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Vox quiere prohibir por ley cualquier beneficio a los presos del ‘procés’

Los condenados por rebelión o sedición no podrán ser indultados ni trasladados a cárceles catalanas

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y la secretaria general del grupo, Macarena Olona, en el registro del Congreso.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y la secretaria general del grupo, Macarena Olona, en el registro del Congreso. EFE

Vox quiere atar las manos al futuro Gobierno para que no pueda, directa o indirectamente, beneficiar a los líderes del procés independentista si son condenados por los delitos más graves en el juicio que se sigue en el Supremo. Tal como propuso ya el PP en la anterior legislatura, el grupo ultranacionalista quiere modificar la ley de indulto para que este no pueda ser concedido, ni total ni parcialmente, a los condenados por rebelión o sedición.

Además, Vox se propone prohibir el traslado de los condenados por dichos delitos a comunidades autónomas en cuyos parlamentos tengan representación “partidos que tengan entre sus fines o hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional o la unidad de España”. Con esta fórmula tan alambicada pretende impedir el traslado de dichos presos a Cataluña, que tiene transferidas las competencias penitenciarias. Se trata, según ha reconocido la diputada de Vox Macarena Olona, abogada del Estado, de evitar que se repita la situación de Oriol Pujol, exsecretario general de CDC, que sale a diario de prisión aunque la juez le revocó el tercer grado.

Estas medidas figuran en una proposición de ley de Protección Integral de los Denunciantes de Corrupción, presentada por Vox en el Congreso. El texto, que firma su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, crea una autoridad independiente encargada de tramitar las denunciar anónimas y reconoce la posibilidad de premiar a los denunciantes con un 10% de la cuantía recuperada del perjuicio total al erario público. Además, propone eliminar el límite de seis meses (ampliables a 18 prorrogables) que impuso el PP a la instrucción judicial.

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