El reto pendiente de abrir la mayor fosa común de España

Mercedes Abril tiene 86 años. Vio a su padre, Rafael, por última vez cuando tenía tres, en 1936. “Me lo quitaron, me lo mataron y luego me lo escondieron”. Mucho tiempo después descubrió, con horror, que el cadáver había sido trasladado al Valle de los Caídos y empezó a batallar para recuperarlo. “Franco es el responsable de que mi madre llorara durante años, de que yo no tuviera niñez, de que mis hijas no conocieran a su abuelo y mis nietos, a su bisabuelo. Claro que es un alivio que autoricen su traslado. Era doloroso y ridículo que mi padre estuviese junto al verdugo, como vigilándolo todavía. Pero hay algo pendiente, que sigue haciendo daño; quiero tener un sitio digno para enterrar a mi padre y poder llevarle unas flores. Como cualquier persona. Y se nos acaba el tiempo”.

Una veintena de familiares de republicanos trasladados al Valle de los Caídos ha solicitado recuperar los restos. Manuel Lapeña, de 95 años, llevó el asunto hasta los tribunales, y tras un farragoso proceso, en 2016 logró una sentencia judicial que ordena exhumar a su padre y a su tío, ahora “enterrados junto al asesino”, como suele decir. También el padre y el tío de Fausto Canales, yacen en el mausoleo. El Gobierno ha prometido “hacer todo lo posible” por devolver los restos a esas familias, pero la lentitud del proceso empieza a desesperarles.

“Ayer [por el lunes] recibí una carta del presidente Sánchez”, explica Mercedes Abril. “Respondía a otra mía en la que le pedía que agilizara las exhumaciones. Me contestó que van a intentar solucionarlo. Pero el tiempo pasa. Muchos ya se han ido sin verlo. Quedamos unos pocos hijos y los nietos que no abandonan a sus abuelos”, explica.

El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional recibió la semana pasada el informe encargado al Instituto Eduardo Torroja, del CSIC, para evaluar el estado de las criptas donde yacen los republicanos, y solicitó varias aclaraciones que, de nuevo, han retrasado el procedimiento. Fuentes conocedoras del informe confían en poder tener resueltas pronto esas dudas. Eduardo Ranz, que representa a seis de estas familias, ha pedido que reciban a Mercedes Abril. “Exhumar al dictador es fundamental para este país porque resuelve una anomalía democrática, pero falta la reparación a las víctimas del Valle de los Caídos”, afirma el abogado, que asesoró al Gobierno en el procedimiento para el traslado de los restos de Franco.

El pasado 26 de febrero, el Ministerio de Justicia organizó una visita al mausoleo para que Mercedes Abril y otras cinco familias vieran la cripta donde fueron enterrados los cuerpos. “Por una ventanita vi un montón de cajas amontonadas, cada una de un pueblo”, recuerda Abril. “Permanecen tirados, no enterrados”, declaró la ministra Dolores Delgado. “La fosa más grande de España es la del Valle de los Caídos, donde yacen los restos de 33.800 personas, 18.000 de ellas republicanos. Reclaman un entierro digno”, añadió.

El Gobierno ha tomado muestras de ADN a los familiares para tratar de identificar los restos una vez exhumados. No todos los descendientes tienen la misma suerte. En algunas criptas filtraciones de agua han destruido las cajas de madera y mezclado los huesos.

¿Qué hacer con el Valle de los Caídos una vez que sea trasladada la tumba de Franco y devueltos a sus familiares los restos de los republicanos allí enterrados sin su consentimiento? Mercedes sugiere que el Estado lo convierta en un monumento “que explique quién lo construyó, qué pasó de verdad en la Guerra Civil y después”. El historiador Santos Juliá ve difícil cambiar de significado el mausoleo, incluso aunque ya no lo presida la tumba de Franco. “El Valle de los Caídos es un monumento a la guerra, una celebración de la cruzada, y eso no es resignificable. Franco está ahí de manera espúrea, no es un caído y debe salir, y los familiares de las víctimas, recuperar los restos, si es posible. Pero el mejor destino de ese monumento es su ruina, dejar que el tiempo cumpla su función y que no se vuelva a invertir un solo euro de los Presupuestos del Estado en su mantenimiento”. Al historiador Julián Casanova le gustaría que se convirtiese en un “monumento explicado. Es el mejor lugar para contar la simbiosis entre política y religión”.

Francisco Ferrándiz, antropólogo del CSIC y miembro del comité de expertos al que José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 la resignificación del monumento, cree que la exhumación de Franco “es imprescindible pero en absoluto suficiente”. “Hay que convertirlo en una herramienta pedagógica que muestre qué es un régimen totalitario”, añade. Ferrándiz propone un concurso internacional de ideas que atraiga a los mayores especialistas primero para atraer a “un visitante muy distinto al que tiene ahora” después.

De momento, los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) avalan el traslado de Franco, primer paso para cambiar de significado el mausoleo, pero un juez, José Yusty, hijo y nieto de almirantes franquistas, parece dispuesto a echar un pulso al Estado.