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Google se debate entre derecho al olvido y a la memoria

El buscador ha recibido hasta septiembre 120.000 peticiones de borrado de datos en toda Europa

Ejecutivos de Google, en el encuentro de este martes. Ampliar foto
Ejecutivos de Google, en el encuentro de este martes. AP

Tan importante como el derecho al olvido, reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es el derecho a la memoria, porque, si se generaliza, la eliminación de contenidos de Internet puede desembocar en una “falsificación de la historia”. Este es uno de los riesgos que los expertos expusieron ayer al comité designado por Google para aplicar la sentencia que obliga a los buscadores a borrar enlaces a informaciones —irrelevantes y obsoletas— lesivas para la privacidad.

Desde el pasado mayo, cuando el Tribunal Europeo reconocía el derecho de los ciudadanos, Google ha recibido 120.000 peticiones de retirada de enlaces, que afectan a 457.000 URL. Para fijar los criterios a la hora de atender o denegar estas solicitudes, el gigante de Internet designó un comité que ayer celebró en Madrid la primera audiencia pública en la que han participado los miembros del comité de una gira que le llevará por siete ciudades europeas. La convocatoria, en la que participaron juristas, historiadores, periodistas, especialistas en derechos humanos y representantes de los consumidores, estuvo presidida por el máximo responsable de Google, Eric Schmidt.

Los participantes coincidieron en que la sentencia convierte a Google en juez y parte al dejar en sus manos la decisión de las informaciones que deben o no ser borradas. Aunque hay líneas rojas claras: solo los contenidos irrelevantes, caducos, desfasados o inapropiados deben ser eliminadas de los motores de búsqueda (no solo de Google). Eso no significa, alertó la historiadora Milagros del Corral, que cualquier dato que afecte a la reputación de una persona (denuncias por corrupción, deudas fiscales, escraches) vaya a desaparecer de un plumazo. “El derecho al olvido, aunque es un término muy romántico, tiene que estar equilibrado con otros elementos. Desde una perspectiva histórica tenemos que tener en cuenta el derecho a la memoria. Si no, acabaremos destrozando la historia de nuestro siglo”, apuntó Del Corral.

La experta en privacidad Cecilia Álvarez, consideró que Google se enfrenta a “un papel difícil” a la hora de valorar el derecho del individuo a retirar datos denigrantes y el de los ciudadanos a recibir información. “Los jueces actúan con ponderación. Tienen intereses en la justicia y en la verdad. Pero el buscador tiene solo un interés económico”, afirmó Álvarez, que defendido el derecho al “arrepentimiento”, es decir, la capacidad de una persona de borrar, por ejemplo, fotos que colgó en una red social hace años y que ahora, cuando busca un trabajo o solicita un crédito, le perjudican.

Google ha establecido que no atenderá peticiones cuando los contenidos sean interés público (noticias sobre estafas financieras, negligencias profesionales, condenas penales o comportamientos públicos de funcionarios poco ejemplares). “La sentencia está pensada para la gente corriente”, remarcó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo, que abogó por utilizar el término “derecho a la supresión” mejor que “al olvido” y sostuvo que cuando se trata de datos intrascendentes, prevalece “el interés del afectado sobre el derecho del público a saber”. Aunque el magistrado estableció una excepción: cuando se trata de personajes públicos. Otros expertos hicieron extensiva esta salvedad a los autores de genocidio o de actos contra los derechos humanos, ya que en estos casos prima el derecho de la comunidad a saber quiénes son y qué han hecho.

Además de a estos dilemas, el buscador se enfrenta a una tarea titánica que le obliga a ponerse en el papel de editor en lugar de desempeñar la simple función de mensajero. Google decide “sobre un derecho tan importante como es la privacidad”, como apuntó el profesor de Filosofía del Derecho Alberto Iglesias, según el cual los motores de Internet “deben ser meros intermediarios de la información”. Como alternativa, propuso conservar la información que se pretenda borrar pero relegándola a un lugar en el que no sea fácilmente accesible.

El buscador tiene solo un interés económico

Cecilia Álvarez, experta en privacidad

Para la catedrática de Derecho Constitucional y Comunitario Montserrat Mieres la sentencia tiene un alcance limitado. No obliga a eliminar la información sino el link cuando se busca a una persona que teclea su nombre y apellidos y aparecen datos obsoletos o irrelevantes. Las personas privadas que cometen delitos, si no hay interés público, tienen derecho a que una vez cumplida la condena desaparezca es información perjudicial. Para aquellos que ejercen el "fisgoneo digital" es pertinente la eliminación de datos caducos, no actuales y sin interés público. Bien distinto es el caso de los personajes públicos, como políticos o artistas. Aunque estén retirados deben mantenerse vivas las informaciones porque permiten a la comunidad analizar patrones de conducta. Personas públicas son "aquellas que entran en la arena publica voluntariamente y asumen el riesgo de que su vida sea sometida a escrutinio de los ciudadanos" y también los profesionales que se benefician del capital de atención proporcionados por el público, según Mieres.

Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, percibe que debe existir un equilibrio entre el derecho a la privacidad y a la información, pero, en su opinión, la sentencia da más valor a la intimidad que la información. Tras criticar que la decisión del borrado se deja en manos de un tercero, ha afirmado que Google ha dado una respuesta razonable con la creación del consejo asesor. No obstante, ha considerado "preocupante" que ante la duda, Google opta por desindexar un contenido y eso conduce "a que pueden desaparecer del espacio público una gran cantidad de contenidos" que tienen interés para la comunidad.

Con estas aportaciones, el comité de expertos irá puliendo los criterios que habrá de seguir Google para aplicar la sentencia. Para José Luis Piñar, el único español que forma parte del comité de expertos de Google, “la información sigue estando en Internet. Se podrá localizar de una manera o de otra”. Su compañero en esta misión, Frank La Rue, tiene claro que es necesario defender tanto la privacidad como y la libertad de expresión y renuncia a “sacrificar” una en beneficio de la otra.