Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
ENTREVISTA

“La cultura del régimen anterior siempre perdura”

Ricard Vinyes, comisionado de la Memoria del Ayuntamiento de Barcelona, critica al Gobierno y a la Generalitat por querer afrontar el franquismo y la transición con comisiones de la verdad

Ricard Vinyes, en Barcelona.
Ricard Vinyes, en Barcelona.

Ricard Vinyes (Barcelona, 1952), catedrático de Historia Contemporánea y comisionado de Programas de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona, tiene una agenda especialmente ocupada ante los 80 años de la caída de la ciudad condal durante la guerra civil, que se conmemora el próximo enero. A mitad de la entrevista con EL PAÍS, Vinyes se excusa un momento porque debe comparecer junto al teniente de alcalde Gerardo Pisarello para anunciar que el Ayuntamiento retirará medallas a Francisco Franco y a otras siete nombres franquistas. “Haremos la vida imposible a la Fundación Francisco Franco”, dijo Pisarello. Vinyes añadirá después que borrar la herencia de una dictadura requiere más que leyes.

Pregunta. Hay varios procesos legislativos en marcha para actualizar las leyes de memoria. ¿Cuáles deben ser las prioridades?

Respuesta. A la ley estatal de Memoria, del 2007, le convienen modificaciones importantes, como la relativa a la anulación de sentencias. Convendría que fuera más clara en la retirada de símbolos, porque genera muchos problemas a los ayuntamientos en el momento de quitar placas, porque hay que pedir permiso a las comunidades de vecinos. La ley tiene que desarrollar un reglamento para saber cómo la aplicamos. Debe tener un posicionamiento mucho más activo en relación a la exhumación de fosas. Los gastos de las exhumaciones no pueden quedar en manos de los particulares, ayuntamientos y autonomías, el Estado y los jueces deben tener más responsabilidad.

P. ¿Hay familias que están pagando la exhumación de sus muertos?

R. Hay familias o asociaciones que, cuando tienen un permiso para exhumar una fosa, solo tienen la posibilidad de buscar sus propios recursos. No sé si está sucediendo, pero la ley alienta a que esto pueda suceder.

P. ¿Está actuando bien el Gobierno en lo que concierne a la exhumación de Franco?

R. Ha tenido una gran valentía, nadie se había atrevido a dar este paso, pero parece una decisión rápida y poco planificada, tomada con una actitud inocente. Es imposible que una administración impida que los ciudadanos lleven flores a la tumba de una persona que admiran, por muy malvada que sea. Lo que es necesario es crear una estructura ética que haga que la ciudadanía rechace lo que esta persona representa. En la tumba de Mussolini, en Predappio, cada año hay peregrinaciones. Es importante ilegalizar la Fundación Francisco Franco, pero, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí?

P. Numerosos académicos se han mostrado escépticos ante la propuesta de crear comisiones de la verdad por parte del Gobierno, pero también por parte de la Generalitat, para revisar la Guerra Civil, la dictadura y la Transición.

R. Coincido del todo en este escepticismo. Históricamente, las comisiones de la verdad están vinculadas a los procesos de democratización en un momento de transición. Incluso la que se hizo en Alemania sobre la RDA, se hizo justo después de la reunificación. En nuestro caso, no hay ningún elemento de refundación, ni nacional ni democrática. Y si una de las funciones de las comisiones de la verdad es conocer y saber, nosotros ya sabemos y conocemos mucho lo que fueron la guerra y la dictadura. Tenemos handicaps, como la ley de archivos, que es infame: deja un vacío legal si no hay buena disposición por parte de una administración determinada, como pueden ser las Delegaciones del Gobierno. Con la Delegación en Barcelona, por ejemplo, siempre ha habido problemas.

P. ¿Problemas gobierne quien gobierne?

R. Gobierne quien gobierne. Por ejemplo, es un problema acceder a los atestados de la policía de la década de los sesenta, cuando empieza a crecer la oposición. Los atestados que he consultado han sido gracias a los archivos de los abogados. Si pudiéramos hacer una consulta sistemática de los atestados, tendríamos una riqueza informativa extraordinaria.

P. La propuesta de comisión de la verdad del Gobierno plantea que sus miembros tengan acceso sin límites a los archivos de la administración. ¿Puede ser una manera de corregir el problema?

R. Los expertos de la comisión serán unos excelentes expertos, pero el grueso del oficio, que genera el conocimiento, ¿tendrá o no tendrá acceso? Además, la transparencia apunta a la ciudadanía, no a unos expertos. Yo sé las dificultades que tuve para hacer el libro Irredentas, sobre la prisión política femenina. Pasé por diecisiete prisiones, en algunas había desaparecido toda la información. La documentación de la prisión de la Trinitat (Barcelona) la tiraron en los noventa cuando se realizó el traslado a la prisión de Wad-Ras. En otras, gracias a buenos funcionarios, como en Soria, se había guardado muchas cosas. Sobre las comisiones de la verdad, ya sabemos cuál es la verdad, ya se ha realizado mucho trabajo. Lo que sí sería interesante es un libro blanco de la represión en España, que compile qué tipo de represión ha habido y cómo ha funcionado estructuralmente. En 2014, el gobierno sueco elaboró un libro blanco sobre la vulneración de los derechos de los gitanos en los siglos XIX y XX. Son libros que rompen la impunidad y dicen: “Nosotros, como Estado, hemos hecho esto”.

P. Y la Transición, de la que quizá se silencian más abusos policiales, ¿tiene más sentido como objetivo de una comisión de la verdad?

R. La transición real es la que comienza en los años sesenta, con los cambios demográficos, culturales, movimientos sociales nuevos, un liderazgo joven en el mundo obrero y profesional, que hacen que se llegue a los setenta con el franquismo perdiendo la hegemonía cultural en las grandes ciudades. Entre 1975 y 1977, cuando todavía se mantiene la dictadura, se produce la Transición institucional, y en esos años se genera una violencia brutal, con tics y normas del pasado. Pero que hubiera unas elecciones, y un parlamento, es una ruptura importante. ¿Que en aquel parlamento había franquistas notorios? Claro que sí, pero en las elecciones municipales también habrá alcaldes franquistas notorios en partidos democráticos, como es el caso de Convergencia. La doctrina que aparece en los últimos años, que considera la Transición como régimen franquista, en mi opinión es falsa. Los que afirman todas estas desgracias de la Transición no resistirían la prueba de la historia comparada: lo que pasa en España después de la Transición y lo que pasa en los principales países europeos tras la Segunda Guerra Mundial es lo mismo. En Francia, con la liberación por parte de los aliados, a los grandes capos de Vichy no los tocaron mucho. En 1946, De Gaulle ya proclama una amnistía, más o menos como la nuestra. La penetración, particularmente a partir de los años cincuenta, de los antiguos dirigentes de Vichy en la administración francesa fue impresionante. Si miramos a Alemania, el escándalo es extraordinario: Kiesinger fue de las juventudes nazis; ¿cómo puede ser que en 1969 llegara a canciller? Willy Brandt tenía un vicecanciller [Walter Scheel] que había servido de enlace entre Goebbels y Himmler. La cultura del régimen anterior siempre perdura, las rupturas son una ficción: no tienes un cuchillo y cortas un papel en dos. Esto no sucede.

P. ¿Por qué cree que el PSOE propone esta comisión de la verdad?

R. Creo que la propone como un recurso burocrático. La burocratización siempre es una salida para los problemas que no sabes resolver. Lo que está haciendo es no implicarse a fondo en los problemas memoriales del país y dar respuestas burocráticas.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >