cerca del Ayuntamiento a las 13.00. “Este hombre había roto totalmente la conexión con el pueblo”, ha explicado el alcalde, Pedro Bello, que no da abasto a atender llamadas de la prensa en este día sombrío. “Costó mucho aquello”, ha rememorado.  Bello ha explicado que la poca familia que le quedaba en el municipio —que entonces tenía 1.000 habitantes y ahora ronda los 900— rompió toda la relación con el asesino.

De tarde en tarde, cuenta el regidor, algunos vecinos relatan que lo habían visto por Zaragoza o, cuando empezó a tener permisos penitenciarios, en Teruel. “Había vuelto a trabajar de albañil”, ha informado Bello. La familia de la esposa asesinada y los tres hijos que tuvieron han vivido en los últimos años en el pueblo de al lado, Híjar, donde había nacido ella. En este otro pueblo, situado a apenas cinco kilómetros, tampoco podían creérselo cuando empezaron a cruzarse los mensajes de móvil a móvil en la mañana del viernes. “Ha sido terrible volver a recordar esos días tan dolorosos”, explica el alcalde del municipio, Luis Carlos Marquesán, que fue compañero de campaña electoral de Patricia Maurel en 2003 y  la persona que la convenció para que presentara su candidatura por el PP. “No alcanzamos a comprender cómo vuelve a ocurrir”, señalaba al teléfono. También allí, donde han crecido los tres hijos de la pareja en casa de los abuelos maternos, José Javier Salvador Calvo era como un fantasma, un mal recuerdo. Nadie le había vuelto a ver por las calles del municipio.

Una compañera de profesión rememora cómo Rebeca empezó su andadura profesional al lado de un prestigioso abogado penalista de Zaragoza, José Antonio Ruiz Galbe, ya fallecido, llevando casos de penal y familia. La letrada, muy conocida en el gremio, "en los pleitos intentaba siempre llegar a acuerdos", recuerda su colega. Mientras una amiga relata cómo ambas preparaban una fiesta para una tercera que iba a celebrarse este viernes.

Un total de 977 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. Este año, que apenas comienza, ya suma tres muertes con Rebeca Santamalia, y otros tres casos se están investigando. El 016 es el teléfono de atención a las víctimas del machismo. No deja rastro en las facturas, pero debe borrarse del móvil.

Extinción de la pena

La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 establece los siguientes supuestos para la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concesión de libertad condicional:

1) Básico, regulado en el artículo 90.1, para penados clasificados en tercer grado, que hayan extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta, y hayan observado buena conducta.

2) Adelantados (artículo 90.2) bien a las dos terceras partes de la condena, o bien hasta un máximo de noventa días por cada año de cumplimiento efectivo una vez extinguida la mitad de la condena. Para penados que hayan desarrollado actividades diversas de forma continuada o con mejoramiento personal, y en su caso que acrediten su participación efectiva y favorable en programas, así como el cumplimiento del resto de requisitos básicos (tercer grado y buena conducta).

3) Excepcional, previsto en el artículo 90.3, para primarios que cumplan condenas de prisión no superiores a tres años, que hayan extinguido la mitad de la condena, y cumplan el resto de requisitos básicos. Este régimen no se aplica a penados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

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