La Fiscalía pide archivar la causa contra Montón al aplicar la ‘doctrina Casado’

La doctrina Casado aterriza en la causa judicial abierta contra Carmen Montón, exministra de Sanidad, por el título de Estudios Interdisciplinares de Género que obtuvo en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), epicentro del caso máster. La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la juez que archive el proceso al considerar, entre otros motivos, que no existen indicios de un concierto previo entre la dirigente socialista y Laura Nuño, directora del curso. Ese fue uno de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo para rechazar la causa contra el líder del PP, Pablo Casado.

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"La falta de ese concierto previo, aun considerando a efectos dialécticos que hubiera trato de favor, conllevaría circunscribir los hechos a un presunto delito de cohecho impropio que, en cualquier caso, estaría prescrito", añade el ministerio público en su escrito, adelantado por El Independiente y al que ha tenido acceso EL PAÍS. En el documento, donde se considera innecesario escuchar a la política como imputada, la fiscalía también expone que Montón "se preocupó por conocer cuál era el contenido de las distintas asignaturas cursadas" y mostró un "interés por superar" las materias.

La exministra presentó su dimisión a principios del pasado septiembre, después de que eldiario.es desvelase la existencia de irregularidades en su título y La Sexta revelase que plagió una buena parte de su Trabajo Fin de Máster (TFM). Entonces, Carmen Rodríguez-Medel, la juez que había iniciado la investigación contra Cristina Cifuentes y Pablo Casado, recibió una denuncia anónima contra la socialista. Pero el ministerio público pide que se archive.

"No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica", apunta la fiscalía en su escrito, donde añade que, de los emails incluidos en la causa, "parece desprenderse" que Montón se encuentra entre aquellos alumnos que acudían a clase. Además, tampoco existen pruebas que "permitan sostener que las notas modificadas a posteriori, lo fueron en virtud de un acuerdo previo o por orden de la investigada".

La denuncia inicial relataba también que la investigada plagió parte de su TFM. Pero el ministerio público destaca que esa cuestión "carece de relevancia penal" y considera que, como delito contra la propiedad intelectual, estaría también prescrito. "Todo ello sin perjuicio del derecho a la tutela civil que le corresponda al autor original y de la responsabilidad administrativa en la que pudiere incurrir la alumna y el profesorado que calificó y aprobó el referido trabajo", añade el escrito.

La juez abrió diligencias por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación —los mismos por los que pidió al Supremo que investigara al presidente del PP, Pablo Casado—. Rodríguez Medel solicitó a la universidad que le remitiera toda una serie de documentación en relación con el máster de la exministra, como la identidad del director del título de posgrado y también del responsable del Instituto de Derecho Público en el curso, cargo que ocupaba en ese momento Enrique Álvarez Conde, el principal imputado del caso máster.

Rodríguez Medel solicitó, además, el listado de asignaturas del posgrado, de los profesores que las impartían en ese curso y de los alumnos que cursaron el máster. La magistrada también pidió toda la documentación que tuviera la URJC sobre el título académico entre 2010 y 2011, como por ejemplo, peticiones de convalidación o de reconocimiento de créditos, actas de calificación, actas de defensas de trabajo fin de máster, resoluciones reconociendo créditos y, en su caso, correos electrónicos relativos a la actividad académica del máster. También pidió la normativa de la URJC reguladora del máster en ese año académico e información sobre la vida laboral de Montón.