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Firma invitada

¿Se puede asegurar la ciberseguridad en las próximas elecciones generales?

Asegurar la ciberseguridad de unas elecciones es algo muy pero que muy complejo, incluso si lo acotamos solo al control de las fake news.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la presentación de la campaña electoral de su partido.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la presentación de la campaña electoral de su partido.Getty Images

El viernes pasado la vicepresidenta Carmen Calvo anunciaba que el gobierno estaba preparado para "garantizar las próximas citas electorales desde el punto de vista de la ciberseguridad". En líneas generales, y algo que de hecho luego matizaría en la rueda de prensa, lo que pretende el Gobierno es establecer un sistema para minimizar el impacto de las noticias falsas, con algunos añadidos esperables a la hora de crear un entorno lo más robusto y seguro posible de cara a las elecciones.

El nuevo plan, más ambicioso que los que se pusieron sobre la mesa en 2015 y 2016, pasa por crear un Dispositivo Especial de Seguridad (DEC) en el que participan el propio CNPIC (encargado de velar por la buena comunicación de las Fuerzas y Seguridad del Estado y los Centros de Respuesta), la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (encargados de que la difusión de los resultados de las elecciones se realice “con los más elevados niveles de confidencialidad, disponibilidad e integridad”), y las unidades especializadas en ciberdelincuencia de Policía Nacional y Guardia Civil, además de los diferentes Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (ambos encargados de la “vigilancia y monitorización en las redes y sistemas de información” para detectar cualquier amenaza y actuar en consecuencia).

Sin embargo, hay un interés claramente marcado por Interior, y a grandes rasgos por todos los países democráticos, de erradicar la tergiversación informativa en precampaña. Algo que ha estado ahí toda la vida, pero que se ha agudizado últimamente con la explotación de canales digitales masivos como Facebook, Google, YouTube o Twitter.

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Este lunes se lanzaba en Bruselas la red de alerta rápida del sistema europeo contra la desinformación (ES). Desde Europa se pide coordinación entre los socios, máxime considerando que la mayoría de estas campañas de tergiversación informativa tienen una clara arquitectura transnacional. Pero la ciberseguridad de las elecciones, como cabría esperar, "es materia estrictamente nacional".

La empresa que tiene tras de sí el gobierno no es ni de lejos baladí. "Asegurar la ciberseguridad de unas elecciones" es algo muy pero que muy complejo, incluso si lo acotamos solo al control de las fake news.

¿Dónde ponemos los límites de un discurso que, recuerdo, es puramente subjetivo? A un lado de la balanza está la libertad de expresión (yo tengo derecho a dar mi punto de vista, aunque éste sea totalmente radical y esté quizás basado en errores históricos o culturales), y al otro el riesgo de caer en la filosofía del totalitarismo, aunque sea buscando precisamente fines democráticos.

Aislar del discurso político a los extremistas es negar a un porcentaje (quizás minoritario) de ciudadanos que están en su legítimo derecho a pronunciarse y, además, conduce a un entorno de retroalimentación negativa (estamos aislando aún más a colectivos ya de por si proclives a aislarse del resto) que puede volverse en nuestra contra.

La victoria de Trump en las elecciones americanas, el Brexit inglés, o incluso todo lo vivido en Cataluña tiene múltiples lecturas, y en algunas de ellas el influjo de la tergiversación, externa o interna, parece claro.

Controlar estas tergiversaciones de uso tan finamente orquestadas sin cohibir la libertad del ciudadano, a sabiendas de que para colmo parte de estas grandes campañas de manipulación se basan precisamente en atacar al eslabón más débil de la cadena (a la persona, no al sistema informático), hace de la empresa que tiene por delante el Gobierno una verdadera Odisea.

Y pese a todo, es algo totalmente necesario. En Francia la estrategia seguida por Macron para minimizar la crisis reputacional que Le Pen intentó viralizar a unas horas de las votaciones es un ejemplo de guion de buena praxis, y quizás un halo de esperanza para el futuro de la Democracia.

Que tras la propuesta haya iniciativas a priori tan adecuadas como la de Maldito Bulo no hace más que pensar que algo bueno puede salir de todo esto.

Pablo F. Iglesias es embajador de marca de CiberProtector

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