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Los líderes autonómicos avisan de la “situación de emergencia”

Las comunidades reclaman un nuevo modelo de financiación que reemplace al vigente, obsoleto desde 2014

Ximo Puig (derecha) preside el primer pleno del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana en esta legislatura.
Ximo Puig (derecha) preside el primer pleno del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana en esta legislatura. EFE

La renovación del sistema de financiación es una añeja reivindicación de los presidentes autonómicos, con independencia de su signo político. A falta de que se cierren los Ejecutivos regionales para los próximos cuatro años, los pocos que ya tienen asegurado su mandato comparten la urgencia de que se apruebe un modelo que tenga en cuenta la falta de financiación para los gastos de sanidad, educación o dependencia. Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con presidentes del PP y el PSOE, unieron fuerzas el año pasado para reclamar un cambio acorde a los problemas de despoblación, dispersión y envejecimiento que comparten. Comunidades turísticas como Baleares tienen el problema de la población flotante. La Comunidad Valenciana achaca sus apuros a la infrafinanciación del modelo vigente. Pero el malestar es general.

Es urgente e imprescindible un nuevo sistema. Es inaplazable: el desastre es incalculable si no se afronta. No solo por las comunidades que ya estamos en situación de emergencia. Es por el conjunto del sistema, que se encuentra en riesgo de colapso. Los expertos hablan de un déficit del conjunto del sistema de 16.000 millones para mantener la sanidad, educación... Y va aumentando año a año. Esto hace que tengamos que vivir enchufados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una trampa porque genera más deuda”, advierte el presidente valenciano, Ximo Puig.

“No se puede pedir a las comunidades que den más prestaciones y nos ahoguen financieramente. No es un problema de anticipo a cuenta: la ley está obsoleta”, considera Emiliano García-Page. Para el presidente de Castilla-La Mancha “es evidente que con un Gobierno ahora mismo en funciones y que está ejecutando el presupuesto del anterior es complicado llegar a un acuerdo”, pero lo fundamental es que el modelo “no se ajusta a las necesidades de las comunidades para prestar servicios públicos esenciales”.

La dificultad de aprobar un nuevo sistema lleva a García-Page a proponer avances en un modelo centrado en la sostenibilidad de la sanidad. “El principal gasto de cualquier comunidad autónoma, y que además está sometido a mayor tensión por variables que no son controlables, es el gasto sanitario. Ahí además influye el gasto farmacéutico, determinadas terapias o tratamientos que se incluyen en la cartera de servicios e igual no tenías previsto… Se puede intentar hacer, si hay voluntad, no abordar la reforma de todo el modelo de financiación pero avanzar parcialmente”.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, el único junto a García-Page en ganar las elecciones del 26 de mayo con mayoría absoluta, advierte que hay que financiar “adecuadamente” la sanidad. “Estoy dispuesto a que lo discutamos aquí [el Parlamento regional], a volver a incorporar la financiación de la sanidad como un elemento absolutamente imprescindible para su sostenibilidad... Si no, no lo será”, recalcó en su discurso de investidura en la Asamblea de Extremadura. Fernández Vara, médico de formación, instó a “ser capaces de tener un sistema de sanidad que sea sostenible”.

El sistema es complejo, opaco y está plagado de parches y excepciones que lo convierten en una suerte de Frankenstein. Pero básicamente funciona así: cada verano, el Gobierno informa de su previsión de ingresos a las autonomías para que elaboren sus presupuestos. El Estado les transfiere anticipos mensuales de acuerdo con los impuestos cedidos (50% de IRPF e IVA, 58% de Especiales); dos años más tarde, con las cuentas ya cerradas, se liquida la diferencia entre lo estimado y lo finalmente recaudado. Todo ese mecanismo está regulado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de manera que si el Gobierno central no aprueba sus presupuestos no se pueden actualizar las cantidades. “Hay que lograr un gran acuerdo, no partidista, sobre qué Estado del Bienestar estamos dispuestos a pagar”, señala Puig. Gobierne quien gobierne, sea la comunidad autónoma que sea, la sanidad representa la mayor parte de los costes. En el caso de la Comunidad Valenciana supone casi 7.000 millones de un presupuesto de 22.000”, observa el presidente autonómico.

Las aportaciones a la dependencia, cartera que guarda relación con el sistema sanitario, son otras de las grandes preocupaciones de las comunidades autónomas. “El Estado tiene que atender ya la financiación de la dependencia. Sufrimos desde hace más de cinco años una absoluta infrafinanciación. La ley dice que el 80% del gasto de la dependencia debe ser público, y el 20% restante privado y lo aportan los usuarios. Pero de la parte pública se debería repartir a partes iguales y en nuestro caso estamos en un 82%-18%. Eso nos ha generado desde 2013 un desfase de 500 millones. Eso, en un presupuesto no financiero de 7.000 millones, es un gasto muy importante”, expone García-Page.

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