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Las comunidades no gestionan la residencia de los menores inmigrantes no acompañados

Las autonomías han acogido 5.000 niños inmigrantes este año, pero a 30 de septiembre solo 395 solicitudes estaban siendo tramitadas

Tres menores sentados frente al mar en Ceuta, el pasado viernes.

Las comunidades autónomas no están cumpliendo con su obligación de gestionar los trámites para conseguir las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no acompañados acogidos en España. A 30 de septiembre, solo 395 solicitudes estaban siendo tramitadas, según la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del senador Jon Iñarritu (EH-Bildu). El número es anecdótico teniendo en cuenta que este año las comunidades han asumido la acogida de casi 5.000 menores recién llegados.

En Andalucía, donde se atiende a la mitad de los 11.100 menores inmigrantes que se calcula que hay en España, apenas se estaban tramitando 60 autorizaciones de residencia. En la Comunidad de Madrid, hasta esa fecha, había solo 10 solicitudes de residencia en trámite, aunque oficialmente acoge a más de 400 niños. En el País, Vasco, con casi 1.000 niños, solo había 17 solicitudes.

Cataluña, la tercera comunidad con más inmigrantes menores de edad (más de 1.000), aparece como la más diligente y elevó la tramitación de 176 expedientes. Ceuta, con 407 niños, tiene 61 expedientes abiertos, más que Andalucía, casi todos por renovación, es decir, de niños que ya estaban regularizados. Melilla, la segunda región con más menores extranjeros, y La Rioja, la que menos acoge, no aparecen reflejadas en la estadística. Tampoco Extremadura y Asturias.

La tramitación de los permisos de residencia, que tiene plazos muy variables de una ciudad a otra, comienza en los centros de acogida de menores. Estos tienen la responsabilidad de conseguir la documentación de los niños y remitir los informes a la entidad de protección de menores autonómica, tutor legal de los menores extranjeros no acompañados. Las comunidades, por su parte, elevan la solicitud a la delegación de Gobierno, que debe resolver el expediente, considerando que los menores inmigrantes tutelados tienen garantizada por ley su residencia regular en España. Los problemas, advierten fuentes conocedoras de los trámites, surgen también desde el inicio, con la falta de cooperación de las embajadas de los países de origen, y se suceden en la administración autonómica y estatal.

“Los datos hablan por si solos y son un reflejo de que las comunidades no están tutelando legalmente a los menores. Si estuviesen tutelando como marca la ley a los niños su obligación inmediata sería iniciar la gestión de su autorización de residencia en el 100% de los casos”, denuncia Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, que apoya a niños en situación de desigualdad o riesgo de exclusión social. Fundación Raíces señala también “el papel que no está ejerciendo” la Fiscalía. “Por ley debe velar por que las comunidades autónomas cumplan con su deber, asegurándose de que no haya ningún niño sin tutor legal y sin documentos”, advierte Reyzábal.

El protocolo de atención a los menores extranjeros no acompañados dispone que tres meses desde la entrada del niño en el centro de protección es tiempo suficiente para que su responsable solicite el permiso de residencia. Según esta premisa y la cantidad de menores extranjeros que han llegado este año, el número de solicitudes en tramitación debería ser muchísimo más alto. Por otro lado, el reglamento de Extranjería contempla que transcurrido el plazo máximo de nueve meses, “sea cual sea el estado de tramitación, la Delegación o Subdelegación de Gobierno otorgará la autorización de residencia”. Este supuesto, que depende en cualquier caso de la diligencia de las comunidades autónomas para remitir la documentación, no se está cumpliendo, según denuncian las entidades defensoras de los derechos de los niños.

Mientras los interesados sean menores los perjuicios de no tramitarles la residencia no debería afectarles en su día a día. Los niños extranjeros tienen derecho, con papeles o sin ellos, a protección y acceso a la educación y la salud en los mismos términos que los españoles. El problema se presenta cuando los menores se acercan a la mayoría de edad sin estar documentados. Al cumplir los 18 se quedan en la calle como adultos en situación irregular.