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Jueces para la Democracia critica que el Supremo paralice la exhumación de Franco

La asociación judicial progresista rechaza el “abandono del Estado” a las víctimas de la dictadura

Concentración de colectivos que forman la campaña NiValleNiAlmudena, este miércoles tras la suspensión de la exhumación de Franco.
Concentración de colectivos que forman la campaña NiValleNiAlmudena, este miércoles tras la suspensión de la exhumación de Franco. EFE

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha lamentado este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de paralizar de manera cautelar la exhumación del dictador Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, que el Gobierno había acordado realizar el próximo 10 de junio. La asociación judicial progresista considera que la resolución de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tomada por unanimidad de sus cinco magistrados, “confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas”. El Supremo tiene que decidir todavía sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si acepta o rechaza la demanda de la familia del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo que dio luz verde a la exhumación.

En un comunicado, JJpD tacha de “insólita” e “incomprensible” la argumentación de los magistrados del Supremo, que suspendieron de manera temporal el desenterramiento mientras no haya sentencia firme al entender que podría ser "extraordinariamente perjudicial” no solo para la familia del antiguo jefe del Estado, fallecido en 1975, “sino también para el interés público”. “Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público”, afirman los jueces progresistas en su nota.

“Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”, señala la asociación progresista, a la que están asociados 476 de los 5.377 jueces y magistrados de toda España.

JJpD califica también de “insólito” que el Supremo considere a Franco jefe del Estado “sin otra connotación” desde el 1 de octubre de 1936, tres meses después del golpe de Estado del 18 de julio de ese año que dio inicio a la Guerra Civil y dos años y medio antes del fin de la contienda. La asociación recuerda que en esa fecha Franco era el máximo dirigente “de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la comunidad internacional de su época” y que referirse a él como jefe del Estado supone una “falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad”.

Queja formal por la afirmación de que Franco era jefe del Estado en 1936

NATALIA JUNQUERA

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra el auto del Tribunal Supremo que paraliza la exhumación de Franco y en el que se describe al dictador como "jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936", es decir, durante la Guerra Civil.

En el escrito, aseguran que ese relato "la sala da legitimidad al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y considera a un grupo de militares fascistas con capacidad para elegir quién era el Jefe del Estado cuando en ese momento en España era presidente del Gobierno Manuel Azaña, elegido democráticamente el 11 de mayo de 1936". Emilio Silva Barrera, presidente de la ARMH. solicita asimismo información sobre el origen de esa afirmación incluida en el auto y en concreto para saber si "está recogida en el escrito presentado por el abogado representante de la familia Franco".

"Hacer esa afirmación es como decir que el golpista Tejero fue durante unas horas presidente del Congreso de los DIputados o del Gobierno", denuncia la ARMH. Junto a la queja, Silva ha adjuntado el informe del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff sobre la situación de las víctimas del franquismo en el que se resalta la falta de formación de la judicatura española en materia de derechos humanos y memoria histórica.

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