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El vuelo de Delcy Rodríguez tenía obligación de comunicar su llegada a Barajas

El Gobierno aseguró que se enteró "dos o tres horas antes" del aterrizaje que entre el pasaje venía la vicepresidenta venezolana

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una conferencia de prensa el pasado 22 de enero.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una conferencia de prensa el pasado 22 de enero.

La normativa española y europea vigentes obliga a los vuelos como el de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a notificar con antelación los datos de los pasajeros al aeropuerto de aterrizaje, tanto si es destino final como si es de tránsito. Fuentes del Gobierno español aseguran que no tuvieron constancia de la llegada de Rodríguez hasta que el avión se encontraba ya atravesando el Atlántico camino de Barajas. Fuentes del ministerio de Exteriores indicaron en su día que se enteraron "dos o tres horas antes" del aterrizaje del Falcon de que entre el pasaje figuraba la vicepresidenta venezolana, cuya entrada en Europa estaba prohibida. La polémica saltó al conocerse su encuentro con el ministro José Luis Ábalos.

La versión española, de ser confirmada, indicaría que la compañía encargada del vuelo habría incumplido sus obligaciones, una infracción que en España puede sancionarse con multas de hasta 100.000 euros por cada pasajero transportado de manera irregular.

En todo caso, una vez identificada la vicepresidenta, España tenía la obligación de impedir su estancia y tránsito dado que Rodríguez tiene prohibido el paso por el territorio europeo desde junio de 2018, como consecuencia de las sanciones de la UE contra el régimen de Nicolás Maduro. Las normas españolas exigirían que el operador de la nave repatriase a la persona cuya entrada se ha denegado o que la traslade a un país tercero. Rodríguez siguió viaje hacia Estambul, vía Doha, en una línea comercial.

La obligación de comunicar los datos de los pasajeros se deriva de las directivas aprobadas por la Unión Europea en 2004 y en 2016, como consecuencia del progresivo endurecimiento de los controles fronterizos para combatir la inmigración ilegal y el terrorismo internacional. La primera, de 2004, fue promulgada precisamente a iniciativa de España, que instó a la UE a imponer la obligación de facilitar los datos y a castigar de manera severa a los posibles infractores.

La directiva obliga a los Estados a “imponer a los transportistas la obligación de comunicar, a más tardar al término del embarque, cuando lo soliciten las autoridades encargadas de los controles de personas en las fronteras exteriores, la información relativa a las personas que van a transportar a un paso fronterizo”.

La norma comunitaria fue incorporada al derecho español y, desde 2009, se prevén multas “de 10.001 hasta 100.00 euros por cada viaje realizado sin haber comunicado los datos de las personas transportada o habiéndolas comunicado incorrectamente”, según la ley orgánica 2 de aquel año.

Dos años antes, además, la secretaría de Estado del Ministerio del Interior había adoptado ya una Resolución (de 14 de febrero de 2007) en la que extendía la obligación de notificar los datos a todas las rutas procedentes de fuera del espacio Schengen con llegada al territorio español, “ya sea en tránsito o como destino final”.

Fuentes del Gobierno español insisten en que el vuelo de Rodríguez estaba exento del cumplimiento de esa normativa porque se trataba de un tipo de vuelo particular, conocido como aero-taxi. Esas fuentes señalan que la compañía contratada para el vuelo solo tenía que solicitar a AENA un permiso comercial, para cuya concesión no se exige el listado de pasajeros.

Todas las fuentes oficiales y jurídicas consultadas en Bruselas por este diario coinciden, sin embargo, en señalar que la obligación de notificar los datos de los pasajeros incumbe a todas las compañías aéreas, tanto a las de vuelos regulares como a las que prestan sus servicios a clientes particulares.

La directiva de 2004 establece que la obligación afecta a todos los transportistas, a quienes define como “toda persona física o jurídica que preste, con carácter profesional, servicios de transporte de personas por vía aérea”.

La directiva de 2016, que endureció la vigilancia al introducir el llamado PNR o registro de los nombres de los pasajeros, atañe a los vuelos procedente del exterior de la UE realizados por cualquier compañía aérea, a las que define como “empresa de transporte aéreo con una licencia de explotación válida o similar que le permita llevar a cabo el transporte de pasajeros por vía aérea”.

Fuentes consultadas en Bruselas indican que la directiva de 2016 solo excluye a los aviones privados (conocidos popularmente como jets) que no prestan ningún servicio comercial y que son utilizados por sus propietarios. En esos casos, no existe la obligación de notificar por adelantado los datos de las personas que se transportan. Todos los demás vuelos, incluidos los chárteres o los taxis aéreos, sí que están cubiertos por la obligación dado que son realizados por compañías que prestan sus servicios bajo licencia.

En cualquier caso, los vuelos privados procedentes de fuera de la UE también quedan obligados por el código de fronteras de Schengen, que exige al comandante del vuelo comunicar la identidad de los pasajeros a la guardia de fronteras del primer Estado donde aterrice, así como al de destino final.

Fuentes aeroportuarias de aviación civil aseguran que en España se exige la notificación previa de los datos de pasajeros, tanto a las líneas comerciales como a los chárteres o taxis aéreos. Esa información sobre los pasajeros (conocida como API, siglas en inglés de Advanced Passenger Information), es recabada tanto por las empresas de handling del aeropuerto como por las autoridades nacionales.

Los datos recogidos son el número de pasaporte o del documento utilizado para viajar, nacionalidad, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, punto de entrada, código de transporte, hora de salida y llegada, número total de personas transportadas y lugar inicial del embarque. “La información se transmitirá en el momento de la finalización del término del embarque y antes de la salida del medio de transporte”, especifica la Resolución de 2007.

España incumple

La exigencia de los aeropuertos españoles se hace todavía en base a la directiva de 2004 porque España no ha adoptado aún su legislación a la de 2016. La Comisión Europea, de hecho, expedientó a España por ese incumplimiento y el caso se encuentra ya a un paso de la denuncia ante el Tribunal de Justicia europeo. España es el único país de la Unión que no ha adoptado las medidas necesarias para aplicar la norma del PNR.

La directiva ha sido una de las víctimas de la parálisis legislativa sufrida por España desde 2015. En cuatro años ha celebrado cuatro elecciones generales y dos Gobiernos (uno de Rajoy y otro de Sánchez) se han pasado en funciones buena parte de sus mandatos. Aun así, fuentes jurídicas recuerdan que la no transposición de una directiva no exime al Estado de la responsabilidad de su incumplimiento, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

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