_
_
_
_
_

Los jueces critican a los políticos que les culpan de las muertes por violencia machista

"El ámbito político no se ha caracterizado precisamente por una inversión suficiente en la materia", dicen

Protesta por la falta de presupuestos para el pacto de estado contra la violencia de género, el pasado mayo. En vídeo, último caso de violencia machista en MurciaVídeo: JULIÁN ROJAS (EL PAÍS) | ATLAS
Fernando J. Pérez

Los jueces decanos españoles han rechazado este miércoles que los representantes políticos les culpen de las muertes por violencia machista y les han responsabilizado de los “medios precarios e insuficientes” con los que cuentan para hacer frente a este problema, que ha costado la vida a 40 mujeres en lo que va de año, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.“Debe huirse de afirmaciones demagógicas que desde el ámbito político tienden a trasladar la idea de que cada muerte es un error judicial, una simplificación inadmisible que desconoce el funcionamiento del sistema judicial”, han señalado los magistrados en un comunicado de conclusiones de su 28º encuentro anual, que han mantenido desde el lunes en Melilla.

Más información
La policía evaluará el riesgo de asesinato de las víctimas del machismo
¿Por qué los hombres matan a las mujeres?
La peor venganza contra una madre

En sus conclusiones, los jueces decanos han dedicado un apartado a la violencia de género. Reconocen que es “una tragedia” que afecta “brutalmente” a miles de mujeres y niños. Solo en el segundo trimestre de este año en los órganos judiciales de toda España se han registrado 42.077 denuncias y se dictaron 9.149 sentencias condenatorias.

A renglón seguido llega el reproche a los políticos: “Todos, jueces, policías, fiscales y forenses trabajan con lo que tienen y los medios son muy precarios e insuficientes y esto corresponde solucionarlo al ámbito político, que no se ha caracterizado precisamente por una inversión suficiente en la materia”, aseguran.

“Faltan psicólogos, faltan unidades forenses de valoración integral, faltan médicos forenses, faltan salas adecuadas para atender y proteger a las víctimas, faltan oficinas de atención a la víctima del delito, solo hay juzgados especializados en violencia de género en las grandes capitales a pesar de que es una reivindicación histórica y también son necesarias algunas mejoras procesales que impidan la impunidad”. En este aspecto, se refieren a la retirada de denuncias por parte de las víctimas.

“Toda conducta violenta no debe dar lugar a una valoración de riesgo alto o extremo”

Los jueces decanos ejercen tareas de organización interna en los tribunales y son los únicos cargos judiciales que son elegidos por los propios magistrados. Por ello, las opiniones que emanan de sus asambleas se suelen interpretar como el termómetro más fiel de la opinión de toda la carrera judicial, en especial de los magistrados de base.

“Faltan psicólogos, faltan Unidades Forenses, faltan salas adecuadas para las víctimas”

Desde el año 2006, cuando comienza la estadística, la violencia de género ha causado 966 víctimas mortales, de las cuales 763 no habían presentado denuncia o no constaba que lo hubieran hecho. Pese a estas cifras, los jueces piden “no sucumbir a mensajes derrotistas”. Recuerdan que España, tras la entrada en vigor de la Ley Integral de Violencia de Género, es “un referente” en Europa. “Trabajamos con indicios, realizando un pronóstico de riesgo futuro, y este sistema no es infalible en absoluto, aunque sí mejorable”, reconocen los magistrados.

Los jueces distinguen entre el fracaso que supone la comisión de un delito y el fracaso del sistema en su conjunto. “El Estado debe procurar reducir al mínimo dichos delitos, pero eso no significa que el hecho que se sigan cometiendo sea un fracaso del sistema”, explican. “No se puede trasladar la idea de que toda conducta violenta debe dar lugar a una valoración de riesgo alto o extremo, porque estaríamos negando los más elementales derechos del investigado, y esto sí que sería un fracaso del sistema”, señala el comunicado.

En todo caso, una de las críticas más extraordinarias ha llegado desde el poder jurídico en los últimos días. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, pidió perdón el 27 de septiembre a los familiares de Maguette Mbeugou, una mujer senegalesa asesinada en Bilbao, y a la sociedad en general, por la deficiente valoración del riesgo que hicieron los diferentes servicios que concurren en el juzgado: "No es tanto un fracaso de los jueces como de la Justicia con mayúsculas", dijo.

En la actualidad, la formación obligatoria de los magistrados especializados de violencia contra la mujer se resuelve con un cursillo online y 10 días de prácticas en sedes judiciales o casas de acogida, 50 horas lectivas reconocidas en total. El Congreso de los Diputados negocia un cambio, respaldado por unanimidad, para que la violencia de género se convierta en una especialidad jurídica dentro del derecho penal, como la de menores o como es la mercantil en la rama civil.

En su comunicado, los jueces, sin nombrarlo, citan también los ataques que ha recibido el poder judicial en asuntos como el de la condena por abusos sexuales a los miembros de La Manada y por el proceso independentista de Cataluña. “Demandamos respeto a nuestra función jurisdiccional, y del Consejo General del Poder Judicial una mayor contundencia a la hora de censurar los ataques a jueces y juezas en el ejercicio de aquellos. Es intolerable los ataques a la independencia judicial que se producen desde todos los ámbitos, incluso desde otros poderes del Estado”, señalan.

Además, reclaman un mayor control de las llamadas puertas giratorias, es decir el paso de jueces a la política y su vuelta a la judicatura, que aunque es un fenómeno poco frecuente “provoca un indudable daño a la imagen de independencia e imparcialidad” de los magistrados. En su comunicado, los decanos proponen “limitar estos viajes de ida y vuelta, con la oportuna reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_