Los Presupuestos ahondan la fractura del independentismo catalán

“La batalla de febrero será permitir la tramitación del Presupuesto y eso quiere decir votar contra las enmiendas a la totalidad de Ciudadanos y el PP”, asegura a este diario un dirigente del PDeCAT. “Habrá que luchar por ello”, añade, ya que una eventual derrota del Gobierno central comportaría, tal y como ha reiterado el presidente Sánchez, que la legislatura se acabara en 2019. Si finalmente hay  elecciones generales, “la amenaza es que se repita el resultado de Andalucía”, agrega la citada fuente: la victoria del bloque conservador lleva aparejada la aplicación de forma permanente del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

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Son numerosas las voces que desde el soberanismo catalán defienden prorrogar la alianza que desalojó de La Moncloa a Mariano Rajoy, un asunto que ya dividió al universo convergente entre quienes apoyaban a Pedro Sánchez y quienes proponían “pasar de España”. Ahora se reproduce nuevamente la tensión con los Presupuestos. De la división existente en el PDeCAT da idea que el diputado responsable de acción política de la formación, Ferran Bel, se manifestara el pasado domingo a favor de permitir la tramitación de las cuentas del Estado y, al segundo, la diputada y vicepresidenta del partido, Miriam Nogueras, lo desautorizara con el aval en las redes sociales del presidente Quim Torra, y del mismísimo Carles Puigdemont y su sanedrín de Waterloo, recordando que “mientras haya presos y exiliados no hay nada que negociar”. Está servido un nuevo pulso entre los posibilistas del PDeCAT y el sector del “cuanto peor, mejor”, subrayan fuentes de los primeros. Quienes defienden el no a las cuentas están intentando finiquitar el partido, acabar con la disidencia y trasvasar los elementos “sanos” a la Crida Nacional, el último invento político de Puigdemont para garantizarse una fiel guardia pretoriana. Por añadidura, ni los 21 puntos que Quim Torra entregó a Pedro Sánchez ni el discurso de fin de año del presidente de la Generalitat dan señales de voluntad de diálogo.

Con esos mimbres cualquier negociación entre la Generalitat y el Gobierno central parece destinada a vagar por las tinieblas exteriores. Las salidas no son fáciles, pero un eventual triunfo de la derecha en caso de adelanto electoral cerraría el paso a cualquier aproximación. “La negociación entre el independentismo y el Estado la veo larga y difícil”, asegura Joan Tardà, portavoz de Esquerra en el Congreso. En la misma línea se expresan desde la dirección del Partit dels Socialistes (PSC): “Vemos muy difícil que antes del juicio a los líderes independentistas [cuya vista oral se iniciará a finales de este mes o principios del siguiente] se avengan a negociar. Facilitar la aprobación de los presupuestos mutuos podría ayudar, pero no somos optimistas”, agregan las citadas fuentes, que ven elecciones generales a finales de este año y comicios catalanes en primavera del 2020.

Joaquim Coello, expresidente del Puerto de Barcelona y uno de los hombres que medió entre el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont para evitar la aplicación del artículo 155 y la declaración unilateral de independencia, sugiere que el diálogo sin apriorismos puede iniciarse desde ahora mismo creando una comisión mixta y tener resultados en un plazo de dos o tres meses. El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, abunda en esa línea: “No hay atajos ni soluciones mágicas ni momentos que cambian las dinámicas de fondo”. El republicano Joan Tardà afirma que “un Gobierno del PSOE con el apoyo de Unidos Podemos es mejor que la triple alianza de derechas”. Jordi Xuclà, diputado del PDeCAT, profundiza en la misma dirección: “Hay que pensar en lo sucedido en las andaluzas y hacer política, a menos que alguien crea que hay condiciones para llegar a la independencia en cuestión de meses”.

Bajo los pies del PDeCAT y del propio Gobierno catalán el suelo se mueve más que el macbethiano bosque de Birnam. Un presidente vicario que obedece exclusivamente a Waterloo es una garantía de bandazos políticos constantes, aseguran fuentes del PDeCAT. Sigue pesando el miedo a ser llamado traidor en las redes sociales, el mismo temor que paralizó el 26 de octubre de 2017 a Carles Puigdemont, cuando ya había trascendido que convocaría elecciones. A ello hay que sumar la fiscalización del independentismo gubernamental por parte de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Por otro lado, crecen las voces de que el juego político debe abrirse a la Catalunya en Comú de Ada Colau y el diálogo a los socialistas de Miquel Iceta.

Fractura emocional

El inminente juicio a los líderes del procés abre un área de turbulencias. La mayoría de los catalanes, según las encuestas, juzgan incomprensible la prisión provisional de más de un año de los dirigentes independentistas, así como que se les acuse del delito de rebelión. Campuzano subraya que el juicio “indigna y subleva” y que hay “una enorme energía colectiva” reclamando la libertad de los políticos en prisión preventiva, pero avisa de que ese asunto pone en peligro la posibilidad de “hacer política”.

“El juicio será una fractura emocional definitiva entre buena parte de los catalanes y buena parte de España; y las fracturas emocionales son más profundas y peores que las políticas”, afirma Tardà. Tanto desde parte del PDeCAT como desde ERC apuestan, sin embargo, por hacer política y continuar con la hoja de ruta que nació de la moción de censura.