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El Tribunal Supremo francés ordena un nuevo proceso por los implantes de mama PIP defectuosos

Los jueces confirman la responsabilidad de la certificadora alemana, lo que para los abogados de las víctimas abre la vía a las indemnizaciones

A pesar de que todavía queda un largo camino judicial por delante, los abogados que representan a las miles de víctimas de implantes de mama PIP defectuosos celebraron este miércoles como una auténtica “victoria” el fallo de la Corte de Casación (tribunal supremo) de Francia, que confirmó la responsabilidad de la certificadora alemana TÜV Rheinland y su filial francesa, a la que los demandantes reclaman una indemnización multimillonaria, y ordenó un nuevo proceso.

El abogado Olivier Aumaitre, centro, en rueda de prensa en París
El abogado Olivier Aumaitre, centro, en rueda de prensa en París AP

“Es una gran victoria para los pacientes porque abre la puerta a la indemnización de todos los afectados de PIP”, sostuvo en rueda de prensa en París Olivier Aumaitre, el abogado francés que inició las demandas contra la certificadora. La decisión revierte el fallo de un tribunal de Apelaciones de Aix-en-Provence que, en 2015, eximió de responsabilidad a TÜV en el caso de los implantes mamarios defectuosos, tal como habían decidido varios tribunales de primera instancia.

TÜV concedió a la sociedad francesa Poly Implants Prothèses (PIP) la certificación exigida por una directiva europea de 1993 para poder comercializar los implantes mamarios. La empresa llegó a ser el tercer productor mundial de implantes mamarios. La filial francesa de la certificadora alemana realizó, entre octubre de 1997 y enero de 2010, hasta 13 controles en los locales de PIP, sin constatar en ningún momento un incumplimiento de la reglamentación. El escándalo estalló poco después de la última inspección, el 29 de marzo de 2010, cuando la agencia de seguridad sanitaria francesa prohibió la venta y uso de estas prótesis de gel de silicona precargadas tras descubrir que PIP usaba desde 2001 un gel de silicona industrial para rellenar los implantes.

Un aviso a las certificadoras europeas

Según Aumaitre, la decisión de la máxima instancia judicial francesa también es una “buena noticia para Europa”, porque el caso de PIP ha cuestionado la certificación de calidad europea. Este fallo “va a cambiar las prácticas de los certificadores e imaginamos que las aseguradoras también van a ser mucho más estrictas”, aventuró el abogado, que compareció ante la prensa acompañado de otros colegas que representan a clientes de Europa y de América Latina, donde se concentra casi la mitad de las alrededor de 400.000 afectadas por implantes defectuosos, unas 10.000 en España.

En un comunicado remitido a este diario, la abogada de la certificadora alemana, Cécile Derycke, consideró sin embargo que la cuestión de su responsabilidad no está zanjado con la decisión del Tribunal Supremo, por lo que, agregó, “este debate será abordado ante los tribunales competentes en cuanto al fondo del asunto”. TÜV insiste en que “PIP engañó sistemáticamente a las autoridades francesas encargadas de la vigilancia del mercado” y a la propia certificadora y que dicho fraude “era indetectable y no podía descubrirse en el marco de las tareas encomendadas a los organismos notificados en virtud de la normativa aplicable, ni a la luz de la información disponible para los auditores enviados” por la entidad.

Una victoria para las víctimas

Berta Gómez es una de esas afectadas. Esta venezolana, residente desde hace año y medio en Francia, se puso los implantes PIP en 2008 en su país de origen, con 50.000 víctimas el segundo país tras Colombia en número de afectadas. Unos años más tarde, contó a este periódico, empezó a sentir unos “calambres”. Los dos implantes se habían roto. Una reacción alérgica provocada por el líquido del implante, que había llegado a sus pulmones, impidió una primera intervención para sustituir los implantes y le ha dejado graves problemas respiratorios desde entonces. Tras conocer la decisión, se declaró satisfecha. “Cualquier cantidad de dinero que le den a todas las mujeres que tuvimos estos implantes no equivale al sufrimiento y a todas las enfermedades que estamos padeciendo a raíz de ese producto, pero estoy feliz de que hayamos ganado”, aseveró.

La decisión del tribunal supremo francés se refiere solo a uno de los tres procesos en marcha —ya se ha iniciado un cuarto que se espera presentar a finales de año— contra la certificadora TÜV abiertos por PIPA World, la asociación que reúne a las víctimas de los implantes defectuosos. Pero los denunciantes consideran que el fallo afectará , positivamente, a todos los casos. Se trata del que los abogados llaman el “TÜV 1”, el primero de los juicios en marcha y por el que un tribunal de comercio de Tolón ordenó en 2013 reparar los perjuicios ocasionados a las 1.700 víctimas representadas en el juicio civil, empezando por el pago de un adelanto de 3.000 euros. La certificadora recurrió la sentencia y el tribunal de apelaciones de Aix-en-Provence la eximió de responsabilidad hace tres años, fallo que ahora ha sido revocado. El caso volverá a ser juzgado, esta vez en por la corte de apelaciones de París.

Dos procesos más, el TÜV 2 y 3, reúnen a unos 20.000 pacientes. En 2017, TUV fue condenada de nuevo a indemnizar a las víctimas y a abonar 60 millones de euros, a razón de 3.000 euros a cada una de las 20.000 demandantes de 14 países. Según los abogados de PIPA, los jueces que deben revisar nuevamente esta sentencia estaban a la espera de la decisión de la Corte de Casación, lo que les hace sentirse muy esperanzados de que ningún tribunal rechazará a partir de ahora la responsabilidad de la certificadora alemana y su filial francesa. “Ahora le va a resultar muy difícil a TÜV escapar de su responsabilidad”, celebró Aumaitre, según el cual las compensaciones que deberá pagar la certificadora podrían a llegar a ser multimillonarias, ya que se estima que hay unas 400.000 afectadas por los implantes defectuosos, aunque solo un pequeño porcentaje se ha unido a las demandas hasta ahora. Los abogados calculan en que la indemnización media rondará los 15.000 euros.

Los abogados, que han propuesto también la creación de un “fondo de indemnización” para acelerar los pagos a las víctimas que no pueden costearse la retirada de los implantes o las secuelas médicas que les han dejado, tampoco descartan que este fallo lleve a la certificadora a buscar un acuerdo extrajudicial que acelere los pagos a las víctimas.

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