La fiscalía achaca a Griñán que permitiera “vulneraciones groseras” en la Hacienda andaluza
El ministerio público pide seis años de cárcel para el expresidente andaluz por malversación y prevaricación
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido este martes que el expresidente andaluz José Antonio Griñán permitió “vulneraciones patentes y groseras” que supuestamente se ejecutaron en la Consejería de Hacienda cuando él estaba al frente del departamento, entre 2004 y 2009. El ministerio público ha concretado la acusación contra Griñán en su informe final antes de la conclusión del juicio de la rama política del caso ERE en las próximas semanas. "Pudo y debió" parar las ayudas del fondo, ha afirmado la fiscalía sobre Griñán.
“El recurrente, responsable máximo de la elaboración del presupuesto, de sus modificaciones presupuestarias, y del control de gasto era consciente tanto de las vulneraciones patentes y groseras que se estaban presuntamente cometiendo en la Consejería de Economía y Hacienda, como de la disposición de los caudales públicos contra legem”, ha destacado el fiscal Manuel Fernández, al leer el auto del instructor Álvaro Martín, que remitió a juicio la causa. “No nos encontramos ante cualquier omisión, sino ante una conducta prolongada en el tiempo de un máximo responsable de los caudales públicos, de lleno en curso en una administración desleal que conduce al delito de malversación de caudales públicos”, ha añadido el fiscal sobre el expresidente andaluz.
Anticorrupción pide seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas para Griñán, que fue exconsejero de Hacienda (2004-2009) y expresidente (2009-2012) de Andalucía. Hoy está jubilado y hace dos años que se dio de baja del PSOE.
En su informe, el fiscal ha recordado el testimonio del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ante el Tribunal Supremo, que instruyó la pieza política del caso ERE cuando algunos de los 21 procesados estaban aforados: “Hasta tres miembros del Gobierno [entre ellos Griñán] recibieron nuestros informes [de la Intervención] en los que ponemos de manifiesto circunstancias relevantes para que ellos hubieran tomado medidas. Títulos no les faltan, evidentemente. Es decir, la excusa del informe de actuación es simplemente una excusa. Al consejero de Hacienda le corresponde el control económico financiero del sector público (…) Si en un informe de la Intervención se le está advirtiendo de un déficit presupuestario importante, el consejero no debe esperar alguna otra advertencia antes de tomar medidas”.
El pasado abril Griñán alegó en la sala de vistas que “jamás” se le trasladó ningún informe de la Intervención que requiriera su participación por irregularidades o menoscabo de fondos públicos en las ayudas que concedió la Consejería de Empleo por 680 millones entre 2001 y 2010. Griñán aseguró que solo conoció los informes de la Intervención cuando estalló el caso en 2011.
Anticorrupción y el instructor del Juzgado 6 de Sevilla achacan a Griñán prevaricación y malversación a diferencia del instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que en 2015 acusó al expresidente y a otros cuatro ex altos cargos de prevaricación, pero descartó la malversación, delito que ahora ha provocado la petición de pena de cárcel por la fiscalía. Barreiro no creía que Griñán y su antecesor Manuel Chaves supieran que con este sistema se estuviera desviando dinero para el enriquecimiento de terceras personas como los intrusos de los ERE, los sindicatos, las aseguradoras o los despachos de abogados vinculados al fondo.
En paralelo, Anticorrupción ha sostenido que Chaves participó en la decisión del cambio presupuestario que en el año 2000 permitió la existencia del fondo de los ERE, al pasar de subvenciones excepcionales a ayudas sociolaborales. “La trascendencia de este cambio hace pensar que difícilmente pudo ser asumido por la consejera de Economía [Magdalena Álvarez] a propuesta del de Empleo [Guillermo Gutiérrez], sino que exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves (...) La trascendencia de este cambio de las normas y la forma en la que debía articularse, con la participación de varias consejerías, hace difícilmente asumible que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo, o que contara con el beneplácito de la consejera de Economía y Hacienda para una aplicación indebida y consiguiera las partidas adecuadas para ello”.
La fiscalía mantiene la tesis de que la excúpula de la Junta diseñó el sistema para sostener el fondo de los ERE de forma “totalmente opaca” y así ganar “rapidez” para solventar las crisis de grandes empresas mediante un sistema ilegal, según el ministerio público. Anticorrupción solicita para Chaves 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada, y este martes le ha definido como "perfecto conocedor" de que la fiscalización previa de las ayudas fue suprimida gracias al cambio normativo supuestamente consensuado en el año 2000.
“Estas necesidades de rapidez [para solventar las crisis de grandes empresas] determinaron que [Chaves] consintiera el cambio de sistema y que se plasmó en la modificación presupuestaria del año 2000 con las transferencias de financiación. Sabiendo que no era un simple cambio menor, un cambio en la presupuestación del gasto y de las normas (…) Era perfecto conocedor de que la consecuencia lógica era que se suprimía toda fiscalización previa en la concesión individualizada de estos fondos mediante un expediente de transferencia de financiación”.
Algunos ex altos cargos, Chaves entre ellos, han alegado que desconocían la mecánica de funcionamiento del fondo, estrategia de defensa que este martes ha criticado el fiscal: “Resulta llamativa la descarga de ignorancia (…) podríamos llegar al absurdo de que bajando de rango, al final las decisiones de mayor calado de la Junta están en manos de funcionarios de rango inferior, puesto que los superiores manifiestan no conocerlas. Una cosa es la delegación de competencias y otra cosa es ignorar lo que por su importancia relevancia y trascendencia debería ser objeto del conocimiento de cada centro directivo: presidente de la Junta, consejero de Presidencia y otros consejeros”.
Sobre las alegaciones de Chaves, el fiscal ha abundado: "No vamos a exigirle que conozca todas y cada una de las decisiones, pero es difícilmente entendible que decisiones de calado económico sean desconocidas por el presidente de todos los andaluces. La delegación no excluye el principio de jerarquía y toda decisión de gran trascendencia económica necesita del superior jerárquico".
Este miércoles está previsto que la acusación del PP exponga su informe final, antes del turno de Manos Limpias como tercera acusación personada en la vista, y por último las defensas.
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