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El conflicto catalán amenaza el plan de reformas del Gobierno

El Ejecutivo llevará al Parlamento un importante paquete de propuestas progresistas que arrancan con la votación de seis decretos

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en un acto de los socialistas gallegos en Santiago / En vídeo, el conflicto catalán en el punto de mira del Gobierno

Las próximas semanas definen el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado sólo en 84 diputados. El Ejecutivo ha decidido jugársela en el Parlamento con un importante paquete de reformas, aun a riesgo de perder votaciones, con la intención de aprovechar el giro político para tomar medidas progresistas y poder acudir a las futuras elecciones como un Gobierno de cambio. Esta semana está previsto votar seis decretos. Después vendrán en cascada más leyes, hasta llegar a los Presupuestos. Pero el otoño caliente en Cataluña amenaza con complicar todas las votaciones.

La tregua veraniega se acabó. El Parlamento vuelve a su actividad normal. Ahora se empiezan a tramitar decisiones de alto nivel que marcarán la capacidad del Ejecutivo para dar un giro político real. La idea es desarmar parte de la herencia legislativa del PP en cuestiones muy polémicas como la ley mordaza y sobre todo avanzar en reformas que suponen el eje del programa del PSOE, esto es, la recuperación de derechos en sanidad, educación o legislación laboral, o ampliar otros nuevos, como la eutanasia. También se pretende dar un giro a la política económica del PP con una reforma fiscal importante.

UPN salvó a Sánchez de comparecer

En la nueva etapa de la política española, cada votación es una aventura. El lunes, en la diputación permanente del Congreso, el Gobierno estuvo a punto de perder una que habría causado impacto. El PP, con apoyo de Ciudadanos, casi logra que Pedro Sánchez se viera obligado a comparecer para hablar de una polémica en Valencia alrededor del caso Imelsa, en el que está implicado el presidente de la diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez.

Todo estaba pactado y salían los números, pero en el último momento Gabriel Rufián, de ERC, y Maite Beitialarrangoitia, de Bildu, decidieron marcharse y no votar. Al final, el PSOE, que vio que iba a perder, tuvo que recurrir a UPN, que ya le ha ayudado otras veces. La votación se ganó 32 a 31, tras un empate y una repetición.

En teoría, los socialistas cuentan con votos alrededor del bloque que se formó en junio para la moción de censura, al que se pueden sumar otros como los de UPN o Coalición Canaria, que no votaron la investidura de Sánchez pero que sí están abiertos a negociaciones y han ayudado al PSOE ya en varias ocasiones.

Pero, en la práctica, las cosas suelen complicarse. El fracaso en julio de los primeros intentos de renovación de RTVE, o la soledad en la que se quedó el Grupo Socialista en el techo de gasto, muestran que nada será sencillo. El aumento de la tensión en Cataluña y la victoria de Carles Puigdemont en la batalla interna del congreso de PDeCAT del pasado julio también auguran dificultades, porque los votos de los grupos independentistas son decisivos.

Tanto en el PDeCAT como en ERC creen que el Gobierno no está calculando bien el impacto emocional que va a tener el juicio a los líderes independentistas procesados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. “¿Alguien se imagina que vamos a poder aprobar los Presupuestos en el Congreso mientras el Supremo condena a años de cárcel a algunos líderes del independentismo?”, señala un dirigente secesionista.

El mundo separatista vive entre dos frentes: los que quieren aprovechar el cambio en La Moncloa para buscar un acercamiento y desarmar algunas de las leyes del PP, y los que apuestan por el bloqueo total.

En el Gobierno y el PSOE admiten que no va a ser nada fácil, pero están decididos a intentarlo y confían en que algunas cosas, por ejemplo los decretos de esta semana que suponen en todos los casos una mejora de derechos, no tendrán problemas porque es muy difícil oponerse.

Uno clave es la recuperación del acceso universal a la sanidad, que incluirá a los inmigrantes irregulares que fueron excluidos en 2012 y afectará a unas 280.000 personas. La posibilidad de abrir la tramitación de este decreto como proyecto de ley está encima de la mesa para poder cambiar otras cuestiones de fondo como el copago farmacéutico, ahora en negociación con Unidos Podemos.

El jueves también se vota el decreto de la exhumación de los restos de Franco, que al final no tendrá ningún problema porque PP y Ciudadanos se abstendrán. Además hay otros con contenido como la reforma de la ley de violencia de género y la creación de 323 plazas nuevas para reforzar, en plena oleada de llegada de pateras, las oficinas de asilo.

El Gobierno ya ha empezado a dar síntomas de discrepancias internas o errores importantes en cuestiones como la defensa en Bélgica del juez Pablo Llarena, la creación de un sindicato de prostitutas o la decisión de qué hacer con el Valle de los Caídos. Y ha empezado a tener desgaste por la política migratoria. Ahora en el Parlamento intentará mantener la iniciativa con aprobaciones de reformas clave hasta llegar a los Presupuestos en noviembre, el gran objetivo casi imposible del Gobierno. La semana que viene irá la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para impedir el bloqueo del PP en el Senado. Los populares ya han dejado claro que no pondrán las cosas fáciles desde la Mesa, que controlan con Ciudadanos, otro problema añadido al de la crisis catalana.

Por el contrario, el cambio radical de la polémica ley mordaza ya está muy avanzado, la ponencia está a punto de concluir a la espera de las aportaciones del Ministerio del Interior. El giro en este asunto será total, aunque aún faltan los detalles.

Otra cuestión de fondo es la legislación laboral. El PSOE no tiene votos para derogar la reforma laboral, pero sí hay bastante acuerdo en mejorar la legislación en cuestiones que están perjudicando mucho a los trabajadores como la subcontratación. Su aprobación es inminente siempre que no haya bloqueo político.

Seis decretos ley la próxima semana

  • Sanidad para inmigrantes: decreto ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Devuelve el derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
  • Ayuda a mujeres víctimas de violencia machista: decreto ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Permite que los servicios sociales otorguen a una mujer la condición de víctima sin necesidad de decisión judicial.
  • Exhumación de los restos de Francisco Franco: decreto ley por el que se modifica la Ley 52/2007, la conocida como Ley de Memoria Histórica. Establece que en el Valle de los Caídos solo podrán estar enterradas “personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil Española”. Es la forma de dar cobertura legal a la exhumación de los restos de Franco. El decreto establece el modo en que se llevará a cabo.
  • Ayudas a parados: decreto ley para modificar otro anterior de 2014, del Gobierno de Rajoy, que regula el Programa de Activación para el Empleo. El propósito de esta disposición es evitar que 41. 190 parados de larga duración pierdan el subsidio de 430 euros durante seis meses. La anterior modificación legal les dejaba fuera del programa por haber tenido algún trabajo temporal o haber sido beneficiarios antes del mismo programa.
  • Adaptación del Derecho español a la normativa de la UE sobre protección de datos. Por decreto ley de medidas urgentes se aplicará una normativa que reforma la ley española para recoger las nuevas normas europeas sobre inspecciones y sanciones a aquellos que usen indebidamente datos privados.
  • Oferta de empleo público extraordinaria para el refuerzo de medios en la atención a refugiados.También por decreto ley se sacan a concurso 323 plazas en los servicios encargados de gestionar las solicitudes de asilo para hacer frente al aumento de inmigrantes.
  • Otras reformas pendientes con tramitación avanzada en el Congreso. En esa situación están la iniciativa que deroga los artículos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza; la que enmienda la reforma laboral del PP para restablecer la primacía de los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresa; y la que regula el ejercicio de la eutanasia.