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La minoría negra logra la primera ley árabe contra la discriminación racial en Túnez

A pesar de ser una lacra compartida, buena parte de la sociedad niega el grave problema

Manifestación de mujeres contra la discriminación en Túnez, en 2016.
Manifestación de mujeres contra la discriminación en Túnez, en 2016.

A pesar de las agrias riñas entre partidos y la confusión que domina el panorama político, la transición tunecina se marcó la noche del martes un nuevo hito: la aprobación de una ley que castiga todo tipo de discriminación racial. La legislación, que ha suscitado cuasi la unanimidad en el Parlamento, es una vieja reivindicación de los tunecinos negros y de las organizaciones de derechos civiles, que han tenido que luchar durante años contra la opinión buena parte de la sociedad que niega la existencia de un grave problema de racismo. Al igual que sucede con otras leyes definidas como históricas o pioneras, como la que castiga la violencia de género, ahora el reto será su verdadera aplicación.

“Hoy es el día más feliz de mi vida desde la Revolución. Es el primer paso para compensar décadas de discriminación contra la minoría negra en Túnez”, comenta Huda Mziudet, una periodista e investigadora tunecina que ha tenido que cargar con el doble estigma de ser una mujer negra y velada. “He estado luchando contra la negacionismo [a la existencia de racismo] desde mis años en la universidad, en los noventa, durante la dictadura de Ben Ali, cuando criticar esta situación era considerado un acto subversivo”, añade Mziudet. Si bien no existen estadísticas oficiales, algunos cálculos estiman que aproximadamente un 15% de la población tunecina es negra, y la mayoría reside o tiene sus orígenes en el sur del país, cerca de la frontera libia. Además, hay que añadir la existencia de miles de trabajadores y estudiantes subsaharianos.

Según el artículo 2 de la ley, la discriminación racial se define como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada sobre la raza, el color, el origen o ascendencia o cualquier otra forma de discriminación racial admitida por los estándares internacionales”. El castigo más grave recogido en la legislación, que oscila entre uno y tres años de cárcel, corresponde a los actos de incitación al odio, la violencia o la segregación por motivos raciales, así como la pertenencia o apoyo a organizaciones con una ideología racista. En cuanto a los insultos o comentarios despectivos, la agresión más común, se sancionarán con entre un mes y un año de prisión y una multa de entre 500 y 1.000 dinares (entre 155 y 310 euros).

“A pesar de que es mejorable, la ley incorpora las principales demandas de la sociedad civil, y es homologable a los estándares internacionales. Es un paso adelante muy importante”, apunta Jamila Ksiksi, diputada del partido islamista moderado Ennahda, y la única representante de la minoría negra en el Parlamento. Entre las carencias del texto que señalan los activistas, y que esperan sea corregida en el decreto de despliegue de la norma, se encuentra el hecho de que solo permita a la víctima presentar una denuncia, y no a terceros, como asociaciones o familiares. La ley establece la creación de una Comisión Nacional contra la Discriminación Racial, que se encargará de diseñar campañas de sensibilización ante la sociedad y de velar por su aplicación en la propia administración.

La movilización antirracista en Túnez experimentó un punto de inflexión a finales de 2016, después de que tres ciudadanos congoleses fueran apuñalados en el centro de la capital. En plena conmoción social, el primer ministro, Yusuf Chahed, se comprometió a tomar cartas en el asunto. Y, de hecho, el texto aprobado el lunes fue presentado por el propio Gobierno. Aunque agresiones de tal gravedad no son habituales, sí lo son insultos y discriminaciones de todo tipo. “A causa de las actitudes racistas, que se manifiestan de forma más desacomplejada tras la Revolución, la cifra de jóvenes subsaharianos que vienen a estudiar a Túnez se ha reducido a la mitad”, cuenta Blemassi Touré, veterano dirigente de una asociación de subsaharianos en el país magrebí.

Túnez se ha convertido en el segundo país del continente después de Sudáfrica y el primero del mundo árabe en disponer de una legislación contra la discriminación racial. “En otros países de la región, como Líbano o Marruecos, el problema del racismo es mucho peor. La diferencia es que en Túnez existe una sociedad civil consciente del problema”, explica Omar Fassatoui, responsable de la oficina en Túnez del Alto Comisariado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, una institución que ha asesorado a las autoridades tunecinas en el proceso de aprobación de la ley.

El racismo en muchos países árabes posee profundas raíces históricas, pues durante siglos se utilizaron como esclavos a personas originarias de la región subsahariana capturadas en expediciones militares. De hecho, aún se oyen a menudo palabras o expresiones despectivas que se utilizaban para dirigirse a los esclavos, como wasif (sirviente). Curiosamente, Túnez ya fue el primer país de la zona en abolir la esclavitud, en 1846, avanzándose a numerosos países occidentales. Aunque este hito es motivo de orgullo entre muchos tunecinos, y forma parte del relato que proyecta el Estado de un país dotado de un reformismo secular, la mentalidad ligada a aquel inhumano sistema de explotación continúa presente. Cambiarla será el principal desafío de la flamante ley.

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