Nueve autonomías aplican a rajatabla la exclusión sanitaria a los sin papeles

La heterogeneidad y el caos son dos de los principales rasgos que definen la aplicación de la exclusión de la red sanitaria normalizada de los inmigrantes en situación irregular. Tres meses después de la entrada en vigor de la medida, la entidad humanitaria Médicos del Mundo ha analizado cómo la están implantando los distintos Gobiernos autonómicos y ha llegado a la conclusión de que existe una gran diversidad entre regiones.

Hay nueve Gobiernos autonómicos que están ejecutando la medida sin paliativos. Se trata de Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Algunos de ellos no solo están siendo totalmente fieles a la intención de dejar a los sin papeles al margen de la cobertura de la red pública –excepto las urgencias, la asistencia al embarazo y parto, y a los menores-, sino que “van más allá de lo que marca el real decreto 16/2012 en materia de vulneración de derechos”. Por ejemplo, “otorgando al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o no una urgencia”.

El informe recoge una selección de casos en los que se ha obstaculizado la asistencia a inmigrantes. De entre las autonomías más estrictas con la exclusión, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Baleares son las que cuentan con más incidentes y de mayor gravedad. Con todo, Médicos del Mundo advierte que se han registrado casos de denegación de atención en toda España, incluso en aquellas que la desobedecen.

Existe otro grupo de autonomías que aplican la norma y, a la vez, han desarrollado herramientas administrativas para permitir la atención de las personas sin permiso de residencia por encima de los mínimos que fija la ley. Es el caso de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra.

Un tercer grupo es el que integran Andalucía, Asturias, Cataluña y Euskadi. Todas estas autonomías rechazan la aplicación de la norma en su territorio, hasta el punto de haber recurrido la medida en los tribunales, como ha sido el caso de Andalucía o el País Vasco.

Más allá de la diversidad en la aplicación de la norma, Médicos del Mundo ha constatado también que existe un desconcierto generalizado en su aplicación. Y esta circunstancia no solo afecta al personal sanitario y administrativo de los distintos sistemas de salud. También a los usuarios que podrían verse afectados por la exclusión. Ello se traduce en “derivación de pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenía derecho a ella o negación de atención a embarazadas o menores”.

Solo seis autonomías han desarrollado normativa propia para aplicar la expulsión sanitaria en sus territorios. Pero incluso entre estas regiones, los documentos son muy variados (circulares informativas, instrucciones, comunicados) como también lo son sus contenido: “mientras unos se caracterizan por detallar procedimientos administrativos muy complejos, otros solo contemplan afirmaciones vagas”. Además, la mayoría de ellas tienen carácter provisional.