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El PP presenta un plagio de una ley de paliativos del PSOE como alternativa a la eutanasia

Los socialistas califican la copia de "bochorno legislativo", mientras los populares admiten que han recurrido a la legislación vigente

FOTO: Un sanitario, con guantes quirúrgicos, inyecta a una persona un líquido, en un vial, con una jeringuilla. / VÍDEO: Declaraciones de Pablo Casado sobre la eutanasia, este martes.
Oriol Güell
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La ley de cuidados paliativos presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados el pasado martes, que pretende ser una norma alternativa a ley de eutanasia que impulsa el PSOE, es una copia literal de otra ley llamada de Derechos y Garantías de las personas en el Proceso de Morir que la Asamblea de Madrid aprobó en marzo de 2017 a iniciativa de los socialistas madrileños, según ha comprobado EL PAÍS.

Tras meses de parálisis en la Mesa del Congreso, los populares hicieron pública a principios de semana su intención de presentar una enmienda a la totalidad a la proposición de ley del PSOE que tramita la Cámara baja, que en estos momentos cuenta con suficientes apoyos para ser aprobada.

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Comparación entre la ley presentada por el PP en el Congreso y la ley de la Comunidad de Madrid

La propuesta de los populares contiene, además del preámbulo y las disposiciones finales, 21 artículos. Todos ellos, excepto uno, son una copia palabra por palabra de la ley de la Comunidad de Madrid. Los únicos casos en los que se observan diferencias son el uso de expresiones sinónimas (en siete ocasiones el PP utiliza “final de la vida” en lugar del verbo “morir”), las menciones a la Comunidad de Madrid (que la propuesta popular cambia por “Sistema Nacional de Salud”) y algún otro detalle mínimo. El único artículo añadido por el PP es el 16, sobre “la formación y capacitación de los profesionales”.

Pero tan llamativo es lo que incluye la propuesta del PP como lo que omite. La ley de Madrid incluía en su parte final un régimen sancionador compuesto por ocho artículos que define mecanismos de control y sanción para los profesionales sanitarios que incumplan la normativa. Los populares han dejado este régimen fuera de su propuesta.

La diputada del PP, Pilar Cortés, justifica la iniciativa de su partido. “Nuestro objetivo es dejar claro el rechazo a la ley de eutanasia. Se ha presentado un texto alternativo que busca garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los cuidados paliativos y, siendo conscientes de que no va a salir adelante, es lógico que hayamos recurrido a la normativa existente”, afirma Cortés. Esta recuerda que ya en el preámbulo de su propuesta se menciona que el texto “se declara heredero directo” de las leyes autonómicas de Galicia y Madrid.

"Bochorno legislativo"

José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid e impulsor de la ley madrileña, califica el hecho “de plagio y bochorno legislativo”. “Ya sabemos que todas las leyes se inspiran en otras, pero esto no tiene precedentes. La ley de Madrid fue pensada para la realidad de esta comunidad. Fue una apuesta importante de nuestro grupo, liderado por Ángel Gabilondo, y logramos sacarla adelante por unanimidad en la Asamblea tras aceptar alguna enmienda”, afirma Freire.

“Lo que es inconcebible es que ahora el PP coja esta ley para otro ámbito, el conjunto del Estado, y lo haga como propuesta alternativa a la ley de eutanasia, que es una demanda sólida y madura del conjunto de la sociedad en un ámbito distinto. Este es mejor ejemplo de cómo al PP en realidad no le importan los pacientes y lo único que busca es utilizar estos temas tan sensibles para utilizarlos políticamente”, concluye Freire.

La propuesta popular también contiene otro punto llamativo en su preámbulo, cuando equipara “el consentimiento [de los pacientes]" para ser parte de un proceso de eutanasia con el que habría en los casos de “venta de órganos o la aceptación de la esclavitud propia, o cualquier otro trato o comercio degradante para el ser humano”.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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