La Fiscalía pide levantar la imputación de Gallardón en el ‘caso Lezo’
Anticorrupción considera que el expresidente madrileño no conocía que la compra de Inassa tuviera un sobreprecio de 35,4 millones de euros
El horizonte judicial del exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se despeja notablemente. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles al juez instructor del caso Lezo que archive la causa contra el expolítico por la compra, en el año 2001, por el Canal de Isabel II –la empresa pública de aguas madrileña- del 75% de la sociedad colombiana Inassa, una operación que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros.
La Fiscalía considera que la investigación, iniciada en julio de 2016, no ha arrojado indicios de que Gallardón y otros ocho miembros de su Consejo de Gobierno imputados con él “conocieran los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría con la compra de Inassa”, por lo que pide que se levante la imputación sobre ellos.
En un escrito remitido hoy, la Fiscalía solicita al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que abra una pieza separada sobre la compra de Inassa en el macrosumario Lezo, que tiene como principal imputado al expresidente madrileño Ignacio González, para poder juzgar estos hechos de manera independiente. La acusación pública pide también archivar la investigación -exclusivamente dentro de esta parte del sumario- sobre el propio González y sobre Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado su testaferro en la trama del Canal de Isabel II en Latinoamérica. La Fiscalía entiende que no hay suficientes indicios de la participación de ambos en el proceso de adquisición de Inassa.
El ministerio público pide, en cambio, que se prosiga la causa de Inassa para 22 miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron la adquisición de la mayoría de las acciones de la mercantil colombiana por 73 millones de dólares en 2001. Entre estos investigados a los que la Fiscalía pretende llevar a juicio figuran dos exconsejeros del gobierno autonómico de Gallardón de aquella época, Pedro Calvo Poch y Juan Bravo. Estos 22 imputados, según el fiscal, “otorgaron la autorización para la compra directa de Inassa en la sesión del Consejo celebrada el 14 de noviembre de 2001, a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”.
Del monto total de la operación, unos 10 millones de dólares, según la fiscalía, acabaron en manos de trabajadores españoles de Aguas de Barcelona –AGBAR-, que tenían la titularidad de Inassa con varios socios colombianos y que lograron que estos les vendieran toda su participación en la empresa colombiana.
Ruiz Gallardón declaró como imputado en la Audiencia Nacional por esta causa en junio de 2018. "La adquisición se hizo con el más absoluto convencimiento de que era buena", aseguró entonces el exministro, que añadió que la operación de Inassa contaba con todos los informes jurídicos que la avalaban. "Además, los resultados han sido positivos a la larga para la comunidad", aseguró a los medios de comunicación tras declarar.
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