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Exteriores pide a la justicia que cierre las ‘embajadas’ catalanas en Berlín, Londres y Ginebra

La Abogacía del Estado pide paralizar estos centros porque suponen un “grave perjuicio” a la acción exterior de España

embajadas berlin londres
Un hombre con un cartel de se vende pasa por delante de la fachada de la sede de la Embajada de la Generalitat de Cataluña en Bruselas (Bélgica).

Exteriores ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cierre las embajadas catalanas abiertas en Alemania, Reino Unido e Irlanda y Suiza, según un comunicado remitido este martes por el ministerio. La Abogacía del Estado considera que los centros diplomáticos de la Generalitat en Berlín, Londres y Ginebra vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y operan "con singular intensidad para un proceso secesionista que ha sido declarado inconstitucional".

La petición se presentó este lunes como medida cautelar en el marco del recurso contencioso administrativo interpuesto en 2018 contra el decreto de la Generalitat que restablecía estas tres delegaciones y las de Estados Unidos, Francia e Italia. Todas ellas habían sido cerradas en noviembre de 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017, con el expresidente Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo.

La Ley de Acción Exterior, aprobada durante el mandato de Rajoy, obliga a las comunidades que deseen abrir oficinas en el extranjero a pedir un informe al Gobierno que determine si esos centros se ajustan a la norma. Pero el documento es solo preceptivo, no vinculante, por lo que la autonomía puede desoírlo y seguir adelante con el proyecto. Al Ejecutivo central le queda entonces el recurso a los tribunales.

Bosch: "Estamos cumpliendo con una obligación del Govern"

C. BAQUERO / À. PIÑOL

La petición del ministerio de Exteriores al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que cierre las delegaciones del Govern en Alemania, Reino Unido y Suiza -ya que considera que vulneran competencias del Estado en relaciones exteriores- ha pillado al consejero de Acción Exterior de la Generalitat en Estrasburgo. Alfred Bosch se ha mostrado confiado en que la justicia le dará la razón. "Estamos muy tranquilos. Estar presentes en el mundo es una necesidad. [Abriendo las llamadas embajadas] Estamos cumpliendo con una obligación del Gobierno de Cataluña", ha asegurado. 

Bosch ha recordado que "hay sentencias que reconocen la competencia de la Generalitat para abrir delegaciones" y ha explicado que el Govern hace "lo mismo" que hacen otras comunidades autónomas y ciudades. "Estaremos pendientes de cómo acaba la última ocurrencia del ministro Borrell", ha apuntado el consejero, que ha participado en el pleno de inicio de la nueva legislatura de la eurocámara.

Los comunes han rechazado la decisión de Exteriores y han reiterado que la vía de la judicialización de la política no es una solución al conflicto. “Llevarlo a un tribunal no lo solución”, ha afirmado, en declaraciones en el Parlament, la diputada Susanna Segovia. Lorena Roldán, portavoz adjunta de Ciudadanos, ha calificado la petición de cierre de “paripé” de Borrell al no comprender porque pretende clausurar solo tres embajadas y permite el funcionamiento de otras seis como el caso de las de México y Túnez. Su análisis se basa en que Sánchez ya habría decidido gobernar tanto con populistas como con los secesionistas y ha insinuado que la medida es, por tanto, una maniobra de distracción.

La socialista Alícia Romero ha admitido que el PSC desconocía con antelación los planes del Ministeriol y ha deslizado que imagina que tienen indicios de que en esas delegaciones no se actúa con neutralidad. “Esas oficinas deben ser neutrales. No conocemos bien lo que ha pasado para que el Gobierno ponga el recurso y seremos prudentes pero”, ha matizado, “es verdad que todo lo que se solucione desde la política mucho mejor”.

Según Exteriores, la actividad de las delegaciones catalanas en el exterior se está revelando dañina para los intereses del Estado. Y ha constatado que la que se realiza en Berlín, Londres y Ginebra "responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos". El ministerio ya instó la semana pasada a la Abogacía del Estado a exigir medidas cautelares por este motivo. Es decir, a paralizar la apertura de las delegaciones de la Generalitat que aún no están en marcha y a cerrar las que hayan registrado irregularidades. Esa situación afectaba potencialmente a seis. Las tres recurridas este lunes figuran en esa tanda. Las otras tres son las de Estados Unidos, Francia e Italia. “Están siendo un instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España”, argumenta el ministerio.

El Gobierno tiene indicios de que algunas de las delegaciones que despliega la Generalitat catalana en el exterior incumplen la ley. En el caso de las tres últimas —las de México, Argentina y Túnez, aprobadas hace unos días, pero aún por abrir— Exteriores había instruido a la Abogacía del Estado para que recurriera su apertura. El ministerio que dirige Josep Borrell las considera “lesivas para los intereses del Estado, habida cuenta del objetivo declarado del actual Govern de emplear todos los medios a su alcance en la llamada internacionalización del procés”. 

En cuanto a las oficinas de Londres, Berlín y Ginebra, el escrito presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, competente en esta materia, justifica las medidas cautelares en que las delegaciones obstaculizan la labor exterior del Estado. "Se encuentran en funcionamiento y contravienen de forma evidente con su actividad, entre otros, un título competencial y exclusivo del Estado, como las relaciones internacionales".

La apertura de las oficinas de la Generalitat en el Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, Estados Unidos e Italia fue anunciada en junio de 2018 y recurrida en septiembre por Exteriores, ya que la Generalitat las abrió sin pedir el informe previo.  Después llegó una segunda tanda de oficinas, en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, para las que la Generalitat sí pidió el informe previo del Gobierno central. 

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