Luz sobre los casos de curas abusadores de menores

La Iglesia católica se enfrenta a acusaciones de abusos a menores en distintos países. Irlanda, Estados Unidos, Chile y Alemania concentran los principales escándalos y la curia y sus Gobiernos tratan de atajar el problema con distintas medidas.

ESTADOS UNIDOS

Reformas de calado

La investigación de un gran jurado de Pensilvania, que desveló en agosto abusos a más de mil menores por más de 300 religiosos en siete décadas, ha supuesto un terremoto. Al menos seis Estados han anunciado que impulsarán pesquisas a diócesis locales y la conferencia episcopal ha admitido que hay que facilitar las denuncias de presuntas víctimas y la imposición de castigos a los clérigos.

La única nota positiva es que apenas hay casos posteriores a 2002. El detonante fue la revelación por parte de The Boston Globe de abusos por parte de más de 70 curas, que apenas sufrieron consecuencias al estar protegidos por la cúpula eclesiástica y las autoridades locales.

Bajo una intensa presión, la conferencia episcopal acordó ese año un estatuto de “tolerancia cero” ante abusos. El documento, que fue firmado por todas las diócesis excepto una en Nebraska, insta a comunicar a las autoridades policiales todas las acusaciones. También establece que, tras cualquier acto de abuso, una vez haya sido probado judicialmente, el cura “debe ser apartado permanentemente del ministerio”, lo que supone que no puede oficiar misas pero sí mantener su sueldo.

Todas las diócesis se han adherido al reglamento de 2002, que también implica someterse a una auditoría anual. Sin embargo, la conferencia episcopal no puede hacer nada para forzar a las diócesis a participar ni mantiene un recuento sobre el número de denuncias de abusos. Es cada diócesis la que decide divulgarlas.

El 13 de septiembre Daniel DiNardo, presidente de la conferencia episcopal, se reunió con el Papa. Y a los seis días se adoptaron medidas para prevenir abusos. Se aprobó crear un sistema de comunicación confidencial de denuncias y se dio luz verde a imponer restricciones a religiosos acusados de abusos y elaborar un código de conducta para los presuntos pederastas y sus superiores.

En 2004 una investigación de la Universidad John Jay de Nueva York concluyó que, entre 1950 y 2002, 10.667 personas en EE UU acusaron a 4.392 clérigos de abusos sexuales a menores, lo que equivale a un 4,3% del personal religioso. Sin embargo, solo 252 fueron condenados y 100 encarcelados.

Un gran obstáculo a la persecución judicial son las leyes de prescripción de delitos, que varios Estados tratan de cambiar. Eso no ha impedido que numerosas diócesis hayan llegado a acuerdos millonarios con víctimas para evitar los juicios. En total la Iglesia estadounidense ha pagado más de 3.000 millones de dólares en compensaciones, lo que ha dejado en bancarrota a decenas de diócesis.

IRLANDA

Camino a la redención

Desde que se publicó en 2005 el informe de la primera investigación oficial sobre casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica de Irlanda —270 páginas demoledoras centradas en la parroquia de Ferns—, la avalancha de descubrimientos ha hundido el prestigio de la que fuera una institución fundamental en un país tan profundamente religioso. Y ha enfrentado a las autoridades y al Parlamento con el Vaticano. En 2006 el informe Murphy describió un escenario de abusos sistemáticos en la diócesis de Dublín entre 1975 y 2004, y denunció el modo en que la Iglesia los había ocultado “obsesivamente”. Los arzobispos que fueron informados se esforzaron más por proteger la reputación de la Iglesia que por salvaguardar el bienestar de los menores, señalaba el informe.

En 1996, en un intento más para salvar la cara, la Iglesia publicó unas normas de actuación sin rango de ley canónica que ni obligaban a trasladar los asuntos a la jurisdicción ordinaria. Tuvo que ser 10 años después, ante los miles de casos sacados a la luz y la presión pública y de las instituciones políticas, cuando se estableció el Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Infancia (CNSI). Financiado por las sedes episcopales, las congregaciones y las sociedades misioneras, actúa con plena independencia y ha dado los primeros pasos para poner solución al clima de desconfianza.

Su último informe, de este junio, recoge “135 sospechas, denuncias o preocupaciones” que se le hicieron llegar. La mayoría, explica el documento, hacen referencia a incidentes ocurridos entre 1940 y 2000. Un total de 104 de estas alegaciones son específicamente casos de abusos sexuales. “A veces, el hecho de ver o escuchar a aquellos que han sufrido el abuso proporciona la determinación para denunciar”, asegura Teresa Davlin, la presidenta del consejo.

“En Irlanda es obligatorio que cualquier acusación con credibilidad sea notificada al Gardaí (policía) y a Tusla (Agencia de Protección de Menores), o a sus organizaciones equivalentes si el abuso ocurre en Irlanda del Norte”, confirma Ger Kenny, del departamento de comunicación del CNSI.

CHILE

Omisiones y encubrimiento

Tras su visita a Chile en enero, el Papa encomendó una investigación exhaustiva de los abusos y citó de manera inédita a los obispos chilenos a Roma. En esas jornadas de reflexión le presentaron la renuncia en bloque y el pontífice ha aceptado la salida de siete de ellos.

A comienzos de octubre se mantenían abiertas 126 causas que involucraban a 221 sacerdotes y ocho obispos. Entre los investigados había un sacerdote de 90 años. En lo que va de año, además, el ministerio público ha entrado en busca de pruebas en 16 edificios de la Iglesia. Una de las causas más famosas involucra al sacerdote Óscar Muñoz por cinco casos —algunos de sobrinos— y tiene imputado como presunto encubridor al líder del catolicismo en Santiago, Ricardo Ezzatti. 

 Las investigaciones del caso de Muñoz —que fue arrestado a mediados de julio— las lleva adelante el fiscal de la región de O’Higgins, Emiliano Arias. En una entrevista con El País hace algunos meses, el fiscal ya cuestionaba la forma en que la Iglesia se hace cargo de las denuncias: “Sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales”. Después de que el sacerdote Muñoz se autodenunciara ante las autoridades eclesiásticas y esto se hiciera público en una nota de prensa, la fiscalía solicitó la información del expediente, pero esta le fue negada. “Se me señaló que habiendo sido consultada la Congregación para la Doctrina de la Fe, esta habría señalado que los antecedentes eran secretos. Eso yo lo estimo como una negativa”.

Arias ha criticado públicamente que los sacerdotes no tengan obligación de denunciar en la justicia civil los abusos contra menores. Aunque reconoce el secreto de confesión que otorga la ley, el fiscal apunta contra el denominado secreto pontificio que mantiene en reserva ciertos antecedentes. “Está bien que se autorregulen de esa manera y lo conserven (el secreto) entre ellos, pero estimamos que no puede ser posible declararlo ampliado para la justicia común”, dijo hace meses en una entrevista con Tele13 Radio.

 En Chile la iglesia católica tiene en funcionamiento desde 2011 un Consejo Nacional para la Prevención de Abusos. Ese año también se actualizó un protocolo ante denuncias contra clérigos. En él se establecían normativas de investigación interna y los mecanismos para remitir los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe y se explicita que la "Iglesia respeta y valora el trabajo de los tribunales de justicia y no obstaculiza su actuación".

ALEMANIA

3.667 casos en 70 años

En Alemania los escándalos de abusos a menores destapados en un colegio jesuita de Berlín en 2010 fueron el inicio de una oleada de denuncias que hizo que la Iglesia encargara una investigación que acaba de publicar y en la que se cifran en 3.677 los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en los últimos 70 años. Un portavoz de la Conferencia Episcopal explica que el presidente, el cardenal Reinhard Marx, ha trasladado al Papa un resumen del estudio.

A raíz de esos escándalos, la Iglesia endureció un protocolo de actuación para los casos de abusos a menores que se había redactado en 2002 y que ahora se encuentra de nuevo en proceso de revisión, como informa el portavoz. El protocolo indica que el obispo de la diócesis designará a dos personas que serán las encargadas de evaluar las denuncias de abusos y que no serán miembros en activo de la plantilla de la diócesis. Estas normas obligan a cualquier miembro de la diócesis que tenga conocimiento de un caso de abusos a contactar con esas personas o con el máximo responsable de la institución. Si existen sospechas de que los actos constituyen un delito contemplado en el código penal alemán, deberán ponerlos en conocimiento de la fiscalía local u otras autoridades competentes.

En el marco del derecho canónico se iniciará una investigación que, de constatar los abusos, se comunicará a la Congregación de la Doctrina de la Fe para que adopte las medidas necesarias. Un psiquiatra evaluará al agresor, que deberá someterse a una terapia y se le apartará de cualquier función que implique el trato con menores. Los nuevos superiores del nuevo destino del agresor deberán ser informados por escrito de los antecedentes del agresor.

El procedimiento que establece el protocolo vigente difiere de la práctica en las diócesis en las últimas décadas. El informe presentado a finales de septiembre por la conferencia episcopal indica que apenas un tercio de los casos analizados fueron sometidos a un procedimiento de derecho canónico y que el traslado del agresor a una nueva diócesis ha sido una de las sanciones más recurrentes. En estos últimos casos, la nueva diócesis a menudo no fue informada del motivo del traslado ni de la peligrosidad del recién llegado.

Con información de Joan Faus (Washington), Rafa de Miguel (Londres), Rocío Montes (Santiago de Chile) y Ana Carbajosa (Berlín).