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El fiscal general es elegido por el Gobierno en Francia, Alemania y el Reino Unido

El ministro de Justicia desempeña este cargo en Estados Unidos

El fiscal general Geoffrey Cox (izquierda) se dirige a una reunión del Gobierno británico con el ministro para el Brexit, Stephen Barclay, el pasado 14 de enero.
El fiscal general Geoffrey Cox (izquierda) se dirige a una reunión del Gobierno británico con el ministro para el Brexit, Stephen Barclay, el pasado 14 de enero. AFP

Las sospechas y los riesgos de intromisión política en la figura del fiscal general del Estado no son exclusivos de España. Así se regula este cargo en los principales países del entorno:

Francia. Este país cuenta con varias figuras: un fiscal general ante el Tribunal de Casación (Supremo), actualmente François Molins, y un procurador (fiscal) general ante cada tribunal de Apelación. Ambos puestos tienen connotación política: el fiscal ante el Supremo es elegido por decreto presidencial, previa consulta al Consejo Superior de la Magistratura, y los fiscales generales por decreto en Consejo de Ministros. Bajo la autoridad de estos últimos están también los fiscales de la República. Por la cantidad de casos de fuerte connotación política a su cargo, el que tiene mayor exposición mediática —y potenciales presiones políticas— es el fiscal de la República de París.

La independencia de estos fiscales ha sido cuestionada de forma repetida en las últimas décadas, incluso por el Tribunal de Estrasburgo. El pasado agosto, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley constitucional para una “renovación de la vida democrática” que “refuerza la independencia de la Fiscalía”, aunque todavía no ha sido implementada. El principal cambio es que la nominación de estos fiscales requerirá de un “dictamen favorable” y no una mera consulta, como hasta ahora, del Consejo Superior de la Magistratura, por lo que la valoración del candidato de este organismo independiente tendrá más peso que hasta ahora. Aun así, las acusaciones de injerencia política en la justicia no han cesado.

Alemania. La designación política es aquí muy clara. El fiscal general del Tribunal Federal de Justicia (máxima autoridad fiscal en seguridad nacional) es nombrado por el presidente del país, por recomendación del Ministerio de Justicia, con el consentimiento del Bundesrat (Cámara parlamentaria de representación territorial). El fiscal general del Estado tiene estatus de “funcionario político”. La ley establece que desempeñará sus funciones en continua conformidad con las opiniones y objetivos fundamentales de política criminal del Gobierno federal. Y puede ser destituido en cualquier momento por el ministro de Justicia. Como funcionario político, se supone que debe compartir los puntos de vista y objetivos de la política criminal del Gobierno; es miembro del poder ejecutivo y está sujeto a la supervisión del titular de Justicia.

Reino Unido. “La independencia del fiscal es clave en el sistema de justicia penal de una sociedad democrática (…). Los fiscales deben sentirse en libertad para ejercer sus deberes profesionales sin injerencias políticas, y su tarea no debe verse afectada por presiones indebidas o inapropiadas, ni por influencia alguna, venga de donde venga”. El código de conducta de los profesionales de la Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service, en su nombre en inglés) lo escribe por mandato legal el director de Investigaciones Públicas (director of Public Prosecutions). En términos prácticos, esta figura representa el puesto de fiscal general del Estado.

Formalmente, el Servicio de Fiscalía de la Corona depende del abogado general del Estado, con rango de ministro, pero que rara vez participa en las deliberaciones del Gobierno. Resulta contradictorio que el principal asesor legal del Ejecutivo se vea involucrado en decisiones que luego debe valorar jurídicamente con imparcialidad. Una excepción reciente fue la de Geoffrey Cox, quien mantuvo reuniones con la entonces primera ministra Theresa May y sus ministros para advertirles de las consecuencias legales de sus negociaciones sobre el Brexit.

Italia. La Fiscalía italiana está desglosada en diferentes oficinas territoriales, una por región (hasta 20), que a su vez se dividen en circunscripciones. Cada uno de los fiscales generales de la República se rige por el principio de independencia y autonomía. Su nombramiento depende, después de un concurso público, del Consejo Superior de la Magistratura (CSM, equivalente al Consejo General del Poder Judicial), formado por 27 miembros divididos en diferentes corrientes políticas.

Sí existe, en cambio, en el país transalpino una figura con autoridad nacional, con competencias específicas: el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo. Este cargo, que se estrenó en 1992, un periodo clave en la lucha contra la mafia y la corrupción política, es nombrado directamente por el Consejo Superior de la Magistratura, a propuesta del Ministerio de Justicia.

El Ministerio Fiscal tiene un papel fundamental en el ordenamiento jurídico italiano. Desde 1989 no existe la figura del juez instructor. Al contrario que en España, el fiscal dirige la fase de instrucción.

Estados Unidos. El fiscal general es el ministro de Justicia. El cargo existe desde el primer Ejecutivo de George Washington en 1789. Es nombrado por el presidente y es un miembro del gabinete más. La alineación con las prioridades del presidente, y por tanto con la posición política mayoritaria del país en ese momento, se da por hecha. Sin embargo, como primer cargo de la justicia del país se le presupone independencia desde el momento en que se le nombra. Es decir, que en caso de conflicto, pondrá siempre la ley por delante de los deseos de quien le nombró.

El principal filtro es que tiene que ser aprobado por la mayoría absoluta del Senado y su actividad está sometida a un control exhaustivo por el Comité de Justicia. Si el Senado tiene una mayoría de la oposición, lo cual no es raro, el presidente no puede nombrar a ideólogos inaceptables. Al mismo tiempo, la oposición debe respeto a la decisión de las urnas y no suele vetar candidatos. El fiscal general puede ser investigado y destituido por un impeachment, igual que el presidente.

Con información de Silvia Ayuso (París), Enrique Müller (Berlín), Rafa de Miguel (Londres), Lorena Pacho (Roma) y Pablo X. de Sandoval (Los Ángeles).

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