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El exministro Fernández Díaz usó hasta 2016 a la policía para ayudar a su partido

El Gobierno del PP pagó con dinero público procedente de fondos reservados el espionaje ilegal a su extesorero Luis Bárcenas

Jorge Fernández Díaz recurrió entre 2012 y 2016, cuando era ministro del Interior, a la policía sin mandato judicial para proteger a su formación política, el PP, y para dañar a otros partidos, según acredita la documentación policial y judicial que obra en poder de este periódico. La operación pagada con fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y robarle documentación que pudiera perjudicar al Ejecutivo es solo una de las muchas que la cúpula de la policía puso en marcha sin control judicial. También se trató de dañar a Podemos. La acusación popular ha pedido al juez que investigue las connivencias periodísticas.

jorge fernandez diaz
Luis Bárcenas, entra en Audiencia Nacional en 2013.

“Dime que no habéis hecho nada ilegal”. El recién nombrado ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP) se dirigía así a su antecesor en el cargo, Antonio Camacho (PSOE), a finales de 2011 en el encuentro para el traspaso de poderes que tuvo lugar en el Ministerio del Interior. En los meses previos a ese momento, el PP acusó al Gobierno socialista de montar una policía política para perjudicarles en el caso Gürtel.

El mandato de Jorge Fernández Díaz en Interior (2012-2016) estuvo salpicado de operaciones policiales sin control judicial y dirigidas contra determinadas formaciones políticas, según las pruebas que se acumulan en varios sumarios. La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace 13 meses por revelación de secretos, falsedad documental, blanqueo de capitales y otros delitos, ha desembocado ahora en la Operación Kitchen.

El Gobierno del PP pagó con dinero público procedente de fondos reservados el espionaje ilegal a su extesorero Luis Bárcenas. Según información a la que ha tenido acceso este periódico, el comisario Villarejo controló el dispositivo y lo registró en su agenda. A través del chófer de Bárcenas, los jefes policiales intentaron conseguir entre 2013 y 2015 las pruebas contra el PP que el extesorero mantenía ocultas. El infiltrado, Sergio Ríos, cobró 48.000 euros —2.000 mensuales durante dos años— a cambio de la información sensible que amenazaba los intereses del PP.

El juez del caso ya tiene indicios documentados del espionaje a Bárcenas. Según documentos que obran en poder de EL PAÍS, el Ministerio del Interior ha remitido un escrito al magistrado donde confirma la existencia de esta operación pagada con fondos públicos. Es el último episodio oscuro protagonizado por una cúpula policial dirigida por el comisario Eugenio Pino, que operó sin cobertura judicial a favor del Gobierno y contra sus adversarios políticos.

Los máximos responsables de Interior durante esos años —el ministro Jorge Fernández; su secretario de Estado, Francisco Martínez; y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó— son todavía hoy parlamentarios del PP. Cosidó es, además, portavoz del grupo popular en el Senado.

2012. Plan policial contra el soberanismo. El ministro Jorge Fernández pensó que la deriva independentista del Gobierno catalán se podía frenar destapando y difundiendo la corrupción de sus principales dirigentes. Un grupo policial muy próximo a la cúpula de Interior elaboró informes sin firma, a los que tuvo acceso este periódico, para desacreditar a los nacionalistas. Esos documentos, fechados entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de 2012, contenían datos a veces exagerados y otras veces falsos. En plena campaña catalana, el primer informe sin sello ni firma aseguraba que el entonces presidente, Artur Mas, había cobrado comisiones ilegales multimillonarias en cuentas suizas. Ninguna autoridad policial se hizo responsable de ese informe. Seis años después, nadie ha sido capaz de sostener con pruebas la acusación.

En otros informes parecidos se culpaba a directores de periódicos catalanes de distintos delitos, o a jueces y fiscales de hacer la vista gorda en causas abiertas a dirigentes independentistas porque recibían subvenciones de la Generalitat. La mayoría de las acusaciones contenidas en esos informes nunca se confirmaron.

Octubre 2014. La cuenta suiza fantasma de Xavier Trias. El ministro del Interior aireó en octubre de 2014 las informaciones que atribuían al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, una cuenta en Suiza con 13 millones de euros vinculada al supuesto cobro de comisiones ilegales y de la que llegaron a precisar que tenía 14 dígitos. El banco desmintió la noticia dando detalles de las numeraciones que empleaban para sus clientes, muy diferentes de la cuenta atribuida a Trias.

La policía, que investigó el caso sin orden judicial, presentó una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción muchos días después de que la noticia se difundiese. La causa se archivó ante la falta de indicios solventes.

Conspiración en el despacho del ministro. Un dirigente policial puso en contacto al jefe antifraude catalán, Daniel de Alfonso, con el ministro del Interior. Se vieron dos veces en el despacho de Fernández Díaz, y las conversaciones fueron grabadas. En ellas, el ministro y De Alfonso discuten sobre estrategias para arruinar la imagen de los nacionalistas catalanes difundiendo supuestas corruptelas.

Febrero de 2016. Implicar a Podemos con informes anónimos. El jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentó un escrito ante el Tribunal de Cuentas en el que denunciaba a Podemos por financiación ilegal y delito electoral. Fechado el 9 de febrero de 2016, hacía referencia a un informe llamado P. I. S. A. (Pablo Iglesias, SA), de origen desconocido, donde se aludía a la financiación ilegal de Podemos desde Venezuela o Irán. El entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aclaró en el Congreso que se trataba de “una información de la Dirección Adjunta Operativa que transmite a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal”, quien presenta la denuncia en Cuentas. La iniciativa policial fracasó. Manos Limpias, pseudosindicato de ultraderecha cuyo líder fue imputado por estafa, extorsión, y blanqueo, usó el informe para presentar una querella en el Tribunal Supremo contra Podemos, pero fue archivada.

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