Un juez condena al Servicio de Salud canario por no hacer una mamografía
El juez estima que la prueba diagnóstica a tiempo habría revelado que el bulto detectado era cáncer El Gobierno de la comunidad deberá indemnizar con 152.000 euros a la paciente que fue sometida a una mastectomía y quimioterapia en un centro privado
El Servicio de Salud canario deberá indemnizar con 152.000 euros a una mujer porque no se le practicó una mamografía a pesar de que los médicos le habían detectado un bulto en el pecho. La prueba habría revelado que S.D.A. tenía cáncer de mama, como se constató cinco meses después cuando la joven, de 31 años, acudió a un centro privado en Navarra. Así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha desestimado el recurso de la Administración contra una primera sentencia condenatoria.
"Estoy muy contenta. Tuve que pelear legalmente cuando todavía estaba enferma porque tienes un año para reclamar, pero quiero lanzar un mensaje positivo y animar a otras mujeres que pesen por lo mismo a que denuncien", dice S.D.A, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias de sus médicos en la sanidad pública a la que acude para sus revisiones.
En julio de 2008 S.D.A. acudió a su médico de cabecera porque había notado que tenía un bulto en un pecho. El doctor "le restó importancia al asunto, pero le remitió a un especialista", según relata José Antonio Betes, abogado adscrito a los servicios jurídicos de la Asociación el Defensor del Paciente que ha defendido a la paciente. "Inicié un periplo de médicos y todos me trataban como si fuera una obsesa. Me llegaron a decir que los bultos venían y se iban; y que tenía un pecho más grande que otro", recuerda la afectada. "Me dolía y se veían muy bien los bultos. Como no me hacían pruebas acudí a un ginecólogo privado", continúa.
El temor de la S.D.A. no era injustificado. Pero como en la sanidad pública no le hacían pruebas, tras siete meses saltando de consulta en consulta, se marchó a la Clínica Universitaria de Navarra (privada) recomendada por un vecino. La mamografía y posterior punción que le practicaron allí, revelaron que tenía cáncer avanzado de mama con metástatis en la axila. "Solo tres días después de llegar ya estaba con quimioterapia. Iba muy mal. Me la hubieran dado al día siguiente pero era fin de semana", relata S.D.A. Unos meses después le extirparon un pecho entero y parte del otro, según recoge la sentencia.
"Menos mal que fue a un centro privado porque si no ahora podríamos estar lamentando su muerte", afirma Betes. Lo único que lamenta ahora S.D.A. es que toda su familia está endeuda, además de ella, debido a su dolencia. Con la indemnización podrá devolver parte de ese dinero.
Según el informe médico pericial que recoge la sentencia, "de haberse detectado a principios de julio la enfermedad (cáncer in situ de primera fase) se habría curado con un tratamiento menos radical antes de que se produjera la afectación glangionar". Pero no fue así. Como consecuencia de las operaciones, aunque se ha sometido a una reconstrucción mamaria, no puede elevar los brazos por encima del hombro por lo que fue declarada incapacitada permanente para su profesión habitual: auxiliar de vuelo.
Pese a que en un primer momento, los médicos del Servicio de Salud canario, le diagnosticaron tras un examen físico un nódulo benigno, un bulto que no representaba peligro para su salud. El juez estima que "debió ser hecha una mamografía" tal como establece el programa de diagnóstico precoz de esta enfermedad del Gobierno de Canarias. "Sin sintomatología alguna, está prevista la realización de esta prueba para mujeres de 50 y 64 años. (...) Con mayor razón será preceptiva para descartar la malignidad del nódulo mamario", zanja la condena.
Para Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Paciente, "esto es lo que pasa cuando la administración quiere ahorrar". Y alerta de que casos como el de S.D.A. "se van a multiplicar" si se considera que se están produciendo importantes retrasos en la realización de mamografías preventivas, como en Madrid. "Animo a las afectadas a escribir un documento en el que responsabilicen al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de eventuales problemas que puedan tener cuando se les hagan las pruebas", subraya.
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