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El Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra los defraudadores

El alto tribunal considera que la filtración de los nombres de 130.000 evasores fiscales no vulnera el derecho a la presunción de inocencia

Herve Falciani, el pasado 11 de septiembre, a su llegada a la Audiencia Nacional. AP

La última resolución del Tribunal Constitucional traspasa fronteras. Los magistrados del pleno avalaron este martes la bautizada como lista Falciani, una relación de 130.000 fichas de evasores fiscales que el informático Hervé Falciani extrajo del HSBC suizo y que fue utilizada en España para iniciar procesos penales contra los defraudadores. Este respaldo del Constitucional llega tras rechazar un recurso de amparo presentado por Sixto Delgado, un ingeniero  industrial que aparecía en dicha lista y que fue condenado a seis años de cárcel.

Sin ninguna grieta, la decisión del pleno fue unánime. El uso de la lista Falciani en el procedimiento penal contra Sixto Delgado no supuso una violación de sus derechos fundamentales, como él alegaba. "Ni vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni a un proceso con todas las garantías", coincidieron los magistrados, según informó este martes el Constitucional, que avanzó la resolución del alto tribunal e informó de que en los próximos días se publicará la sentencia donde se desarrollará su contenido.

A la espera del dictamen, cuya ponencia corre a cargo del magistrado Alfredo Montoya, la decisión ya supone el respaldo a un documento clave en la lucha contra la evasión fiscal. De hecho, según desvelaron antiguos miembros del Gobierno, gracias a ese listado se había logrado recaudar en apenas tres años más de 250 millones de euros ocultos a Hacienda. "Fue la operación de regularización más importante que ha habido en todos mis años y creo que en toda la historia", llegó a afirmar el ex secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que testificó en 2013 en la Audiencia Nacional en la vista celebrada tras la petición de entrega cursada por Suiza, que acusa a Falciani de un delito de "espionaje financiero agravado". Una primera extradición que fue denegada y a la que se opuso también la fiscal que llevó entonces el caso, Dolores Delgado, actual titular de la cartera de Justicia. La representante del ministerio público alegó que sin esa lista "hubiera sido imposible conocer" la bolsa de fraude y añadió: "España se ha beneficiado de esa colaboración de una forma histórica".

Nacido en Mónaco y residente en España desde 2012, adonde llegó escondido en un barco procedente de Francia, Hervé Falciani extrajo en 2008 una relación de 130.000 supuestos defraudadores que constaban en la base de datos del banco HSBC de Ginebra, donde trabajaba desde 2001. Una información que entregó a continuación a las autoridades francesas. Estas, a su vez, remitieron en mayo de 2010 a la entonces ministra de Hacienda, Elena Salgado, una lista con los españoles que constaban en ella. Y se puso así en marcha la maquinaria contra los defraudadores.

Uno de ellos era Sixto Delgado, un desconocido ingeniero industrial de Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre nacido en 1944 que había trabajado durante tres décadas en la petrolera Repsol, hasta que dejó la empresa en 2000; que estuvo dos años cobrando el paro; que fue contratado en 2006 por su propia hija para su negocio de turismo rural; y que se jubiló en marzo de 2009. En definitiva, alguien que nunca había levantado sospechas y que siempre había pasado desapercibido. Pero la lista Falciani lo cambió todo. 

Su nombre figuraba entre los casi 130.000 presuntos evasores fiscales. Posteriormente, la investigación judicial descubrió que había ocultado más de 10 millones de euros en cuentas bancarias suizas. Y el Tribunal Supremo lo condenó en febrero de 2017 a seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública. En esa resolución, además, los magistrados de la Sala de lo Penal avalaban por primera vez el uso de estos documentos bancarios, pese a que habían sido sustraídos.

La petición de Suiza

El abogado del ingeniero industrial alegaba que la obtención ilícita de la lista Falciani invalidaba la prueba. Pero el Supremo rechazó de plano esa tesis. El alto tribunal diferenció entre dos formas de obtención ilícita de documentos o datos de terceros. Si lo hace la policía o "los aparatos del Estado", la prueba no es válida; pero si lo hace un particular, que "no buscaba prefabricar pruebas sino obtener un lucro", como era el caso de Falciani, sí se le puede dar validez. Una respuesta de la justicia que no convenció a Sixto Delgado, que recurrió entonces al Constitucional, que este martes le volvió a negar la razón.

Mientras tanto, Suiza mantiene la batalla contra Falciani. El país helvético aún le reclama para cumplir cinco años de cárcel por filtrar los datos bancarios. Y el pasado año volvió a la carga contra el informático, que se enfrentó a una segunda petición de extradición en la Audiencia Nacional. Eso sí, los magistrados la rechazaron otra vez al entender, al igual que la Fiscalía, que los hechos por los que se le reclama —un delito de "espionaje financiero agravado"— no están tipificados en el Código Penal español.

Una década desde la filtración de datos

  • La extracción. Falciani hace el movimiento clave en 2008. En marzo de ese año, la Asociación Suiza de Banqueros lanza una alerta y afirma que un tal Ruben Al-Chidiak, acompañado de una mujer, se había presentado en las oficinas del banco libanés Audi en Beirut para negociar la venta de una base de datos de clientes de diferentes bancos suizos. La policía suiza descubre que Al-Chidiak es Falciani y lo detiene el 20 de diciembre de 2008. Pero el informático es puesto en libertad y, al día siguiente, huye a Francia. 
  • La revelación. La fiscalía y la policía francesa irrumpen en enero de 2009 en la casa donde se había instalado Falciani y su familia. Era una operación abierta tras la petición de Suiza de que actuaran contra él. Pero el ministerio público descubre entonces la dimensión de la información y abre una investigación contra los defraudadores.
  • La colaboración. En febrero de 2010, la Hacienda española se pone en contacto con París para que le facilite una relación de los evasores fiscales españoles que constan en la lista Falciani. El país vecino facilita un CD con los nombres de más de 650 defraudadores. Dos años después, el informático deja Francia escondido en un barco.