Pesadilla judicial para recuperar a un hijo
El año pasado se registraron 239 casos de sustracción parental en España. Medio centenar de afectados se ha concentrado este martes ante el Congreso
Tus hijos desaparecen. Se los han llevado a otro país. No sabes cómo, ni dónde, solo que el autor es tu pareja. Te has quedado solo y no sabes lo que te espera: un laberinto judicial. O algo peor: que puedes tardar años en recuperarlos. No lo supo Olga, que lleva seis sin abrazar a sus hijos. Ni Iván, que tardó cuatro en volver a ver al suyo, aunque solo fuera durante unas vacaciones. Solo el año pasado se registraron 239 casos en España, según el Ministerio de Justicia: 126 que pedían el retorno de los menores y 113 que se dirigían a las autoridades españolas para solicitar que devolvieran a los niños a su país de origen. La normativa establece que en seis semanas deben estar resueltos. Los afectados se quejan de que se tardan meses en el mejor de los casos. El tiempo es oro: no solo hay que reclamar cuanto antes, sino saber cómo hacerlo. Medio centenar de afectados se han concentrado este martes ante el Congreso de los Diputados para reclamar cambios legales y que las instancias responsables reciban formación en este ámbito.
Iván Manjón lleva desde 2014 batallando en los juzgados. Este ingeniero vasco se casó con una mujer de origen ruso. Tuvieron un hijo. El crío estaba a punto de cumplir siete años cuando su madre se lo llevó a pasar el verano a Rusia. A los tres días se dio cuenta de que no volverían. Denunció la sustracción del menor e inició los trámites de divorcio. A partir de ahí, el laberinto: procesos judiciales en España y en Rusia. Jueces que archivan causas, recursos, plazos, traducciones juradas, más archivos. Más recursos. Nuevas causas. Un dineral gastado. "Ya llevamos así cuatro años y mi hijo tiene 11. No tengo un solo papel de la justicia española al que agarrarme. Sigo sin haberme divorciado y la custodia de mi hijo no está resuelta, solo hay medidas provisionales", dice desesperado. "Ha habido jueces que por puro desconocimiento han archivado el caso", asegura.
Para suplir esta falta de formación se creó la Asociación de Profesionales contra la Sustracción Internacional de Menores en España (ASIME). "Se vio con Juana Rivas. Estuvo mal asesorada. Tendría que haber ofrecido devolver a sus hijos a Italia, solicitando medidas de protección. Y una vez allí, haber reclamado la custodia y cambio legal de residencia de los niños", explica Carolina Marín Pedreño, vicepresidenta de esta organización. Ha publicado el libro Sustracción internacional de menores y proceso legal para la restitución del menor (Editorial Ley 57, 2015), en el que intenta arrojar luz sobre el tema. Alerta del desconocimiento de jueces y letrados y del mal asesoramiento que reciben los padres. En muchas ocasiones pierden un tiempo precioso: cuanto más se prolongue la estancia de un niño en su nuevo destino, más difícil es lograr su retorno. Una vez pasado un año, generalmente se considera que el niño ya tiene arraigo en su nuevo hogar y conseguir que vuelva es complicado.
Según datos del Ministerio de Justicia, entre 1998 y 2015 se registraron 1.466 expedientes solo de padres o madres que pedían que sus hijos fueran devueltos a España. Pero la cifra es mayor si se suma a quienes acudieron a abogados particulares. Dos convenios regulan estos casos: el de La Haya de 1980 y un reglamento europeo (2201/2003). Según un informe de La Haya elaborado a partir de datos de 2015 obtenidos en 76 Estados (de los 99 firmantes), el 73% de los sustractores son mujeres. “Yo siempre recomiendo que los afectados acudan a la autoridad central española, que depende de una dirección general del Ministerio de Justicia y que hace de intermediaria con el país al que se han llevado al niño, y que contraten a un abogado para reclamar judicialmente allí. Hay que solicitar el retorno inmediato”, añade Marín.
Olga Anikina, de origen ruso, no tenía ni idea de que ese era el procedimiento. Este martes no ha podido trasladarse a Madrid, pero las fotos de sus hijos sí estaban presentes. Convivía con un hombre nacido en Ecuador. También ella despidió a sus tres hijos pensando que pasadas las vacaciones de verano regresarían a casa, en Pinoso (Alicante). Fue en 2012. Tenían cuatro, seis y ocho años. Desde entonces no ha vuelto a verlos. "Al principio solo intentaba localizarlo a él para que volviera. Nadie supo aconsejarme. Denuncié en la Guardia Civil en 2013", relata. Pidió un abogado de oficio que acabó cambiando porque se sentía perdida. Ese segundo abogado sí siguió el protocolo y rellenó el formulario del Ministerio de Justicia. El problema es que ya era tarde. Habían pasado dos años.
"Cuando te ocurre algo así te quieres morir. No pude comunicarme con ellos en años. Sus profesores me enviaban fotos a escondidas", afirma. "Desde abril hablo con ellos cuando puedo. Y qué contentos se ponen, ninguno quiere cortar", cuenta. Como en muchos de estos casos, ha habido un proceso judicial en Ecuador y otro en España. Ella ha sido ajena al de Ecuador. Su única opción es acudir a la justicia ecuatoriana. "Lo intenté, pasé de un abogado a otro. Pero no me fío. Me dicen que tengo que ir al país y podría pasar allí varios meses. No puedo perder mi trabajo". Confía en que este verano quizás pueda pasar unos días de vacaciones con los niños. Y que en unos años el mayor cumple 18 y "está deseando volver a España". "Primero vendrá él, luego los demás", añade.
Parte de la esperanza de estos padres está en conocer a otras personas que pasan por su misma situación. Javier Somoza es el portavoz del Colectivo contra la Sustracción Parental. Niños sin Derechos, que engloba unos 400 casos. La asociación, formada sobre todo por padres, ha elaborado un protocolo de actuación para asesorar a los afectados. Piden una mayor coordinación que permita agilizar el procedimiento y más implicación de la autoridad central española. Este martes han registrado en el Congreso sus peticiones, que quieren hacer llegar a todos los grupos parlamentarios. Además de más formación, reclaman cambios legislativos. "Los expedientes pueden pasar meses sin tramitarse, no se interviene ante países que incumplen las resoluciones. Estamos desamparados. En otros países existe un defensor del menor. Podría ayudar, por ejemplo, a los padres sin recursos con hijos sustraídos ilícitamente. También proponemos crear un fiscal civil de menores en cada provincia al que poder acudir", explica. "Es crucial mejorar el sistema. Desde 2010 ha habido más de 2.400 casos en España [incluyendo no solo sustracciones internacionales, también dentro de España]", se queja, dando la cifra a la que suelen hacer referencia en la asociación.
Las probabilidades de resolver los casos mejoran si se actúa rápido. El reloj juega en contra. "Yo tuve suerte. Es muy difícil tener éxito cuando las Administraciones te dan la espalda", lamenta José Gabriel Hompanera. "Me fui a trabajar un 15 de noviembre de 2016 y al regresar vi una nota en la que la madre de mi hijo me avisaba de que se había ido a un hotel". "Puse una denuncia en la Guardia Civil y me avisaron de que mentía. Se había ido a México, su país. No sabía ni por dónde empezar, pero entré en contacto con otros afectados y me asesoraron. Incluso me ayudaron a contactar con una abogada allí". Trámites y mensajería urgente. Viajé al otro lado del mundo para reclamar presencialmente. En marzo de 2017 logró volver con su hijo a España. Hasta 2018 no se resolvió la custodia: se la han dado en exclusiva. La madre tiene un régimen de visitas. Ahora el niño tiene cinco años. "Se siente impotencia. Mi hijo al principio tenía pesadillas. Ahora tiene problemas con el pis y de atención. Son niños los que están en juego. Y en esa situación desesperada sientes que nadie mueve un dedo por ti".
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