La Junta lleva al juzgado documentos sobre los ERE hallados en tres cajas fuertes “ocultas”
El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, asegura que la información fue localizada “en sobres lacrados en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)”
El caso de los ERE no ha acabado con la sentencia que ha condenado a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros. El Gobierno andaluz presidido por el popular Juan Manuel Moreno ha informado este martes de que ha enviado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un convenio firmado el 30 de diciembre de 1998 en el que la Junta, gobernada entonces por el PSOE, se compromete a no reclamar las ayudas ilegales declaradas por la Unión Europea a una empresa cárnica de Jaén.
La documentación fue hallada en “sobres lacrados en tres cajas fuertes de un metro” de altura en la sede de la Agencia andaluza IDEA, según ha detallado el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, quien ha advertido que “próximamente vendrán más” entregas. Según su versión, esas cajas fuertes “están llenas de papeles de los ERE”, una documentación “que en vez de aportarla al juez la guardaban en cajas fuertes”.
Bendodo ha asegurado que fue “personal” de IDEA el que advirtió a finales de la semana pasada de las cajas “ocultas” y lo puso en conocimiento del director general de la agencia pública.
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La información que ha trasladado al juzgado afecta a dos “convenios privados” suscritos en la misma fecha, el 30 de diciembre de 1998, ambos “sin membrete oficial y sin pasar por la Intervención de la Junta de Andalucía”, ha destacado Bendodo.
Uno de ellos está firmado por el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y el vicepresidente de la cárnica Campofrío. En él se asegura que Campofrío, a través de su filial Campocarne, se compromete a invertir 4.000 millones de pesetas en cuatro años y la creación de 300 puestos de trabajo en la antigua empresa Hermanos de Andrés Molina, declarada en suspensión de pagos en 1995. Esta empresa recibió 8.000 millones de pesetas de la Junta (48,01 millones de euros) que la Comisión Europea declaró ilegales y con la obligación de devolver el importe más los intereses.
La Junta, por su parte, se compromete a dar dos subvenciones por un importe total de 4,4 millones de euros. La efectividad del convenio está sujeta a que lo apruebe el Consejo de Gobierno. En el acuerdo figura que “la Junta no dirigirá acción alguna de reclamación” a la cárnica de las ayudas que la Unión Europea consideró ilegales por considerarlas competencia desleal.
El mismo día de la firma de ese convenio, el 30 de diciembre de 1998, se produce también la compra-venta por parte de Campofrío de la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina, participada por la Junta a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), sociedad que luego se denominó IDEA. En ese documento se pacta el compromiso de no reclamar las ayudas consideradas ilegales a Campofrío, al entender que como sociedad compradora “no ha obtenido beneficio alguno como consecuencia de tales ayudas”.
En la documentación facilitada por el Gobierno andaluz a los medios de comunicación se hace constar que los documentos han sido “archivados en la caja fuerte” del IFA.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Manuel Chaves acabó otorgando el 9 de noviembre de 1999 un préstamo por 5,8 millones de euros a Campocarne. Por esta ayuda, la Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado 3 de diciembre investigar a Manuel Chaves y Gaspar Zarrías por prevaricación y malversación. Ambos fueron condenados a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso del juicio político de los ERE.
“Bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne, lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con malversación”, asegura la Fiscalía.
En un informe enviado al Juzgado número 6 de Sevilla, el fiscal estima que la supuesta malversación por el “préstamo puente” concedido hace 20 años no estaría prescrita porque el crédito “se consuma” cuando deja de ser considerado un activo y pasa a ser una pérdida, y desconoce cuándo ocurrió, ya que el periodo de carencia iba de 2002 a 2008.
