La Audiencia de Sevilla estudia si envía ya a prisión a cuatro excargos condenados por los ERE

La Audiencia de Sevilla estudia este jueves si envía a la cárcel a los dos exconsejeros de Empleo andaluces Antonio Fernández y José Antonio Viera, y a los dos ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, condenados a más de siete años de prisión en la pieza política del caso ERE. Los tres magistrados comunicarán su decisión mañana viernes, tras celebrar esta mañana una vistilla para escuchar los argumentos de las acusaciones y defensas después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara la ejecución de la sentencia sin esperar a que esta sea firme en el Tribunal Supremo.

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La Audiencia decidirá si existe riesgo de fuga, si los condenados pueden entorpecer a la justicia o alguno de ellos puede volver a delinquir. La comparecencia se celebra a puerta cerrada con los cuatro acusados y sus abogados, los fiscales y las acusaciones del procedimiento. Guerrero y Márquez fueron condenados la pasada primavera a otros cinco años de cárcel por malversación, en una causa sobre contratos fantasma de trabajadores por parte de una empresa ajena a la Consejería. Anteriormente, Guerrero y Fernández estuvieron en prisión preventiva en 2012 durante varios meses tras ordenarlo la instructora Mercedes Alaya.

Viera ejerció como consejero de Empleo andaluz entre 2000 y 2004, delegado del Gobierno en Andalucía y posteriormente diputado andaluz y en el Congreso por el PSOE. Su sucesor en Empleo, Fernández fue consejero entre 2004 y 2010, y más adelante diputado andaluz. De los diez condenados por malversación, los fiscales han pedido los que acumulan condenas de más de siete años de prisión, salvo el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula socialista del PSOE andaluz, notificada el 20 de noviembre, censura con tono grave el “sistema fraudulento” que instauró la Junta de Andalucía en el año 2000 para conceder subvenciones directas a empresas en crisis y pagar el coste que suponían los ERE y que supuso un gasto de 680 millones de euros durante una década.

Los hechos probados del fallo describen cómo el cambio en el mecanismo de pago “posibilitó que se aplicaran, se gastaran y se ejecutaran [las ayudas], prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. El nuevo procedimiento de pago supuso “la ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de renta sufragadas con fondos públicos”. Es decir, permitió que ciertos intrusos fueran prejubilados en los ERE de las empresas sin haber trabajado nunca en ellas, entre ellos amigos y vecinos de alguno de los condenados.