El juez rastrea un botín de Villarejo en Uruguay de hasta 15 millones

La red del comisario —pilotada por Villarejo y su lugarteniente, el abogado Rafael Redondo— se refirió en sus conversaciones telefónicas a movimientos “de entre 10 y 15 millones de euros” en el país sudamericano. Así se desprende —según las mismas fuentes— de los pinchazos grabados por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos meses antes del arresto de Villarejo, que permanece en prisión provisional desde el pasado noviembre.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, instructor del caso tándem, ya envió una comisión rogatoria —petición de auxilio judicial entre Estados— a Uruguay para determinar la fortuna oculta del comisario en este país.

Las autoridades judiciales de Montevideo piden al juez más información para responder a su solicitud de información

Las autoridades judiciales del Estado sudamericano acaban de condicionar la información bancaria y mercantil sobre Villarejo a que el juez español amplíe los detalles de su solicitud. Uruguay figuró hasta 2011 en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero a pesar de haber salido de la misma está considerado como un país “poco” colaborador. La respuesta de la rogatoria enviada a Montevideo se considera trascendental para sostener las acusaciones de la fiscalía anticorrupción contra el policía.

Los negocios de Villarejo en Uruguay, que incluyen el hotel Don Pepe en Punta del Este (actualmente Saint-Pierre) que gestiona uno de sus familiares, se remontan, como mínimo, a 1989. El comisario, durante su excedencia en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), constituyó entonces en este país la sociedad Financiera Omeran S. A. Una firma que permaneció activa hasta 2011, cuando el policía trasladó la mercantil a España coincidiendo con la salida de Uruguay de la lista negra de paraísos fiscales.

Los investigadores del caso tándem han encontrado en Panamá 600.000 euros que la red del comisario movió a través de una madeja societaria, según constata la información “muy completa y detallada” que las autoridades de ese país han remitido al juez De Egea.

Se busca la fortuna del policía en, al menos, siete países. En España no se le embargaron cantidades relevantes

Villarejo utilizó Uruguay y Panamá para cobrar a sus millonarios clientes sus “proyectos”, campañas de desprestigio como King, por la que el comisario percibió 5,3 millones de euros para desacreditar a Gabriel Mbega Lima, Gabry, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial. El rastro de la fortuna oculta del comisario se sigue, también, en Hong Kong, Suiza, Reino Unido, isla de Man y República Dominicana, pero hasta el momento esos países no han respondido a las peticiones de auxilio judicial del magistrado. Fuentes de la investigación afirman que al hombre que trabajó como “agente encubierto” para los Gobiernos de PSOE y PP no se le han encontrado cantidades relevantes en sus cuentas en España.

Una investigación de este periódico reveló en 2015, dos años y medio antes de ser detenido, que el policía tenía 12 sociedades con 16 millones de capital. Entonces, rehusó dar explicaciones y afirmó que estaba autorizado por Interior.

Discos duros en Bélgica y Suiza

Los investigadores barajan la hipótesis de que Villarejo oculte en Bélgica y Suiza dos de las tres copias de las grabaciones a magistrados, fiscales, empresarios y periodistas que registró durante 25 años con un microespía, según fuentes próximas a la causa.

Del descifrado de este material —más de 20 terabytes de información— se encargará el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), un organismo radicado en León que depende del Ministerio de Economía y Empresa. La institución dispone de un programa informático capaz de “averiguar millones de contraseñas” y procesar a gran velocidad un gran flujo de datos para reventar el potente algoritmo con el que Villarejo protegió sus dispositivos informáticos, según fuentes próximas a la investigación.

El juez Diego de Egea mantendrá en los próximos días una reunión con los responsables del Incibe. El magistrado ha decidido confiar el material a este organismo ante el enorme volumen de información que contienen los discos incautados y la dificultad para acceder a su lectura.

Desde que la policía incautó las grabaciones del comisario José Villarejo, la Unidad de Asuntos Internos discrimina la información. Los agentes criban los audios con indicios de delito de la información sensible que afecta a la Seguridad del Estado. “Lo que apunta a un delito, se incluye en las piezas abiertas o en otras nuevas. El resto, se separa, se destruirá en el futuro por orden judicial o se someterá a la Ley de Secretos Oficiales”, afirma una fuente de la investigación.