Paliativos y eutanasia, dos leyes para distintos sufrimientos
Colectivos médicos y por la muerte digna coinciden en que ambas prácticas no son excluyentes pero advierten de que regular los cuidados no vale de nada sin financiación
A Ramón Sampedro, el gallego que postrado en la cama por una tetraplejia se convirtió hace 20 años en símbolo de la lucha por el derecho al suicidio asistido, de nada le hubiera servido una ley que le garantizase cuidados paliativos de calidad. Expertos en atención y derechos al final de la vida admiten que ambas prácticas responden a demandas y sufrimientos diferentes. Y todos inciden en que una norma estatal de paliativos como la que acaba de aprobar el Congreso debe contar con recursos económicos para que la sanidad pública pueda cumplirla. Si no, advierten, se convertirá en “un esfuerzo estéril” y “deshonesto”.
Las sociedades médicas consultadas abren la puerta con muchas cautelas a la regulación de la ayuda a morir que por primera vez da pasos firmes en España. “La [ley] de eutanasia responde al deseo de regular una situación que plantean algunas personas que no siempre entrarían dentro de la población susceptible de recibir cuidados paliativos”, explica Rafael Mota, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, quien considera “necesaria” la ley estatal de paliativos.
Manuel Mejías, coordinador del grupo de Paliativos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), admite que se plantee de forma “responsable” una eutanasia “bien fundamentada en tiempo y forma” cuando “no es posible el alivio razonado del sufrimiento de una persona enferma capaz”, pero defiende que se haga tras un “estudio serio y en profundidad” y que esa ley “no puede ser excluyente de unos cuidados paliativos de calidad” que resolverían, a su juicio, “la mayoría de los casos”: “Una persona con una enfermedad terminal que sufre, con mal control de síntomas, será un ser humano desesperado que buscará cualquier solución para remediar este déficit. Cuando el control es adecuado, esta desesperación no sólo disminuye sino que, a través de las herramientas actuales y legales existentes, puede controlarse en la mayoría de los casos”.
Desde el Observatorio de Atención Médica al Final de la Vida de la Organización Médica Colegial, Marcos Gómez Sancho está en contra de la eutanasia porque “no tiene nada que ver con el ejercicio de la medicina” y cree incluso que “no debería ser necesaria” si todos los enfermos tuvieran acceso a una atención paliativa de calidad. Los pacientes, reclama, “tendrían que tener, como mínimo, libertad para elegir si quieren la eutanasia o prefieren ser cuidados por un buen equipo interdisciplinar de cuidados paliativos”. Por eso para Gómez Sancho es “urgente” que se apruebe una regulación estatal de estos tratamientos “para terminar con la inequidad en el acceso a estos cuidados, que actualmente depende de la comunidad autónoma en la que viva el paciente, incluso de la ciudad o de si vive en el medio rural o urbano, y de la edad”.
“Nadie que está a favor de la eutanasia rechaza la extensión y cualificación de los profesionales de las unidades de cuidados paliativos. Es más, los países donde la eutanasia está regulada son aquellos donde se dispone de mejores unidades de estos cuidados”, apunta, por su parte, Ascensión Cambrón, presidenta en Galicia de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), favorable a ley de Ciudadanos “aunque sea para dar una extensión universal” a derechos ya regulados por otras normas anteriores como la información asistencial, el rechazo de tratamientos, intervenciones y procedimientos o las terapias contra el dolor.
Cambrón, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de A Coruña, apunta entre las carencias del proyecto de Ciudadanos que no permita decidir al enfermo “cómo y cuándo morir” y la falta de dotación presupuestaria “sin la cual los derechos reconocidos serán derechos de papel”, un defecto que extiende a las 10 normas autonómicas de muerte digna que se han aprobado en los últimos años. En este último punto coincide Mota, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, quien reclama también “formación y recursos suficientes” para garantizar una asistencia paliativa de calidad desde atención primaria y la creación de un Área de Capacitación Específica para los profesionales hospitalarios especializados que aborden las “situaciones de más complejidad”.
Si no se dota de medios a la sanidad pública para poder cumplir la ley de paliativos que se está tramitando, se incurrirá en un “esfuerzo estéril” y “deshonesto con los ciudadanos”, recalca Mejías, de la sociedad médica de atención primaria. Para este médico la “carencia de recursos” es el principal obstáculo con el que se topan en España las “diferentes legislaciones nacionales y autonómicas que tratan de asegurar una atención digna” a quienes encaran el final de su vida. A pesar de ello, afirma, estos servicios están entre “los más útiles y mejor valorados” por quienes tienen acceso a ellos.
De la sedación terminal a la discapacidad "insoportable"
Ciudadanos ha condicionado el crucial apoyo a la despenalización de la eutanasia por parte de sus 32 diputados a que se apruebe antes su proyecto de ley de muerte digna. Esta norma, que pretende garantizar el derecho de todos los ciudadanos a unos cuidados paliativos de calidad, inició su tramitación parlamentaria en marzo de 2017.
El proyecto, para el que los expertos consultados reclaman dotación presupuestaria, regula la sedación terminal, aquella que se administra para reducir la conciencia de un enfermo en situación terminal o de agonía aunque adelante su muerte y que pretende aliviar síntomas refractarios, es decir, los que ya no responden a los tratamientos. La Organización Médica Colegial, que fue consultada en su día por Ciudadanos para elaborar su propuesta, admite que esta práctica, que ya es legal en España, ha sido motivo de "fricción" y pide que se defina bien en la norma y se active "cuando esté médicamente indicada".
"En la sedación terminal el médico sigue manteniendo el control, su aplicación no responde a la voluntad del moribundo", apunta sobre este asunto la jurista Ascensión Cambrón desde la asociación Derecho a Morir Dignamente. A la proposición de ley del PSOE que despenaliza la eutanasia podrían acogerse quienes sufran “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado” o “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les causen “un sufrimiento insoportable”.
Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Manuel Mejías expresa sus dudas sobre la decisión de Ciudadanos "de apoyar la ley de eutanasia para que la de cuidados paliativos pueda aprobarse". Mejías teme que este movimiento del partido naranja pueda propiciar una despenalización de la ayuda a morir "inmadura, sin los análisis necesarios".
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