El último (y surrealista) trabajo de Unipost
Tres exresponsables de la firma, en quiebra, declaran que la empresa ni envió las cartas del 1-O ni cobró el encargo
Fue uno de los últimos trabajos de envergadura de Unipost antes de encaminarse a la quiebra. Fue, tal vez, su última oportunidad para esquivarla. Pero todo se torció. La Generalitat había encargado a la empresa de mensajería el reparto de 5,3 millones de tarjetas censales y de 56.000 cartas certificadas para el referéndum independentista ilegal del 1-O. Un millón de euros en juego. Pero ni llegó todo el material esperado ni pudo empezarse a repartir: el 19 de septiembre de 2017, la Guardia Civil registró el almacén de Unipost en Terrassa (Barcelona) y dejó a la empresa sin cobrar y con unas cuantas explicaciones que dar ante la justicia.
Descubiertas las papeletas para el 1-O, los responsables de Unipost han tratado de desmarcarse del encargo. Tres exempleados han afirmado este lunes, durante la sesión del juicio del procés, que ni siquiera conocían el contenido de los sobres y las tarjetas depositados en Terrassa. Albert Planas, que era jefe de producción para Cataluña, ha dicho que sabía que era "un envío de la Generalitat", pero que no lo vinculó al referéndum hasta que la secretaria judicial abrió, delante de él, algunos de los sobres.
"Solo sé que llevaban el logotipo de la Generalitat", ha añadido Francisco Fuentes, jefe de operaciones de Cataluña. Ambos testigos han subrayado que el cliente —el Gobierno catalán— no dio ninguna orden de trabajo ni facilitó albarán alguno. De modo que el material quedó "retenido". "No se envía ni se factura nada sin orden de trabajo", ha dicho Planas. Y entonces, ¿por qué se aceptó el material? "La Generalitat era cliente nuestro. Si viene un cliente de esa envergadura y se le olvida el albarán...", ha justificado Fuentes, que ha admitido la difícil situación financiera de la empresa, ya entonces en concurso de acreedores con una deuda cercana a los 50 millones de euros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía admite que el material no se envió y atribuye el mérito a la Guardia Civil, que se incautó en Terrassa de más de 43.000 tarjetas censales y más de 1.800 cartas certificadas. También asume la Fiscalía que el encargo no se cobró. "No constan como abonadas puesto que la Generalitat ha rechazado el pago". Y sin embargo, insiste en que el encargo —por valor de 979.661 euros— constituye en sí mismo un delito de malversación porque "el gasto estaba comprometido y acordado". Los gastos se dividieron, "para su ocultación", entre cinco departamentos de la Generalitat, tres de ellos dirigidos por los procesados: Vicepresidencia (Oriol Junqueras), Presidencia (Jordi Turull) y Trabajo (Dolors Bassa). La administradora concursal de Unipost, sin embargo, comunicó al juez de Barcelona que indaga los preparativos de la consulta que las cinco facturas se anularon de inmediato y no serán "objeto de reclamación", una afirmación a la que se acogen las defensas.
Pero nada de eso saben ni sabían los responsables de Unipost, según su declaración, plagada de explicaciones curiosas. El material, por ejemplo, estaba inicialmente en la sede central, en L'Hospitalet, pero fue trasladado a Terrassa. "La decisión fue idea mía. En la sede, estaban en una especie de pasillo. Estábamos en concurso de acreedores, la gente estaba nerviosa y había comentarios en prensa sobre si la Generalitat va a enviar no sé qué y lo van a dar a Unipost y eso va a generar un problema... Hubo algún enfrentamiento entre empleados. Y además los palés estaban al lado de la máquina de café", ha explicado Fuentes.
De modo que el jefe de operaciones se puso manos a la obra. Dos transportistas le pasaron los palés "desde una furgoneta blanca" aparcada junto al bar Batlló —a escasos 500 metros de la sede central— y él mismo los llevó a Terrassa con una furgoneta de Unipost. "¿No le parece un poco extraño?", le preguntó la fiscal Consuelo Madrigal. El testigo admitió que no es la forma más normal de trabajar. También relató Fuentes la llamada de un tal "Toni" —no pudo o no quiso recordar su apellido— la tarde del 18 de septiembre, víspera de la intervención de la Guardia Civil. Dijo hablar "en nombre de la Generalitat". "Me llamó ese señor diciéndome que la remesa no se iba a repartir y que vendrían a recogerla". La fiscal se mostró, de nuevo, sorprendida.
La Generalitat, cliente 'vip'
"No estábamos en disposición de decirle a un cliente de ese volumen de facturación que no le atendemos, pero siempre dentro de un orden", ha dicho Fuentes para justificar la actuación de Unipost, que ya fue la encargada de repartir el material electoral para la consulta sobre la independencia organizada por el expresident Artur Mas —aquella, no vinculante— el 9 de noviembre de 2014.
Entre confusiones y explicaciones extrañas, las defensas han eludido el debate central sobre el gasto con los testigos. Se han centrado, en cambio, en denunciar las presuntas irregularidades en la actuación de la Guardia Civil durante el registro del 19 de septiembre. Los testigos han explicado que cedieron voluntariamente —previa petición de los agentes— teléfonos, ordenadores y hasta el clonado de sus discos duros. "Cuando nos informaron de los derechos, ya lo habíamos cedido", ha dicho Planas. Los letrados también han preguntado por la orden de registro. "Nos dijeron que no hacía falta, que eso era una empresa... Y siguieron", ha explicado Fuentes.
Los fiscales, por su parte, incidieron en la concentración de unas 300 personas frente a la sede de Terrassa que impidió a la comitiva judicial entrar "durante dos horas y media". Lo consideran un preludio de lo que ocurrió al día siguiente, 20-S, frente al Departamento de Economía y que forma parte del núcleo de la acusación por rebelión.
