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El Gobierno salva el primer escollo de los Presupuestos gracias a ERC

El voto en contra de Junts per Catalunya indigna a los republicanos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el pleno del Congreso de este jueves.Foto: atlas | Vídeo: Kike Para ATLAS
Anabel Díez

Sin la senda de déficit no podía haber Presupuestos ni —probablemente— legislatura. Su aprobación ayer en el Congreso abre la posibilidad de que las cuentas públicas estén listas en junio. La abstención de ERC y EH Bildu fue decisiva y despejó muchas incógnitas en la coalición de Gobierno. Con el diálogo sobre Cataluña recién estrenado, el voto de Esquerra fue un claro gesto en aras de la estabilidad política. No hubo nada parecido en Junts per Catalunya que votó en contra de la senda fiscal, lo que indignó a los republicanos. La oposición denunció supuestas “cesiones” al independentismo a cambio de los presupuestos.

El primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado está dado. El Congreso aprobó ayer el objetivo de déficit para 2020, que se sitúa en un 1,8% del producto interior bruto (PIB), y el resto de metas fiscales, que se irán reduciendo paulatinamente hasta 2023. La abstención de ERC y Bildu fue esencial para que hubiera más votos a favor que en contra: 168 síes, frente a 150 noes y 19 abstenciones. Al menos una decena de parlamentarios de la bancada de la derecha no acudieron al Congreso en un voto que podía haber sido clave para el devenir de la legislatura. Los republicanos advirtieron, eso sí, de que su abstención no es para favorecer que salgan las cuentas del Estado sino “para dar una oportunidad” a la mesa de negociación que comenzó el miércoles entre el Gobierno de España y el de la Generalitat. A pesar de esa mesa, Junts per Catalunya votó en contra. Nada de lo que hacen estos dos grupos, ERC y Junts, deja indiferente al otro: la negativa de los diputados que siguen las directrices del presidente de la Generalitat, Quim Torra, provocó consternación en las filas republicanas, que no esperaban esa jugada. El resultado es que ERC quedó retratado como “el grupo que apoya a Pedro Sánchez a cambio de nada”, señalaron a EL PAÍS, fuentes de este partido: los republicanos consideran que la posición de Junts persigue dejarles en evidencia ante el electorado independentista.

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En la práctica, las incógnitas de la quebradiza estabilidad política española empiezan a despejarse en el primer test verdaderamente serio de la legislatura. El PSOE consiguió ayer cosechar un voto más que en la sesión de investidura de hace solo unas semanas, cuando los síes fueron 167. Con ese aval, Pedro Sánchez salvó el primer obstáculo en la carrera hacia unos Presupuestos que sustituyan a los que elaboró el Gobierno del PP y que van por la segunda prórroga. Al voto afirmativo de los diputados del PSOE y Podemos se unieron la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y el parlamentario cántabro José María Mazón, que en enero se opusieron a la investidura. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, y el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, apoyaron también el nuevo objetivo de déficit.

Salvo esas excepciones, los argumentos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo convencieron a los ya convencidos. Montero subrayó la necesidad de actualizar las cuentas de las Administraciones central, autonómica o local, con el ciclo económico muy lejos de la expansión de 2017. La titular de Hacienda pidió también a los independentistas margen de confianza para que el Gobierno pueda seguir con el diálogo sobre Cataluña. “Si votan no, después no hagan demagogia contra el Gobierno por no tener sensibilidad con las necesidades de las autonomías”, avisó. El apoyo a la senda de déficit pone la primera piedra para actualizar pensiones no contributivas y amplía los permisos de paternidad, entre otras muchas medidas.

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La bancada de la derecha no se salió del guion. Los argumentos para votar en contra del PP, expresados por su portavoz económica, Elvira Rodríguez, se basaron en la incredulidad de esa formación respecto a las previsiones del Gobierno, especialmente las de ingresos y déficit. Tampoco vieron nada positivo el portavoz económico de Ciudadanos, Marcos de Quinto, y la parlamentaria de Vox Inés Cañizares. La derecha da por sentado que Bruselas no va a aceptar las cuentas públicas de España por inverosímiles. A los noes se unió también la CUP; entre las abstenciones estuvo Bildu.

Una vez terminado el pleno, el presidente popular, Pablo Casado, anunció en tono grave la petición de comparecencia de Pedro Sánchez para que explique “las concesiones a los independentistas a cambio de los Presupuestos”. Sánchez agradeció los votos favorables y proclamó que con estos números se emprende el impulso de la economía “y se avanza en justicia social”</IL></IR>.

La solidez de las metas fiscales, en el alero

El Congreso aprobó este jueves la nueva senda de estabilidad, el primer paso para sacar adelante el presupuesto. No hay quien le ponga el cascabel al gato del déficit: 2019 se cerró con un desfase en torno al 2,5% del PIB (España, en otras palabras, gasta casi 3.000 millones más de lo que ingresa), y el objetivo para 2020 es algo más suave que el previsto (1,8% del PIB, cifra que se irá reduciendo paulatinamente en adelante). El Gobierno puede haber pecado de cierto optimismo —sobre todo en relación con lo que espera recaudar— por los nubarrones víricos que acechan a la economía.

España no tiene colchón para permitirse alegrías, pero el Ejecutivo anunció también el nuevo techo de gasto, que le permitiría gastar algo más: unos 6.000 millones adicionales. El techo de gasto es el límite de gasto no financiero (sin intereses de la deuda) que pueden alcanzar las Administraciones cumpliendo las metas fiscales. El gasto solo puede aumentar si suben los ingresos, y el Gobierno prevé elevar IRPF, Sociedades, impuestos verdes y crear las tasas Google y Tobin. Teniendo en cuenta que el presupuesto no se aprobará, como pronto, hasta el verano, el incremento de la recaudación no está claro. El de los gastos sí: para abrir boca, en enero ya se han subido las pensiones y el sueldo de los funcionarios (que suman 5.000 millones más), y es posible que los compromisos con los nacionalistas obliguen a elevar más el listón.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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