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La Fiscalía abre diligencias por el presunto fraude en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León

El ministerio público pide información al partido sobre su sistema de votación y dónde guarda los datos personales de los afiliados

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en un mitin en Zaragoza.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en un mitin en Zaragoza.Fabián Simón (Europa Press)
Elsa García de Blas

El presunto fraude en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León está ya en manos de la justicia. La Fiscalía ha abierto diligencias previas sobre las irregularidades en el proceso interno en el que se descubrieron 82 votos fraudulentos después de recibir una denuncia de un particular, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del partido en Castilla y León. El ministerio público ha pedido a Ciudadanos información sobre su sistema de votación y el tratamiento de los datos personales de los afiliados con derecho a voto, y se ha puesto en contacto con el candidato que finalmente venció en el proceso, el diputado Francisco Igea, al que llamará a declarar.

Igea es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León una vez el partido anuló 82 votos registrados en las primarias para su rival, la exdirigente del PP Silvia Clemente (y candidata oficialista), al comprobar que eran fraudulentos. "El sistema no ha podido adjudicarlos a un emisor", explicó el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, el pasado 11 de marzo, cuando anunció el vuelco en el proceso. Igea, una vez detectada la anomalía en la votación —se descubrió porque en el acta no cuadraban los votos emitidos con el censo— reclamó al partido que tomara cartas en el asunto. El equipo del candidato alternativo llegó a ir a un juzgado para presionar a la dirección de que se moviera. Al final no interpuso denuncia porque el partido resolvió hacerle ganador.

El caso tiene todavía sombras. Se desconoce quién cometió el presunto fraude en la votación, por qué lo hizo y cómo logró hacerlo. El partido solo ha hablado de un "error" que no ha explicado. En las primarias de Ciudadanos el voto es telemático a través de la página web del partido. La formación tampoco ha anunciado ningún cambio en ese sistema a pesar de que falló porque permitió que se manipulara y se pudieran computar 82 votos falsos a una candidata.

La Justicia investigará ahora lo sucedido, que podría tener implicaciones penales según estima un informe jurídico que ha elaborado un despacho de abogados de Madrid a petición de un grupo de afiliados del partido, que estudia acudir también a los tribunales para que se investiguen las primarias celebradas en Madrid, Cantabria o Murcia. Este grupo de afiliados sospecha que puede haber más irregularidades en otros procesos, y según ese informe jurídico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los hechos podrían ser constitutivos de un "delito de falsedad documental, corrupción entre particulares, delito de revelación de secretos, y daños informáticos". La Comisión de Garantías de Ciudadanos ha cerrado la investigación sobre el resto de primarias sin detectar anomalías.

De momento, al menos el caso de Castilla y León sí será examinado. El candidato de Ciudadanos a la Junta castellanoleonesa ha confirmado a EL PAÍS que la Fiscalía le ha contactado y que el partido colaborará. No es su equipo el que ha llevado el caso a la Fiscalía, sostiene, porque estaba a la espera de una investigación interna en Ciudadanos, de la que aún no se tienen noticias. "A lo largo de estos días hemos mantenido plena confianza en la labor del Comité de Garantías y tenemos que añadir hoy que tenemos también confianza plena en el funcionamiento normal de la Justicia. Este partido va a colaborar con todo lo que requiera la Justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido, y así se lo hemos comunicado a la Fiscalía", afirma Igea.

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Sobre la firma

Elsa García de Blas
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.

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