Interior dio sin concurso durante dos décadas un negocio de 70 millones al año

El ministerio estaba obligado a permitir la concurrencia de otras empresas al servicio de telefonía de Policía y Guardia Civil

Un guardia civil habla por teléfono durante un registro en Melilla en 2014.
Un guardia civil habla por teléfono durante un registro en Melilla en 2014.EFE

El Ministerio del Interior ha dado durante casi dos décadas un negocio de 70 millones anuales a Telefónica sin sacar concursos públicos que permitieran la competencia de otras empresas. La gestión de las comunicaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil (que suman 15.000 líneas móviles y 70.000 puntos de acceso fijos) ha incumplido durante este tiempo el principio básico de la libre concurrencia, que las sucesivas leyes de contratación pública consagran desde 1995. Varios expertos consultados por este diario califican la situación de irregular y no se explican cómo ha podido prolongarse durante tanto tiempo. 

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La situación anómala se ha mantenido hasta hace unas semanas. En diciembre se resolvió el primer concurso público para la contratación unificada de las comunicaciones de ambos Cuerpos. Un concurso declarado secreto, del que no se conocen condiciones ni licitadores y que ni siquiera figura en la Plataforma de Contratación Pública donde se pueden consultar todas las licitaciones de la Administración. Telefónica ha ganado los tres lotes de Policía Nacional mientras que los cuatro de Guardia Civil se han repartido entre Orange, Telefónica, Vodafone y BT, según fuentes del sector.

La irregularidad de la prestación de servicios de la Policía la reconoce el propio Ministerio del Interior en respuesta a una petición de información amparada en la ley de transparencia formulada por este diario. “No existe contrato, ni por la modalidad de contratación directa ni por concurso público”, asegura el documento fechado en octubre pasado, que añade que los servicios se le pagan a Telefónica “mediante facturación fija”.

Los expertos consultados, que piden anonimato, no se explican esta forma de abonar un servicio. La Policía, aseguran, está sujeta a la ley de contratación pública y cualquier contrato de servicios debe estar sometido a pública concurrencia, tanto si es abierto como si es restringido. La respuesta de Interior precisa que la Policía cuenta con 6.421 móviles, 30.322 terminales fijos y un grueso de datos de Internet de 1.355 Mbps. Añade que todos los móviles con acceso a datos tienen tarifa plana. Un portavoz de Interior aseguró que este servicio cuesta 33 millones de euros al año.

Pagos por anticipo de caja

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En el caso de la Guardia Civil, Interior asegura que los 34 millones de euros anuales que de media le suponen los gastos corrientes de telefonía (8.821 terminales móviles, 122 terminales vía satélite y 40.633 puntos de acceso fijo) los ha estado abonando “a través de pagos por anticipo de caja fija”. Un método que también critican los profesores universitarios consultados. Los anticipos de caja se emplean para abonar gastos de dietas, transporte o material que surgen de manera imprevista. No deben justificarse previamente, sino que se rinde cuentas de su empleo a final de año, cuando se envían al Tribunal de Cuentas.

El real decreto que regula esta modalidad de pagos especifica que la cuantía global de estos anticipos no podrá exceder el 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios en el ministerio u organismo autónomo. Los gastos corrientes en bienes y servicios solo de la Guardia Civil en 2019 ascienden a 330,15 millones de euros, por lo que los 34 millones de la factura de telefonía superan ampliamente ese límite del 7%.

Estos pagos han sido supervisados por la Intervención General de la Administración del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda. Fuentes de este departamento confirman la irregularidad del sistema con el que Interior abonaba a Telefónica los gastos de telefonía y datos de sus Cuerpos de seguridad. Según explican fuentes de la Intervención, los pagos estarían amparados por un contrato antiguo, probablemente anterior a la privatización de Telefónica, que ha venido prorrogándose tácitamente hasta hace unos meses.

Los interventores consideraban que el gasto no estaba sujeto a fiscalización previa por ser de carácter periódico y porque ya fue fiscalizado el primer año tras la firma del contrato. Eso explicaría que, pese a incumplir la legislación, el sistema haya estado pasando los controles durante cerca de 20 años. A ello se suma el hecho de que el Tribunal de Cuentas no ha elaborado ningún informe en este tiempo sobre los gastos de Policía y Guardia Civil. Tampoco lo tiene previsto para este año 2020. Tanto Interior como Telefónica rechazaron informar sobre el año de la firma del contrato y explicar por qué la situación anómala se ha prolongado hasta el pasado marzo, cuando finalmente el Gobierno decidió ponerle fin. 

Interior decidió convocar un concurso que dará servicio a Policía y Guardia Civil durante cinco años con un valor aproximado de 268,9 millones de euros. Lo anunció el propio departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska en una nota de prensa. La decisión se aprobó en el Consejo de Ministros del 15 de marzo. Según esa comunicación, con la licitación conjunta pretendía ahorrar 30 millones de euros al año. Ni el informe económico de esa licitación ni los pliegos ni ninguna otra información están disponibles públicamente, puesto que Interior la ha declarado secreta. A preguntas de este diario, Interior informó de que finalmente la adjudicación se ha hecho por 153,8 millones de euros, con una rebaja del 40% sobre el valor estimado de licitación. 

Telefónica lidera los contratos públicos 

En 2017 Telefónica acaparaba el 87% de los contratos de telecomunicaciones que oferta la Administración General del Estado (porcentaje que le reportó 223 millones de euros), según el informe Reina que elabora cada año el Gobierno. Ese mismo año, según figura en el informe anual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cuota de mercado de Telefónica era del 30% en el caso de los teléfonos móviles y del 51,9% en banda ancha fija. 

Actualmente, el alto porcentaje de penetración de la compañía en la Administración está en declive por la pujanza de sus competidores, según fuentes del sector de las telecomunicaciones. Los rivales de Telefónica aún se quejan de concursos como el resuelto recientemente por RTVE, que le adjudicó un contrato de 30 millones tras poner condiciones que fueron recurridas por otras compañías al entender que las eliminaban de facto. Las fuentes consultadas señalan, sin embargo, que las Administraciones han optado en los últimos años por concursos “más abiertos” y la consecuencia ha sido que ha descendido la cuota de Telefónica en ese mercado. 

La decisión de Interior de cambiar el modelo y ofrecer a otros operadores la gestión de las telecomunicaciones de las Fuerzas de Seguridad llega dos años después de dos concursos similares ofertados por el Ministerio de Defensa y el CNI, ambos por procedimiento abierto.

“Antes parecía difícil asumir que un Cuerpo de Seguridad contratara con otro que no fuera Telefónica y la situación estaba enconada. Eran precios sujetos a una época en la que había precios regulados; ahora es diferente. Interior abarata sus gastos un 45% desde el año que viene con la concurrencia competitiva”, censuran fuentes conocedoras de las tarifas con facturación fijas que abonaba Interior a la Policía. 

Cuando hace dos décadas se liberalizó el mercado, las nuevas compañías disponían de un despliegue de zonas y cobertura limitadas en la Península. Sin embargo, con los años la capacidad de los grandes operadores completó su recorrido por el país y la cobertura de las líneas móviles pasó a ocupar todo el territorio hace más de una década. En paralelo, los técnicos de ambos Cuerpos han recelado de los cambios de operadores telefónicos por la complejidad que supone la migración de miles de líneas fijas y móviles.

Tras décadas de colaboración, de forma abrupta, el pasado marzo la Guardia Civil rompió con Telefónica y dio sus líneas móviles a Vodafone sin concurrencia pública, solo seis meses antes de que se fallara el contrato ofertado por el Ministerio del Interior. El Instituto Armado no ha querido explicar las razones de su reciente y breve cambio de operador de móvil.

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