La fiscalía da por acreditada una trama de cobro de comisiones en Euskadi que salpica al PNV
Varios acusados del 'caso De Miguel' aceptan su participación a cambio de una rebaja de las penas
La fiscalía ha llegado a un acuerdo con "una parte significativa" de los acusados en el mayor proceso por presunta corrupción que salpica al PNV, el denominado caso De Miguel, y da por reconocida la existencia de "una trama organizada destinada al cobro de comisiones ilícitas", según ha manifestado este lunes el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre. Sin embargo, el principal investigado en esta causa, Alfredo de Miguel, exdirigente del PNV alavés, para quien el ministerio público solicita una pena de 54 años de cárcel, no ha aceptado ningún acuerdo a cambio de una reducción de la condena y ha negado las acusaciones durante el juicio que se ha reanudado este lunes.
El fiscal jefe de Álava ha afirmado que las negociaciones que ha mantenido con las defensas desde mediados del mes pasado han permitido cerrar pactos de conformidad con una parte de los 26 acusados, aunque ha reconocido que, "desafortunadamente", la mayor parte de los mismos han rechazado el acuerdo. Izaguirre, que no ha facilitado la identidad ni el número de acusados con los que ha llegado a un pacto, ha explicado a los periodistas que la conformidad alcanza a operaciones "esenciales" del caso que acreditan que en Álava existió "una trama organizada criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas".
El conocido como caso De Miguel, una supuesta trama delictiva de cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos públicos, sienta en el banquillo a 26 acusados, la mayoría vinculados al PNV, para quienes la fiscalía solicita penas que suman 440 años de cárcel. A De Miguel, ex número dos del PNV de Álava y diputado de Administración Local cuando estalló este caso en 2009, se le imputan 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, por los que se enfrenta a una condena de 54 años y 11 meses de prisión.
El juicio se ha reanudado este lunes tras el plazo concedido por el tribunal el pasado 17 de septiembre para que los acusados y la fiscalía negociaran una rebaja de las condenas que pesaban sobre ellos a cambio de reconocer su culpabilidad en los hechos que se juzgan. El principal imputado, que no ha aceptado la propuesta de pacto del fiscal, ha prestado este lunes declaración y ha basado su defensa en que las conversaciones grabadas en las que supuestamente solicitó una comisión ilegal "están manipuladas".
De Miguel, que solo ha respondido a las preguntas de su letrado, ha señalado que no son "íntegras y veraces" las grabaciones que probarían que solicitó una comisión de 100.000 euros a la abogada Ainhoa Alberdi por la adjudicación a su empresa de un trabajo para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano. La denuncia de esta abogada en 2009 fue precisamente la que desencadenó el macrojuicio por la presunta corrupción.
El exdirigente del PNVha asegurado que nunca ha solicitado ni le han ofrecido comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. En su declaración, ha dicho que no se reconoce en las grabaciones de sonido entregadas en 2009 a la Ertzaintza por la abogada Alberdi. "Ni reconocí, ni reconozco como íntegras y veraces las conversaciones que hubo". "Entiendo que están manipuladas", ha afirmado. A su juicio, la reclamación de dinero a Alberdi ha tenido que ver con una "deuda pendiente", y no una comisión, de un antiguo socio de ella con Kataia, la empresa alrededor de la cual supuestamente pivota esta trama de cobro de comisiones.
También ha precisado que "lo nuestro lo dejamos en 100" hace referencia a otra deuda de 100.000 pesetas de un inquilino suyo en el alquiler de un piso cuyo contrato gestionó Alberdi y ha hablado de "normalidad y cordialidad, ni extorsiones ni cosas raras" en los intercambios de correos entre ambos, informa Efe.
Además de De Miguel, también están siendo juzgados otros dos exmiembros del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, además de Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y la que fuera alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV María Justina Angulo, entre otros.
El PNV ha tratado en todo momento de distanciarse de ese caso al asegurar cada vez que tiene ocasión que “no es un caso de financiación ilegal del partido, sino, en todo caso, de enriquecimiento ilegal” de algunos de sus miembros, a quienes el partido retiró el carné en cuanto se conoció la denuncia. Antes de la vertiente judicial, el Parlamento vasco investigó a la trama en marzo de 2012 y concluyó que existían responsabilidades políticas en el PNV por la vinculación de los imputados con la red de cobro de comisiones.
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