Los pactos locales entre la derecha entierran la reforma de la ley electoral

La conclusión es clara: La situación actual de confusión con los variopintos pactos postelectorales para los cargos locales tras el 26-M se volverá a repetir dentro de cuatro años en las siguientes elecciones. El actual sistema de elección indirecta de alcaldes es para los principales partidos el menos malo y no vislumbran otro con más consenso. La segunda vuelta que propuso el PP en algunos casos y la prima al partido ganador no la defiende nadie, ni siquiera los populares que la han aparcado a la vista de las alianzas de perdedores que han fraguado ahora para preservar algo de poder local. Los partidos asumen que el bipartidismo acabó y que ahora habrá que acostumbrarse a los pactos, ellos y la sociedad.

En Melilla ha resultado alcalde el único edil de Ciudadanos, con una alianza sorpresa de última hora con el PSOE y Coalición por Melilla para desbancar tras 19 años al popular Juan José Imbroda. En Palencia el regidor salió de una de las tres actas logradas por Ciudadanos, la tercera fuerza tras el PSOE ganador (11) y PP (nueve) gracias a la alianza de las tres derechas. Un escenario que se ha repetido en otras alcaldías, a favor mayoritariamente del PP y en algún caso a compartir con Cs, en Madrid, Murcia, Málaga o Zaragoza, pero también con sorpresas como en Huesca, o Burgos, donde votos extraños de Vox o en blanco sí han proporcionado el bastón de mando a alcaldes socialistas. Ahora hay más partidos, menos mayorías absolutas y más posibilidades de alianzas.

El PP de Pablo Casado presentó hace un año, pocos días después de salir elegido líder y como su primera propuesta, una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que se intuyó como toda una declaración de intenciones. El texto introducía el planteamiento de primar a los partidos ganadores: “Cuando una candidatura obtenga la mayoría simple y haya superado el 35% de los votos válidos emitidos en la circunscripción y distancia, al menos, en cinco puntos porcentuales a la siguiente candidatura, obtendrá automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el Ayuntamiento”.

La idea de aquel PP era dar esa misma asignación de ediles a las candidaturas que pudieran obtener la mayoría simple superando el 30% de los votos válidos y se distanciase, al menos, en diez puntos a la siguiente lista. En esos supuestos se produciría luego una segunda vuelta electoral entre los partidos con más del 15% de los votos y ahí ya se le daría vencedor a la formación que sumase más del 40% de las papeletas o distanciase en siete puntos a la siguiente se le adjudicaría la mayoría absoluta.

Cuando la registró, la entonces portavoz popular, Dolores Montserrat, la justificó como una demanda de los electores para favorecer a los alcaldes que ellos votaban sin “acuerdos oscuros en los despachos” para favorecer los “pactos de perdedores”. Es lo que ha sucedido exactamente ahora y lo que han fomentado todos los partidos que han tenido esa posibilidad.

El PP, además, ya no quiere saber nada de aquella reforma. No se aceptó, no se tramitó y no se discutió, porque los demás partidos ni la consideraron siquiera en la subcomisión sobre la reforma de la ley electoral que se extinguió en el Congreso en febrero pasado sin ningún logro concreto en su haber. La ley electoral lleva vigente desde 1981 y apenas ha sufrido ligeros retoques. Es una de esas normas básicas de las democracias que requieren un consenso cada vez más difícil. El anterior líder del PP, Mariano Rajoy, que en los mítines hablaba mucho en las campañas de los alcaldes ganadores, tampoco se permitió esa variación de las reglas de juego cuando comprobó que el PSOE lo rechazaba.

El panorama, pese al ruido escuchado ahora por los casos de pactos más polémicos o extraños en algunas corporaciones, no está mejor con más partidos en juego. Las nuevas formaciones que llegaron para romper el bipartidismo, Unidas Podemos y Ciudadanos, preconizan cambios en el sistema electoral, pero buscando una mayor proporcionalidad en las elecciones a Cortes y no sobre el método de elección de alcaldes y concejales.

El PP, para empezar, transmite oficialmente que ese asunto “no está ahora encima de la mesa ni en sus prioridades”. Ningún dirigente del equipo de Casado asume hacer una declaración añadida al respecto. Otras fuentes populares de la dirección precisan que en la situación actual, con el PP beneficiándose de esas alianzas de perdedores, no tiene sentido insistir en esa reforma cuando los demás no quieren. Se esperará a que se desarrolle el nuevo curso parlamentario y se esperará a otro momento más oportuno para resucitarla.

El PSOE nunca tuvo clara esa necesidad de cambiar el sistema de elección de alcaldes y su secretario general en el Congreso, Rafael Simancas, ironiza comprobando cómo ahora el PP tampoco: “Si alguien lo plantea, no lo vamos a apoyar. El método actual será mejorable pero no se me ocurre otra alternativa. La del PP era demasiado compleja”.

Mikel Legarda, del PNV, tampoco ve razones para sumarse al debate recurrente de la lista más votada pero sí para profundizar en la idea de qué es lo que se persigue entre las funcionalidades de fomentar la participación o la democracia en los sistemas electorales en general: “Las leyes electorales, que son tan políticas, buscan muchas cosas, no solo la proporcionalidad. ¿Quién gana? ¿Qué es más democrático? En un sistema no presidencialista gobierna el que más apoyos concita y el que suma más apoyos da más gobernabilidad”.

Legarda, que ha estudiado otras alternativas, casi considera el sistema proporcional español el menos malo, como la mayoría de los dirigentes consultados: “Uno de representación pura, en el que no haces cortes, metes a casi todos los partidos, ofrece un gran abanico pero da muchos problemas de gobernabilidad. Y en el otro extremo, el mayoritario, el que gana se lo lleva todo y da gobernabilidad pero dejas a la mitad de la población sin representación”. Esa crítica es la que le achacan también la mayoría de los expertos de los partidos a la propuesta ya olvidada del PP, que por primar al ganador acababa relegando a un porcentaje muy amplio de los vecinos.

Ciudadanos tampoco está en esa exigencia. Cuando provocó en la anterior legislatura varias reuniones entre partidos para hablar de la ley electoral era por otros motivos, como recuerda José Manuel Villegas, su secretario general: “Debería ser más proporcional, con listas abiertas e introducir un corte del 3% nacional para que los partidos tengan representación en el Congreso. Esto es lo que siempre hemos defendido y el bipartidismo ha impedido estos cambios. Con el actual escenario político se irá consolidando en España la cultura del pacto y los gobiernos de coalición, como pasa en muchos países europeos. Necesitamos una Ley electoral que dé más capacidad de decisión a los ciudadanos y menos a los partidos”.

Podemos también se apunta a rebajar el tope de la representación electoral pero no a variar el método de elección en las corporaciones locales. Txema Guijarro, secretario general de Unidas Podemos en el Congreso, defiende la virtud de obligar a la negociación: “Si las reglas de juego son las del parlamentarismo, los ciudadanos votan representantes y estos toman decisiones y llegan a acuerdos. Hay que asumir el sistema y las reglas. No se puede jugar al parchís con las reglas de las damas”.