El conflicto laboral en prisiones se encona con un encierro en Interior

Representantes de las cinco principales organizaciones sindicales de Instituciones Penitenciarias, —Acaip, CCOO, CIG, UGT y CSIF— se han encerrado este miércoles durante cerca de siete horas en la sede del Ministerio del Interior en Madrid después de que la subsecretaria del departamento, Isabel Goicoechea, se negara a reunirse con ellos.

Los funcionarios de prisiones habían acudido a una reunión de la Junta de Personal del ministerio, tras la cual esperaban mantener un encuentro con la alto cargo del departamento para informarle de los motivos que les habían llevado a anunciar unos días antes la convocatoria de seis jornadas de huelga en todos los centros penitenciarios dependientes de Interior.

Fuentes sindicales aseguran que dicha reunión había sido solicitada el día anterior por un representante de UGT y había sido confirmada desde el ministerio, aunque desde Interior niegan que se hubiera cerrado ninguna cita. Los funcionarios solo abandonaron el encierro una vez que la subsecretaria aceptó celebrar el encuentro este jueves.

El incidente encona aún más el conflicto laboral en el que los funcionarios penitenciarios reclaman la equiparación salarial que se inició a finales de 2017, cuando aún gobernaba el PP. El enfrentamiento entre Prisiones y los trabajadores se agravó bruscamente a finales de septiembre, lo que provocó que hace unos días los sindicatos anunciasen la convocatoria de paros para los días 24 y 26 de octubre, y 6, 8, 13 y 15 de noviembre. El anuncio de huelga se produjo después de que los representantes de los representantes sindicales considerasen rotas las negociaciones que mantenían con Interior tras la decisión del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska de retirar de la mesa una propuesta económica para subir el sueldo al conjunto de la plantilla.

Según fuentes sindicales, las negociaciones iban por buen camino después de que el 25 de septiembre Interior pusiera sobre la mesa una propuesta -un "estudio técnico" según Instituciones Penitenciarias- que recogía una subida media de 365 euros para todos los funcionarios que se haría efectiva a lo largo del trienio 2019-2021. El ministerio cuantificó el coste total de la medida se en cerca de 123 millones de euros. Según denuncian los sindicatos, esta oferta fue retirada tres días después por el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, con el argumento que la partida económica necesaria para hacer frente a ella no había sido autorizada por Administraciones Públicas. La decisión provocó el anuncio de las seis jornadas de huelga.

Tras el encuentro frustrado de este miércoles y el posterior encierro, los sindicatos han endurecido aún más su postura al considerarse "ninguneados", en palabras de un portavoz del colectivo. De hecho, fuentes sindicales anuncian que acudirán al encuentro del jueves con la exigencia de que la mesa de negociación la encabece a partir de ahora el propio Grande-Marlaska al considerar que el máximo responsable de Prisiones ha quedado "desautorizado" con los últimos acontecimientos. Los sindicatos destacan que solo unos días después de que Interior retirase su oferta económica, el ministro se reunió con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil para anunciarles que el acuerdo que habían firmado con su antecesor en el cargo, el popular Juan Ignacio Zoido, para conseguir la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra se haría efectivo a partir de la nómina de octubre.