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La ONG que demandó a España ante Estrasburgo alerta de los peligros que se abren tras el fallo

ECCHR, que llevó la causa de los dos inmigrantes, denuncia “contradicciones” en la decisión del tribunal

Varias personas se concentran frente al Congreso en un acto en memoria de las víctimas de la frontera del Tarajal.
Varias personas se concentran frente al Congreso en un acto en memoria de las víctimas de la frontera del Tarajal. Europa Press

Caras largas, malestar y pesimismo. La rueda de prensa convocada este jueves en Madrid por el Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR en sus siglas en inglés) para analizar el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) fue fiel reflejo del desenlace inesperado vivido en Estrasburgo. Lo que se esperaba como un triunfo legal se transformó en caras de circunstancias y peticiones de tiempo para estudiar con detalle el texto jurídico. El secretario general de la organización, el alemán Wolfang Kaleck, destacó que la sentencia no tiene “ni conciencia ni memoria histórica” tras admitir su “sorpresa” por el sentido de la decisión. Gonzalo Boye, uno de los dos abogados que defendió a los dos inmigrantes y conocido por ser el defensor del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su sucesor, Quim Torra, fue más allá y alertó del peligro que la decisión supone: “A partir de ahora, toda persona que haya traspasado una norma, aunque sea administrativa como esta, habrá perdido sus derechos”. Boye también criticó las “contradicciones” en las que, en su opinión, han caído los 17 magistrados en su redacción.

ECCHR fue la ONG que dio apoyo legal a los dos subsaharianos que decidieron demandar a España tras ser expulsados de manera automática en la valla de Melilla tras saltarla junto a otros 70 inmigrantes en agosto de 2014. Según han reconocido sus representantes este jueves en Madrid, estaban convencidos de que la decisión no solo iba a respaldar el fallo que en primera instancia adoptó el Tribunal de Estrasburgo, y que condenaba a España por violar la Convención de Derechos Humanos con la devolución en caliente de los dos inmigrantes, sino que sirviera para impulsar otras cuatro demandas por hechos similares que tiene pendiente contra Macedonia, Croacia y, de nuevo, España. El objetivo ahora, según admitieron, es intentar que en estos casos pendientes el sentido del fallo sea otro y, de este modo, no se consolide como doctrina la decisión de este miércoles, que es definitiva.

Boye destacó que la decisión abre también un conflicto entre el Tribunal de Estrasburgo y ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados), cuyos representantes intervinieron en la vista celebrada a finales de 2018 en la que se vio el recurso de España contra el fallo inicial y apoyaron la posición de los dos demandantes. En el fallo, en opinión del abogado, los 17 magistrados ponen en duda la información que este organismo de Naciones Unidas aportó durante la misma. El abogado también denuncia que el contenido de la sentencia termina haciendo responsable a los dos inmigrantes “de su propia situación de privación de derechos” que en su opinión sufrieron cuando fueron devueltos de manera automática tras ser interceptados por la Guardia Civil.

Boye recalca que plantear, como hace la sentencia y defendió España durante la vista, que los inmigrantes debieron haber acudido al paso fronterizo o a una representación diplomática de España en Marruecos para pedir asilo es “insostenible jurídicamente” ya que considera que cree que quedó demostrado que ello no les hubiera permitido entrar en España. “Esta nueva doctrina, de consolidarse, tendrá graves consecuencias no solo en materia migratoria sino en cualquier ámbito en que se pretenda obtener la tutela de derechos fundamentales por parte del Tribunal de Estrasburgo”, alertó.

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