Medio siglo sirviendo café, comida y copas sin licencia en un lugar protegido
El gerente del establecimiento, ubicado en el Parque Natural de Sierra Gelada (Benidorm), pagó una cantidad anual hasta que dejó de hacerlo "porque así se le dijo", según fuentes del Ayuntamiento
“La administración es capaz de derribar dos rascacielos en primera línea de playa por invadir apenas unos metros del dominio público marítimo-terrestre, con los millones que va a costar, y sin embargo parece que no puede hacer nada con un restaurante sin licencia en un islote dentro del Parque Natural de la Serra Gelada que funciona así desde hace 50 años”.
Esa reflexión la compartían varias fuentes del Ayuntamiento de Benidorm, de distinto signo político, con las que EL PAÍS ha abordado este asunto. Se referían a dos torres de 22 pisos, Gemelos 28, cuya próxima demolición costará unos 100 millones de euros que saldrán de las arcas de la Generalitat, lo que contrasta con el poco interés que se ha mostrado por el funcionamiento, desde 1968 y sin ninguna licencia, del citado restaurante de la isla. Un negocio que regenta desde ese año la familia Cervera, que también gestiona el transporte en barcos desde el puerto de Benidorm hasta el lugar.
El pasado mes de agosto José Cervera, gerente del restaurante, acudió al Ayuntamiento a solicitar la licencia de apertura para su establecimiento, lo cual significaba que el propietario del local admitía tácitamente que no la posee, a pesar de que su familia siempre ha sostenido que en su momento pagaron por una autorización municipal. Dicho permiso nunca ha aparecido.
En el Ayuntamiento reconocen que el empresario estuvo pagando una cantidad anual hasta que dejó de hacerlo “porque así se le dijo”
Lourdes Caselles, concejal de Contratación en Benidorm, ha evitado conceder la licencia hasta que el restaurante “no obtenga la autorización de la administración pública competente en materia de costas”, que es el Servicio Provincial de Costas.
En el decreto por el cual se suspende el procedimiento de concesión del permiso se argumenta que “la instalación que se quiere legalizar se encuentra en la zona de dominio público marítimo-terrestre” y, por tanto, “está sujeta a la obtención previa” del visto bueno de Costas, algo que tampoco ha sucedido de momento.
En el departamento de Playas, el concejal Lorenzo Martínez también aclaraba que “Costas ya nos advirtió de que no teníamos ninguna competencia en el islote”. Fue con motivo de un documento firmado en 2016 por la concejal de Contratación en el que esta pedía sancionar a la empresa explotadora del local incluso con una posible clausura.
Martínez, además, insistía en que según la actual legislación de Costas “ese tipo de edificación no corresponde” a los usos compatibles en dicho enclave del parque natural.
Así las cosas, lo que parecería más probable es que el establecimiento tuviera las horas contadas. Sobre todo si se tiene en cuenta que no hace ni un año que el Ministerio de Medio Ambiente dictó una resolución en la que dictaminaba que la empresa que explota el restaurante no tenía derecho a hacerlo. También está abierta una denuncia ante la fiscalía interpuesta por una empresa de actividades acuáticas por presuntos delitos contra el medioambiente, la ordenación del territorio, fraude fiscal, prevaricación y corrupción. Pero no está tan claro que el local esté próximo a cerrar.
Aparte del escaso interés por parte de las Administraciones durante todo este tiempo, Costas también debe finalizar el procedimiento que le permitiría hacerse con la propiedad del islote y después determinar qué hacer con el establecimiento. Según apuntan fuentes del Consistorio benidormense habría dos posibilidades. Por un lado, una vez la isla pase a manos públicas, el local podría ser incluido en el Plan de Explotación de Actividades Lúdicas y adjudicado al Ayuntamiento. Ante esa opción, técnicos municipales y de Costas ya han visitado la isla para valorar la situación de la edificación y analizar la viabilidad de ese hipotético proyecto. En caso de fructificar, el Ayuntamiento debería pagar un canon fijo a Costas, además de adecuar el recinto a los requisitos que se estableciesen. El gobierno de Benidorm apunta que “tendríamos que saber primero qué hace falta para estudiar si es rentable o no la gestión de ese servicio”.
Conviene recordar que el gobierno de Benidorm ya elevó al pleno a finales del año pasado una propuesta para pedir a Costas la concesión del restaurante para que luego este pudiera ser explotado por una empresa privada, de forma que el establecimiento fuera legal. La otra posibilidad sería el derribo de la actual edificación.
La historia del restaurante del islote de Benidorm arranca en los años sesenta del siglo pasado. El Ayuntamiento autorizó entonces a José Cervera a construir el establecimiento. Desde entonces ha estado en funcionamiento pese a carecer de licencia y a que ni siquiera el propio consistorio es titular de la isla.
En el Ayuntamiento reconocen que el empresario estuvo pagando una cantidad anual hasta que dejó de hacerlo “porque así se le dijo”. Nadie sabe a ciencia cierta el concepto por el cual se le cobraba dicho canon porque al parecer no consta, como tampoco nadie ha logrado aclarar durante qué gobierno se le transmitió a Cervera que no era necesario que siguiera abonando el canon.
