Dos asesinadas y tres huérfanos en 24 horas por violencia machista
La Fiscalía ve “insuficiente” la valoración del riesgo policial y pide más investigaciones. El rango de mayor peligrosidad apenas se contempla para el 1% de las mujeres
A Estela, de 40 años, la ha matado su pareja este lunes a plena luz del día. Todos los vecinos pudieron ver su cuerpo en el suelo, junto a la entrada de la peluquería en la que trabajaba, en el barrio de San Cristobal del distrito madrileño de Villaverde. Hasta la grabaron tendida en el suelo y ensangrentada minutos antes de morir. Esta mujer es la última víctima mortal de violencia machista, la segunda en apenas 24 horas. Dejó una hija huérfana de solo dos años. Apenas unas horas antes, la noche del domingo, un hombre de 51 años asesinó también a puñaladas a su pareja, de 29, y después se colgó de una ventana de su domicilio en la parroquia asturiana de La Caridad. Quedan otros dos huérfanos de corta edad. Y se confirmó que una tercera mujer encontrada muerta en Borriol (Castellón) el pasado viernes, de 35 años, también fue asesinada presuntamente por su expareja. Van 33 asesinadas en 2018, pero desde que existen estadísticas oficiales son ya 957. Las primeras investigaciones apuntan a que ninguna de las últimas tres víctimas había denunciado a su agresor.
El efecto "acumulación"
La medida 173 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla que la Delegación del Gobierno realice estudios sobre el “efecto acumulación” de asesinatos en un periodo corto de tiempo. La horquilla está fijada entre dos y cuatro días consecutivos. Tras lo ocurrido en apenas una semana —con tres presuntos asesinatos machistas contabilizados desde el pasado viernes—, este punto del acuerdo se va a poner ya en marcha, según confirmó una portavoz oficial a preguntas de este periódico.
El silencio de las mujeres con mayor riesgo, las que acaban asesinadas, es una constante. Apenas una cuarta parte da la voz de alarma, un aspecto que centra algunas de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que el Gobierno espera convalidar el jueves: que los servicios sociales puedan acreditar a las mujeres como víctimas sin necesidad de que denuncien ante un juez o que acudan a la policía y que los Ayuntamientos tengan más margen para atenderlas.
La Fiscalía General del Estado ha alertado este lunes de la otra cara de la moneda en su memoria anual. Considera “insuficiente” la valoración del riesgo que hace la policía a las mujeres que sí se presentaron en una comisaría y se atrevieron a denunciar. La valoración, el llamado modelo VioGen, se completa mediante un cuestionario y sitúa a la gran mayoría de las víctimas fuera de peligro. Menos del 1% de los 55.823 casos activos en toda España hasta julio de 2018 se consideran de riesgo alto o extremo.
Esa valoración sobre la que llama la atención la fiscalía es una de las piezas clave para evaluar y determinar qué protección necesita cada víctima. El Ministerio Público reclama “informes periciales más completos” y la implantación “urgente” de las unidades de valoración forense integral con personal especializado para poder detectar el peligro real en todos los casos.
"Necesitamos informes de psicólogos y forenses especializados que complementen los de la policía”, añade Pilar Martín Nájera, coordinadora de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, en declaraciones a este periódico. Asegura que son “muy pocos” los juzgados que incluyen estos especialistas que, además, se dedican también al resto de casos: “Si están atendiendo a un menor o cualquier otra denuncia no están para las mujeres”.
El Ayuntamiento de Madrid reclama también que los especialistas de los servicios sociales municipales tengan acceso a ese sistema de valoración policial para intercambiar información y tener más control sobre el peligro que corren las potenciales víctimas, como solicita María Naredo, directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Consistorio.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla devolver parte de las competencias para atender a las mujeres a los Ayuntamientos y permitir que sean consideradas como víctimas, y por tanto acceder a ayudas y atención, sin necesidad de denuncia policial o judicial. “Necesitamos llenar el vacío que hay entre la vida de las mujeres y la comisaría”, señala gráficamente Naredo. “Hacerlo desde lo vecinal y lo comunitario, con los servicios sociales municipales. Cuanto más tupida sea esa red, habrá muchas más posibilidades de que salgan a la luz los casos”.
La fiscalía alerta además en la memoria del aumento de la violencia juvenil y de que las relaciones afectivas empiezan cada vez a edades más tempranas “pero ya se desarrollan patrones de dominio y control que se consideran normales”.
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