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Human Rights Watch afea a España que ningún policía fuera condenado por el “uso excesivo de violencia” el 1-O

La organización humanitaria ya había criticado el uso de porras para golpear a personas que se resistían "pasivamente" durante la celebración de la consulta

La Policía Nacional carga contra ciudadanos el día del referéndum del 1-O en Barcelona.
La Policía Nacional carga contra ciudadanos el día del referéndum del 1-O en Barcelona. ap

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) ha afeado a España que “ningún policía ha sido condenado por el uso excesivo de violencia” durante la jornada del referéndum ilegal por la independencia en Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017. Ha sido en su informe anual, presentado este jueves en Berlín. El pasado abril, Interior descartó expedientar a ningún agente por las cargas y aseguró que las únicas investigaciones abiertas a policías y guardias civiles desplazados a Cataluña eran por "cuestiones estrictamente de servicio", a pesar de que el Consejo de Europa había pedido investigar las cargas. 

HRW ya había criticado en 2017, 11 días después de la consulta ilegal, la utilización de porras para golpear a personas que se resistían "pasivamente" y a las que les causaron "múltiples heridas". Tras recibir "muchas acusaciones" por los sucesos, la ONG decidió llevar a cabo "investigaciones in situ" para documentar incidentes específicos. La plataforma habló con víctimas y testigos y revisó pruebas fotográficas y médicas, así como imágenes de vídeo, y encontró que la Guardia Civil y la Policía Nacional hicieron "en ocasiones un uso excesivo de la fuerza, conforme trataban de ejecutar órdenes judiciales para impedir la votación".

El día siguiente a las cargas, el entonces presidente, Mariano Rajoy, se justificó: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y solo con la ley". Rajoy responsabilizó al entonces president, Carles Puigdemont, de los hechos y aseguró que había sido "un ataque premeditado y consciente" al que el Estado reaccionó "con firmeza y serenidad".

El Tribunal Supremo tiene previsto celebrar el juicio del procés a finales de enero de 2019 contra 12 de los 18 dirigentes independentistas acusadosEl Tribunal Supremo optó por dividir en dos la causa y envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la parte que afecta a los seis procesados a los que el fiscal solo acusa de desobediencia.

"Deficiente" atención a migrantes

El escrito también denuncia la "deficiente" atención con la que España ha recibido a los más de 49.300 migrantes que llegaron a España por mar y los casi 6.000 que cruzaron la frontera de Marruecos hacia los enclaves de Ceuta y Melilla. HRW ha criticado, además, los "obstáculos" para solicitar asilo y las devoluciones sumarias en frontera. "El nuevo Gobierno alegó que reformaría la polémica ley de seguridad ciudadana de 2015 y adoptaría políticas migratorias más humanas. Hasta este momento, no se han presentado reformas legales", sentencia la plataforma en el escrito, en el que también destaca que el Consejo de Europa ya censuró en septiembre las condiciones de los centros de acogida de migrantes de Ceuta y Melilla.

La sentencia del caso de La Manada también se menciona en el informe. "Diferentes protestas estallaron en toda España en abril después de que un tribunal absolviera a cinco hombres de violación en grupo y los condenara por un delito menor de agresión sexual porque la fiscalía no consideró el uso de violencia o intimidación", apunta el informe.

Además, HRW incluye en su apartado sobre España la condena de tres años y medio de prisión contra el rapero mallorquín José Miguel Arenas, conocido en el mundo artístico como Valtonyc, por delitos de calumnias e injurias graves a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas por el contenido de una serie de canciones. El escrito también recoge que en marzo, el Tribunal Supremo absolvió a la tuitera Casandra del delito de humillación a las víctimas por sus chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco.

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